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Foto principal: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Al cierre del tercer trimestre de 2023, el Gobierno Federal ha realizado 107,205 contratos por un monto total de 477 mil millones de pesos, de los cuales 7 de cada 10 se realizan por adjudicación directa; es decir, sin licitación, informó la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La organización no gubernamental de México publicó un análisis relacionado con las compras públicas del Gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual reporta: “serios problemas de transparencia, violaciones a la ley y un muy bajo o nulo uso de licitaciones en sectores y proyectos clave”.
Con base en los datos de la plataforma digital CompraNet, la organización señaló que de los más de 107 mil contratos de la Administración Pública Federal (APF), cerca de 80 mil fueron por adjudicación directa; es decir, por cada 100 convenios, 74 fueron por adjudicaciones directas, 15 licitaciones públicas, 4 por invitación restringida y 6 de otro tipo en 306 instituciones federales.
En su análisis, publicado en Nuestro Dinero, la organización destacó que, de las 306 instituciones de la APF, 72 otorgan más del 90 por ciento de sus contratos sin licitar, entre ellas la Secretaría de Marina con 0 por ciento de licitaciones, a pesar de que el 60% de sus contratos son de obra pública y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) con 0.3 por ciento, cabe destacar que más del 70 por ciento de su gasto está enfocado al Corredor del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, de este último contrato tiene pendiente aclarar más de mil 500 millones por las obras.
MCCI también da cuenta de las fallas de transparencia que dificultan el acceso a la información: “al menos 129 mil millones de pesos correspondientes a mil 482 contratos se han clasificado de manera equivocada… Pudimos identificar que 66 mil millones de pesos correspondían a contratos entregados por adjudicación directa y 63 mil millones por licitación pública”.
Los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Nacional de Cancerología (INCAN), así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIM) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), son las cinco instituciones con mayores contratos mal clasificados.
Finalmente, a través del análisis, la asociación civil también documentó las fallas de la plataforma CompraNet “que sigue dificultando el acceso a la información y la rendición de cuentas”.
Resulta difícil decirle la verdad -al presidente López Obrador-, después de que se ha comprometido tanto con el error. Pero en algún momento tendremos que decírselo, fue la respuesta.
“Se estima que para final de año la deuda pública represente 54% del PIB, por lo que pasarían más de 10 años para que la deuda regrese a un nivel de 44% del PIB.
¿En esta coyuntura, qué le conviene más o le perjudica menos al pueblo y a su obligada y urgente lucha por un mejor reparto de la riqueza?
“No se revisarán las concesiones porque yo siento que esta crisis es transitoria, se tienen que buscar opciones y es un periodo de sequía".
Sólo 992 mil hombres se dedican a las labores del hogar: IMCO.
Materias relevantes para el país como la ciencia, tecnología e innovación, no son prioridades para el gobierno de AMLO, y cuyo gasto en 2022 “llegará a su punto más bajo en toda la década”.
Por eso creo que es deber de todos los que podemos hacerlo, alertar desde ahora al país sobre los peligros que se ciernen sobre nuestra democracia y sobre la paz y la estabilidad de toda la sociedad.
Hoy entró en vigor la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que aclara que el monto máximo de las pensiones debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo.
“No queda claro cuales las diferencias reales entre lo que se implementó y lo que se pretende hacer ahora”, dijo Francisco Rivas.
Para el próximo año, el gobierno federal prevé menos recursos destinados a las administraciones estatales y municipales.
Los resultados del nuevo invento de AMLO, según asociaciones civiles especializadas, han sido pésimos e infames.
Las familias mexicanas dejarían de recibir al rededor de 45 mil millones de pesos si se aprueba el impuesto.
Resaltaron que existen evidencias científicas para recomendar el uso universal de cubreboca.
Aguilar Camín señaló “lo entendemos como una declaración de hostilidad de parte del gobierno hacia esta publicación".
El levantamiento de la declaratoria se da en el marco de la aprobación del PEF 2024, en el que no se destinan recursos para reconstruir Acapulco.
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Escrito por Redacción