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A fin de corregir el error sobre el periodo de gestión y la forma de elección de la persona que presidirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la bancada de Morena en el Senado presentó la primera corrección a la reforma del Poder Judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre de este año.
La senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, hizo pública la propuesta para modificar el Artículo 97 de la Constitución, que actualmente dice: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Corte, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
En la nueva redacción, quedará ajustado de la siguiente manera: “cada dos años, se renovará la presidencia de la Suprema Corte de Justica de la Nación, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación” y de esta forma esté de acuerdo con el Artículo 94 que está vigente.
Debido a las prisas por aprobar lo más rápido posible la reforma al Poder Judicial, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de este año contenía algunos errores. Los legisladores federales del bloque opositor, consideraron que el más grave es la incongruencia que quedó entre lo que establece el nuevo Artículo 94 y lo que se mantiene en el Artículo 97 sobre la presidencia de la Corte.
Por su parte, el diputado federal morenista Ricardo Monreal Ávila, adelantó que a partir de la próxima semana se trabajará en el Senado la elaboración de dos leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial.
Agregó que una de ellas corresponde a la Ley Orgánica de la propia justicia administrativa, que se deriva del nuevo andamiaje jurídico de la nueva institución, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que la otra es la Ley Orgánica del Poder judicial.
El también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que es importante actualizar y modificar alrededor de diez ordenamientos, entre ellos, la Ley de Amparo, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley Civil, el Código de Procedimientos Penales, Código de lo Civil y de lo Familiar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Monreal Ávila destacó que cuando menos son una decena de ordenamientos, dos nuevos y siete u ocho que deben actualizarse respecto de la reforma constitucional recientemente aprobada.
Si a Morena y a AMLO no les fue tan mal en los comicios intermedios, a pesar de sus malos resultados en casi todos los rubros se debe, en gran medida, a la compra de votos que la 4T realiza a través de sus programas sociales.
Tal reforma podemos decir que: o es un ejemplo de la tremenda ignorancia e incompetencia de los legisladores morenistas.
En la historia de los procesos electorales en México no faltan casos de injerencia del Estado, del Presidente de la República y del partido en el gobierno; intervenciones ilegales y atropellos a la legislación electoral.
Como resultado de lo que ocurre en Puebla, hoy bajo el gobierno de Miguel Barbosa, no es de extrañar que vaya en aumento el número de quienes lo rechazan.
El 31 de mayo, Mario Delgado, dirigente de Morena, denunció de traición a la patria a 223 diputados de oposición por haber votado en contra de la Reforma Eléctrica. Tal denuncia, jurídicamente hablando, difícilmente procedería.
Es falso que el gobierno de la 4T aplique un gran gasto público en los pobres; su política es neoliberal, como muestra la falta de seguridad, salud, educación y el aumento de la desigualdad.
Me cuento entre los interesados por saber cómo ven al país las personalidades que se piensan con capacidades para dirigir el destino de casi 130 millones de seres humanos y qué creen que deba hacerse para mejorar la situación de todos los mexicanos.
La autonomía de la máxima casa de estudios, la libertad de cátedra y de expresión están en riesgo, ya que AMLO y su partido intentan violar la ley, entrometerse, y convertirla en una de las “universidades del bienestar”.
México sabe que “tengo otros datos”, frase famosa por despreciar razones muy fundamentadas, se ha convertido en un chascarrillo nacional. No hay respeto a la demostración científica ni a la vida cotidiana, el último criterio de la verdad.
La 4T no tiene con qué fondear los carísimos e inútiles proyectos de infraestructura de AMLO ni los programas electoreros con las “tarjetas del bienestar”; para financiarlos está utilizando los ahorros y los activos de los mexicanos. Explico.
Los militantes de Morena en la CDMX utilizan la palabra unidad en todo momento para persuadir a los ciudadanos de que integran un partido sano, honesto, sin pugnas internas ni envidias personales... pero la realidad evidencia otra cosa.
Las campañas políticas previas a las elecciones del dos de junio transcurren en un ambiente de violencia pocas veces visto; actores de perturbación son el crimen organizado y algunas autoridades del Gobierno Federal.
El Sindicato de Trabajadores del PJF, junto con el Colegio de secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal convocaron a una manifestación en todos los centros del trabajo para este martes.
El gobierno mexicano hoy es investigado por corrupción y su misma Secretaría de la Función Pública ha acumulado cuatro mil 583 denuncias contra funcionarios de la SB y los superdelegados, quienes coordinan los “programas de bienestar”.
Mauricio Tabe criticó que los diputados locales de Morena y sus aliados hayan aprobado el uso de suelo sin considerar el impacto negativo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera