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Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral en abril de 2022, se pensó que no había manera de que fuera aprobada pues Morena y aliados no tiene la mayoría calificada (2/3 partes) que se requiere para su aprobación en el Congreso de la Unión, al ser una reforma constitucional. Sin embargo, el apoyo de legisladores priistas a la reforma constitucional para extender la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, ha encendido las alarmas respecto de su eventual aprobación.
Los cambios que propone tal iniciativa presidencial son: sustituir al actual INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros electos por voto popular, propuestos por los poderes de la unión; quitar al INE la facultad de integrar el Padrón Electoral, donde aparecen los datos de los ciudadanos que solicitan su credencial para votar; federalizar las elecciones, al desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales y concentrar sus tareas en el INEC; desaparecer a los Tribunales Electorales Locales y concentrar la tarea de resolver las controversias electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados serían electos también por voto popular; modificar la integración de la Cámara de Diputados, que pasaría de 500 a 300 integrantes, y de la Cámara de Senadores donde se reducirá de 128 senadores a 96, todos electos a partir de listas de acuerdo con la votación estatal que cada partido obtenga. No desaparecen los plurinominales, por el contrario, ahora todos los serán; propone que los partidos reciban recursos públicos sólo en año de campañas electorales; eliminar restricciones para difundir propaganda de gobierno en procesos electorales; entre otras cosas. El presidente y sus partidarios señalan que es necesaria la reforma electoral, pues debe haber una verdadera democracia, y el INE es parcial y sale muy caro. Pero dichos argumentos son infundados y engañosos por lo que en seguida diremos.
No es cierto que se busque una verdadera democracia, pues los cambios que se quieren implementar, entre ellos la destrucción del INE como órgano autónomo que garantice la equidad e imparcialidad en las elecciones, acomodar las reglas para que Morena tenga las mayorías que necesita en el congreso para aprobar lo que quieran, inutilizar a los partidos de oposición al recortar el financiamiento ordinario, politizar la justicia electoral con magistrados a modo, etc.; no buscan hacer que las elecciones sean más libres, transparentes y equitativas, por el contrario, quieren un árbitro electoral a modo y reglas ventajosas para el partido en el poder. Nada dice la iniciativa presidencial de cómo evitar la compra y coacción del voto con los programas sociales y apoyos gubernamentales, el uso de dinero ilícito y la injerencia del crimen en las campañas y los resultados, combatir la comisión de delitos electorales; todos estos problemas urgentes de resolver.
El argumento del ahorro también es un engaño. Si de hacer uso eficiente de los recursos públicos se trata, debemos comparar los 24 mil 500 millones de pesos que está solicitando el INE para el 2023, con las cantidades millonarias invertidas en las obras de infraestructura presidenciales como el Tren Maya que, según el ejército, no se terminará este sexenio; la refinería que no refina; el Aeropuerto de Santa Lucía que sólo reporta pérdidas; los millones de pesos que se están pagando de indemnizaciones por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (por capricho presidencial); las pérdidas millonarias de PEMEX y CFE, etc. Si hacemos esta comparación, veremos que el presupuesto destinado al INE no es nada en relación con los derroches presidenciales, además de que es dinero bien invertido en un órgano electoral autónomo, que ha funcionado aceptablemente.
Esta reforma electoral no significa avance, sino retroceso, y el supuesto ahorro es mero pretexto para desmantelar al INE, pues es uno de los pocos contrapesos al poder presidencial que quedan. Se busca seguir centralizando el poder en manos de un solo hombre y ganar a toda costa las elecciones futuras para perpetuarse en el poder. Por ello, el tema de la reforme electoral y la amenaza al Instituto Nacional Electoral no se limita a un debate teórico entre especialistas y quienes defienden la reforma. Es, por el contrario, un asunto vital para el país. No podemos esperar a que sean los partidos políticos, tan desprestigiados hoy, quienes hagan algo por evitar la tragedia que significaría la aprobación de esta reforma electoral. Por el contrario, todos los mexicanos debemos organizarnos y tomar en nuestras manos la defensa de nuestro derecho a disentir y a votar por una opción política distinta a la que gobierna, como castigo a sus pésimos resultados, para lo cual necesitamos un árbitro autónomo e imparcial y reglas electorales equitativas que garanticen la transición pacífica del poder. Debemos hacerlo, de lo contrario, la dictadura que se ha estado construyendo con este gobierno, se consolidará para desgracia de todos.
Curioso parecido con el programa lopezobradorista del que cuelga, con alfileres, la proclamada demagogia de “primero los pobres”.
En su novela El otoño del patriarca, el escritor Gabriel García Márquez, cuenta la historia de un dictador eternizado en el poder que a medida que lo alcanza la edad aumenta su maltrato a los ciudadanos y se vuelve cada vez más sanguinario.
La izquierda mundial pasa por un momento crítico. En Europa, como en EE.UU., la izquierda hegemónica llevó a la radicalización delirante el juego de la política identitaria.
Por medio de carteles con sus rostros, difundidos en plazas públicas, redes sociales y medios de comunicación, los diputados de oposición, quienes rechazaron la Reforma Eléctrica, son expuestos ante la ciudadanía como “traidores a la patria”.
En el área de salud se realizaron tres obras de mejoramiento de las instalaciones de las clínicas y casas de salud.
Todo indica que la política fiscal de AMLO será la misma: enfocada a comprar conciencias y votos para que Morena gane las elecciones en 2024; y, como los gobiernos anteriores, ignore los problemas del país.
Afectados por Martín Rebolledo, presunto invasor de predios y acusado de robo, amenazas de muerte, acoso sexual y narcomenudeo, aprehendido hoy, exigen a Ernestina Godoy que no lo proteja.
Hablaré de una modificación legal que destruirá al país. Me refiero a la nueva Ley de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación con la cual desaparecieron al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt). Veamos.
En los hechos el Gobierno mexicano se suma a la política represiva, al uso de la fuerza armada para detener a los débiles e indefensos migrantes centroamericanos.
Andrés Atayde hizo un llamado “urgente” a las autoridades electorales a resolver “lo más pronto posible” la asignación definitiva de las diputaciones de Representación Proporcional.
Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la eliminación de la Reforma Judicial.
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Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que el coordinador de los diputados federales de MC, Jorge Álvarez Máynez, será el precandidato del partido a la presidencia de la República.
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Fue un disparate desaparecer el Fonden sin sustituirlo por algo mejor pensado o administrado, afirmó el líder social Aquiles Córdova Morán.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.