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El gobierno de Donald John Trump en Estados Unidos (EE. UU.) sigue imponiendo la agenda migratoria al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El magnate ha arrinconado al mandatario mexicano, quien no logra diseñar una política que equilibre el primordial interés nacional con el humanista auxilio que México debe brindar a los migrantes, debido a su deseo o necesidad de complacer al estadounidense. Hoy nuestro país es, de facto, un muro de contención y una sala de espera infinita para miles de extranjeros que aspiran a subsistir en el país vecino, lo que ha provocado una crisis demográfica inmanejable. Con su inflexible presión contra su socio y vecino del sur, el huésped de la Casa Blanca avanza a una reelección segura y México ha caído en su trampa.

La orden emitida por el gobierno de Donald John Trump establece: “Un extranjero que entre o intente entrar a EE. UU. por la frontera sur sin haber solicitado protección en un tercer país fuera de su país de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual, que hubiese transitado en camino a EE. UU. no es apto para asilo”.

Éste es un escenario kafkiano, pues hoy el flujo migratorio adopta un sentido inverso al histórico sur-norte, con el envío de 15 mil solicitantes de asilo desde EE. UU. a nuestro territorio. Ellos deberán esperar acá la respuesta de tribunales en aquel país y no hay visión estratégica del Gobierno Federal ante esa inesperada oleada humana. Por tanto, aumenta el riesgo de conflicto en ambas fronteras donde la ola migratoria sobrepasa la capacidad física y técnica de nuestro país.

Solo entre el ocho de junio –un día después del acuerdo entre México y EE. UU.– y el 24 de ese mes, la superpotencia nos envió a cuatro mil 42 centroamericanos, según el Instituto Nacional de Migración (INM). Las cifras son abrumadoras: en el primer semestre de este año, México recibió a 15 mil solicitantes de asilo; seis mil 611 de ellos fueron destinados a Ciudad Juárez, cinco mil 300 a Tijuana y tres mil 168 a Mexicali.

Es evidente que nada detendrá ese tsunami migratorio y que el capitalismo corporativo necesita de esa mano de obra. Sin embargo, ávido de reeditar su victoria electoral con un discurso racista y xenófobo Donald Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciar redadas en nueve ciudades a partir del 14 de julio.

Las ciudades elegidas fueron Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver. Desde el sábado 13, agentes del ICE hicieron razzias en Harlem y Sunset Park en Nueva York, pero fueron rechazados por los vecinos porque no tenían órdenes de arresto, reveló The Wall Street Journal.

Un día después, Trump afirmó que sus redadas habían sido “muy exitosas” y ante la falta de detalles, precisó que mucho de lo sucedido no fue “necesariamente público”. También eludió informar de las capturas el director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Ken Ciccinelli, quien argumentó que pondría “en peligro” a los agentes del ICE.

Entretanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard declaró que el gobierno no detectó un “incremento en la cifra de deportados” mexicanos y previó que así sería en días siguientes. El 21 de julio recibió al secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, un día antes de que se venciera el plazo de 45 días que Trump concedió a México para que redujera el flujo migratorio, a cambio de no imponerle aranceles a sus exportaciones. Tras su visita, el exjefe del espionaje estadounidense reconoció “el significativo avance” de su vecino.

En un intento por comprender la estrategia a mediano y largo plazo que se halla detrás de la aceptación mexicana a la imposición estadounidense, la especialista en asuntos migratorios Leticia Calderón Chelius estima que “se está apostando a que las dinámicas internas de EE. UU. –como el triunfo demócrata en las elecciones del pasado noviembre– acaben beneficiándolo, más que a una política de confrontación”.

Trampa y dilema jurídico

Una muy mala combinación de falta de coordinación, contradicciones, ineptitudes y soberbia ha provocado este desorden y que se ponga en peligro a miles de migrantes que ante la actual situación arriesgarán sus vidas o se entregarán al crimen organizado para lograr su arribo a EE. UU., escribió hace una semana en el diario Los Angeles Times Jorge Santibáñez, el presidente de Mexa Institute.

El presidente mexicano, explica, “Confunde con su doble discurso; por un lado, afirma que al generar desarrollo en Centroamérica las personas dejarán de migrar y, por otro, les da la bienvenida y ofrece trabajo en el sureste para todos”. De confirmarse el primer supuesto, se cumpliría a muy largo plazo y, por tanto, no resolvería ese éxodo masivo en el corto o mediano plazos. El segundo, apuntó, no es real porque no existe un programa efectivo de empleo para ese sector en la frontera sur de México.

Esa situación ha convertido a México, de facto, en un TPS, aunque el Gobierno Federal sostenga que no lo es. Para evitar la escalada agresiva de Trump se ha adoptado una estrategia ambigua denominada Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que implica la absorción de gastos y efectos de la crisis migratoria con el lema “Quédate en México”.

Para los analistas estadounidenses el TPS es una maniobra de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para concretar el intento de Trump de reducir el flujo migratorio –procedente principalmente de Centroamérica– en su frontera con México.

Además de la sádica negativa de EE. UU. de reconocer el derecho de asilo, los migrantes sufren las penurias producto de la mala política del gobierno mexicano, que eliminó el Fondo de Atención a Migrantes (FAM) que los apoyaba para retornar a sus países. La supresión de ese presupuesto los dejó varados en las ciudades fronterizas del norte.

En el colmo de la contradicción, México ha advertido que no se convertirá en TPS y ha condenado las redadas. El canciller mexicano ha subrayado la inexistencia de un acuerdo “bilateral” –que deberían sancionar los Congresos de ambos países– para recibir a inmigrantes expulsados por EE. UU.

“Si el nuestro fuese ese TPS, ello supondría que desde territorio mexicano los migrantes solicitaran el asilo y esperasen la resolución”, dijo Ebrard. Para las organizaciones defensoras de migrantes es equivocada la visión del canciller, en virtud de que si México fuese TPS, al pisar suelo mexicano los migrantes deberían pedir asilo a nuestro país y así su integridad quedaría garantizada.

Además, el sistema mexicano encargado de gestionar los casos de asilo se halla saturado. En las ciudades fronterizas, los solicitantes deben realizar todos los trámites que exigen las autoridades de EE. UU. y esperar la respuesta de éstas, que previamente los han expulsado. Este proceso –con la mínima posibilidad de alcanzar la protección requerida– dura entre dos y tres años.

A la incógnita de qué ocurrirá con los migrantes que llegan a la frontera binacional, un canciller falto de estrategia respondió: “Es difícil decir qué decisiones se van a tomar, hay diferentes opciones. Ya veremos si eso pasa”. Para el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, los migrantes cuyo asilo es rechazado en EE. UU. no podrán retornar a México. En su opinión, si alguien llega a ese país sin haber pedido asilo “será removido de manera expedita a su país de origen”.

Adicionalmente, se registra el hecho sin precedente de cientos de personas imposibilitadas de regresar a sus países de origen debido a que el Gobierno Federal eliminó el FAM. Este fondo apoyaba a los repatriados en el retorno a sus lugares de origen y su cancelación ha ocasionado el asentamiento involuntario de migrantes desde octubre pasado. Ésa es la trampa en que México ha caído. 

No son bienvenidos

La contingencia migratoria, que comenzó en octubre de 2018, hoy es de un nivel sin precedentes en México. “Esa medida afectará la situación de migrantes en tránsito por ciudades fronterizas y de quienes son retornadas; quedarán varadas en esos lugares, pues México no está preparado para atenderlos”, afirmó la directora del organismo Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Rocío Meléndez, a la agencia española EFE.

Por ello, cientos de migrantes deportados de EE. UU. permanecen hacinados en refugios improvisados por tiempo indefinido. A su vez, los habitantes de esas ciudades oscilan entre la solidaridad, la xenofobia y el temor a la inseguridad. “Es previsible que se eleven los costos humanos y el riesgo de conflicto”, prevé el reciente informe de Crisis Group.

Aunque Tijuana, como Mapastepec, Matamoros y Huixtla son tradicionales ciudades de tránsito, la ola de miles de migrantes centroamericanos en caravana ha cambiado desde octubre el ánimo solidario de los pobladores. Hay hartazgo, resentimiento, enfrentamientos y cada vez más actos abocados a bloquear el paso de esos extranjeros en su territorio.

“Parece más preocupado por ellos que por su propio pueblo”, decía a The New York Times un habitante de Huixtla, Chiapas, quien es una de las personas que han intentado evitar el ingreso de más de dos mil centroamericanos a su pueblo. Los pobladores alegan que “agotan recursos del gobierno y la paciencia de los vecinos”, según la versión de Kirk Semple y Paulina Villegas en ese mismo diario.