Foto: Erika Herrera

Las 450 familias de la colonia Buenos Aires, ubicada en Ciudad Valles, San Luis Potosí, viven en casas hechas con troncos, láminas de cartón y plástico, sobre terrenos que hace más de 30 años compraron, y que ahora quieren arrebatarles por otros supuestos dueños que intentan intimidarlos con asesinatos, agresiones físicas, amenazas de muerte, robos y secuestros, sin que las autoridades hagan nada para evitarlo.

Los habitantes de la Buenos Aires potosina tienen contratos de compraventa y otros documentos con los que han demostrado que son los dueños legítimos de sus hogares; pero los funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y Federal solapan a los presuntos propietarios ignorando sus quejas y omitiendo sus demandas de servicios básicos como las redes de agua potable, drenaje, electricidad y la pavimentación de sus calles.

Todo el dinero que previamente habían ahorrado fue invertido en la compra de los terrenos y en la construcción de sus primeras viviendas, que levantaron con materiales duraderos; pero la mayoría de éstas han sido derribadas o quemadas en varias ocasiones –con sus muebles y enseres domésticos– por un grupo de ejidatarios que se autonombran dueños de esos terrenos y que les provocan miedo e incertidumbre.

Los colonos adquirieron, en 1985, los lotes de un predio de 192 hectáreas que perteneció a varios propietarios urbanos –Mario Sevilla Mascareñas, René Mar Ahumada y María Dolores Zuvieta de la Vega– quienes los pusieron a la venta mediante instrumentos jurídicos de dominio otorgados a Irma Cardoza Rodríguez, Juan de Dios Matías Concepción y Juan de Dios Matías Félix, para que realizaran su venta debidamente notariada.

Sin embargo, el seis de enero de 1989, cuando los nuevos propietarios empezaban a edificar sus viviendas, el entonces gobernador de San Luis Potosí, Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991), expidió un decreto que amplió el ejido Plan de Ayala, cuya extensión se empalmó con esos terrenos que, beneficiando en un inicio a 23 ejidatarios. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Fue a partir de ese año cuando los habitantes de la colonia Buenos Aires comenzaron a padecer agresiones físicas, robos, secuestros, incendios de casas, amenazas frecuentes y asesinatos provenientes de los ejidatarios de Plan de Ayala, pese a que cada uno de los colonos cuenta con los documentos oficiales que prueban su propiedad legítima sobre el predio.

La prolongación de este conflicto social deriva de la incapacidad política que los funcionarios de las diferentes instancias de los Gobiernos Federal, estatal y municipal han mostrado para buscarle una solución legal justa; para evitar los ilícitos que cometen los ejidatarios y para dotarlos de los servicios urbanos más elementales y urgentes a la colonia Buenos Aires.

El calvario de los colonos en la Buenos Aires

“El fuego comenzó hace más de 30 minutos. Ya se quemaron varias viviendas, otras fueron derrumbadas, pues están construidas con cartón, trozos de madera, láminas, cobijas. Somos gente pobre y por ello nos creen ignorantes y desamparados; pero seguiremos luchando para proteger nuestro patrimonio. Exigimos solución y hacer valer nuestros derechos de posesión”, comentó a buzos la señora Lourdes Rodríguez Oyarvide, habitante de la colonia Buenos Aires.

La señora Agapita Gómez Vázquez, una de las primeras en adquirir su lote en la colonia Buenos Aires, recuerda que el predio era un baldío que los vecinos de otras comunidades urbanas del norte de Ciudad Valles usaban como basurero; solo hasta que sus propietarios lo pusieron a la venta y la gente pobre empezó a construir sus viviendas, llamó la atención de los ejidatarios de Plan de Ayala.

La vecina comentó que, en los primeros años del fraccionamiento, la mayoría de los colonos, cada uno según sus medios económicos, pudieron avanzar en la construcción de sus viviendas con materiales más o menos firmes; pero cuando comenzaron las agresiones físicas de los ejidatarios, buena parte de esas construcciones fueron destruidas.

“Gran parte de las casas están hechas de troncos, de cartón, lámina y de lo poco que las familias pueden conseguir. No tenemos dinero siquiera para construir un techo. Además de los actos de violencia que hemos sufrido, tenemos encima las inclemencias del tiempo, el intenso calor de más de 45 grados, las lluvias, el insoportable frío, la falta de servicios básicos, la inseguridad y, en muchas ocasiones, el robo de lo poco que tenemos. En fin, hemos pasado de todo”, denunció doña Agapita.

Entre las múltiples agresiones que han perpetrado los ejidatarios contra los vecinos de la Buenos Aires pueden citar decenas de navajazos y palizas; incendios y derribo de viviendas; secuestros y falsas acusaciones por la supuesta comisión de delitos que han derivado en el encarcelamiento de varios colonos, pese a que son inocentes.

“Fueron tantos los ataques en nuestra contra, que en una ocasión tuvieron que enviar a cientos de policías a que nos resguardaran. Recuerdo que llegaron en varios autobuses y que la situación era tan complicada que se dispersaron en todo el terreno para evitar que nos secuestraran o nos cazaran. Era una cacería diaria; los ejidatarios nos cercaron para no dejarnos salir. Nos tuvieron sin alimentos y sin agua”, abundó.

A la pregunta ¿por qué no se salen de ahí? La respuesta es simple: porque ninguno de los habitantes de la colonia tiene otro lugar dónde vivir. Víctor García Hernández lo describe con detalle:

“Vine a vivir con mi esposa y mis hijos a la colonia Buenos Aires porque no teníamos un lugar donde vivir, como todos. Compramos un terreno confiando en que tendríamos un lugar sereno para salir adelante. En 2008, después de dos años de habitar en la colonia y de que me habían robado mis pocas pertenencias y tirado mi casa en un intento de desalojo, me fracturaron el brazo de un palazo, me golpearon en la cabeza e hicieron un desastre en lo que quedaba de mi vivienda. Puse una demanda penal pero nunca me hicieron justicia”, denunció.

En el folleto informativo número 25 titulado Los desalojos forzosos y los derechos humanos, se afirma: “La constante amenaza o el hecho de ser desalojado por la fuerza de su casa o de su tierra es sin duda una de las mayores injusticias que pueden cometerse contra una persona, una familia, un hogar o una comunidad.

“La inseguridad permanente de quienes temen ser víctimas de esta práctica, así como el frecuente recurso a actos de violencia para llevarla a cabo, ya revelan el trauma particular y colectivo que se produce siempre ante la posibilidad de un desalojo forzoso”.

También advierte que los desalojos forzados de asentamientos sociales violentan los derechos humanos en gran parte del orbe y constituyen una grave crisis mundial de vivienda, que se agrega al rápido y desordenado crecimiento de las ciudades, la concentración del ingreso, las medidas de ajuste estructural, la discriminación progresiva contra personas sin recursos y la pasividad de los poderes públicos por no garantizar los derechos de los grupos desfavorecidos.

Un desalojo forzoso, de acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

En México, los habitantes de asentamientos humanos irregulares que son víctimas de desalojos, sufren la violación a sus derechos humanos protegidos por la Constitución y la transgresión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchas otras.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el rezago habitacional en México asciende a nueve millones de casas, cifra equivalente al 31 por ciento de las viviendas particulares habitadas por 35.7 millones de personas. Indicó también que la tercera parte de la población del país carece de acceso a vivienda digna, de dos millones 250 mil viven en hacinamiento, y las viviendas armadas con materiales de desecho son un millón 100 mil.

El crecimiento poblacional demanda un mayor número de viviendas, pero el Estado mexicano aún no cuenta con políticas que satisfagan esta exigencia, que paulatinamente ha rebasado las expectativas de los mexicanos que aspiran a tener un hogar propio y que se ven obligados a habitar en predios irregulares, donde enfrentan constantes amenazas de desalojo violento.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destaca que el nivel de ingresos de la población mexicana es un obstáculo severo para que las familias adquieran una vivienda y que la compra de vivienda nueva solo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos. Precisó también que los “hogares pertenecientes a los primeros seis deciles de ingreso están prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda al percibir un ingreso menor a cinco salarios mínimos” y no pueden acceder al financiamiento público o privado.

La Ley de Vivienda se promulgó en junio de 2006 y establece que ésta representa un derecho de los mexicanos que debe ser tutelado por acciones de los sectores público, privado y social, ya que impacta sobre uno de los rubros más importantes para el desarrollo económico del país.

En el texto Sector Inmobiliario en México, publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en septiembre de 2012, después de la creación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se destaca que la función de este organismo consiste en “formular, ejecutar, conducir, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y al programa nacional en la materia”, y que la situación de vivienda en México se encuentra rezagada por la falta de políticas públicas que garanticen una vivienda digna a los ciudadanos.

Apoyo a la colonia Buenos Aires

El problema social y político que enfrentan obligó a los colonos a solicitar el apoyo del Movimiento Antorchista; por ello, “desde el año 2015 nos encontramos en constante disputa defendiendo los derechos de las familias de la colonia Buenos Aires, quienes han sido víctimas de múltiples atropellos por parte de un grupo de ejidatarios y de las mismas autoridades. Han sido más de tres décadas padeciendo por este conflicto social, sin tener una solución certera, a pesar de que las personas cuentan con su respectivo contrato de compraventa o títulos de propiedad y tienen copias de sus pagarés”, señaló Jorge Sotero Hernández, dirigente antorchista en Ciudad Valles.

María del Carmen de la Rosa, habitante de la Buenos Aires, informó: “Hemos realizado un sinfín de reuniones, movilizaciones y plantones para que se resuelva este asunto y solo recibimos promesas que no se cumplen, compromisos fallidos por parte de los gobiernos municipal, estatal y Federal. Recientemente estuvimos en plantón en las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, fueron 19 días de lucha, pasamos las fiestas decembrinas, Año Nuevo y Día de Reyes solicitando la atención de los representantes del gobierno estatal, que encabeza Juan Manuel Carreras López. El gobernador hizo el compromiso de que en su sexenio se solucionaría nuestra lamentable situación. Ya casi termina su mandato y no se ha resuelto nada. No nos quedamos con los brazos cruzados y hemos buscado soluciones para los colonos. Por ello, en febrero de 2020 conseguimos un predio alterno para que las familias fueran reubicadas, el dueño está dispuesto a vender y el gobierno estatal se comprometió a adquirir estos terrenos, pero hasta ahora no ha cumplido con su palabra”.

La señora Luna Márquez Valdez, otra vecina, explicó que además de lidiar con esta situación, requieren servicios básicos. “No hay drenaje ni agua potable, tenemos que comprar el recurso, no contamos con energía eléctrica, en pleno Siglo XXI nos alumbramos con veladoras; las calles están hechas un lodazal y no se puede transitar por ellas. Lamentablemente, no tenemos otro lugar a donde ir; lo poco que teníamos lo invertimos en comprar nuestro terreno y levantar un cuartito. Ya no podemos seguir con el temor de que en cualquier momento pueden llegar a quemar nuestras escasas pertenencias, tirar las casas, golpear a la gente. Ya no estamos dispuestos a vivir de esa manera”.

Por su parte Sotero Hernández sostuvo que Antorcha no los dejará desamparados. “Se han violentado un sinnúmero de veces sus derechos humanos, ¿y las autoridades? No han hecho nada por proteger las garantías individuales de los colonos, los actos vandálicos y criminales de los que han sido víctimas han quedado impunes; el hostigamiento y amedrentamiento no se toman en cuenta al momento de hacer justicia; la gente cuenta con los documentos correspondientes y la manera de comprobar que es propietaria de tal predio, no descansaremos hasta que tengamos una solución real”.