Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Con el reclamo de diputados locales de actuar con independencia, autonomía e impulsar acciones oportunas contra delitos, Daniel Osorio Roque y José Gerardo Huerta Alcalá asumieron los cargos de fiscales especializados en atención de delitos electorales y anticorrupción de la Ciudad de México, respectivamente.
El Congreso capitalino eligió por unanimidad, con 64 votos a favor, a ambos funcionarios, quienes ocuparán los cargos durante los próximos cuatro años.
El diputado Mario Enrique Sánchez Flores exigió al nuevo fiscal actuar con independencia del Poder Ejecutivo y evitar repetir irregularidades ocurridas durante la gestión de Ernestina Godoy, quien usó la Fiscalía de Delitos Electorales como un instrumento de control político y de hostigamiento contra opositores.
El Pleno también debatió el nombramiento de José Gerardo Huerta Alcalá como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La diputada Elizabeth Mateos presentó los argumentos en favor de su designación. Aseguró que esta institución debe actuar con autonomía, priorizar a las víctimas, aplicar métodos eficientes de investigación y aprovechar la inteligencia institucional para eliminar la impunidad.
Desde la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, el legislador Alejandro Carbajal rechazó cualquier intento de nombrar a un fiscal de adorno; señaló que la ciudad necesita un funcionario capaz de investigar con rigor y aplicar sanciones ejemplares contra actos de corrupción.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la continuidad del tratado constituye el asunto de mayor importancia para México, pues de ésta depende la viabilidad económica del país en el corto plazo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera