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Desde que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arribó al poder, en 2018, se advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cedería en su objetivo de imprimir en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su “sello propio”, el de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), hasta darle control absoluto y militarizar al país. Así, después de desaparecer la Policía Federal Preventiva (PFP) y crear la Guardia Nacional (GN), ha asignado al Ejército tareas que no son propias de su función. En noviembre de 2021, por ejemplo, se habló de que estaba formando una “empresa militar”, cuyo fin era administrar proyectos de infraestructura “claves” para su gobierno porque no confía en la administración de los civiles.
Fue entonces cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo del Tren Maya, los aeropuertos, el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluidos los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; en tanto que los parques industriales quedaron bajo la “supuesta” protección de la Secretaría de Marina (Semar). Su objetivo fue declarado por el propio AMLO: garantizar que estas obras no se privaticen, tengan buena administración y seguridad; aunque nunca ha aclarado en qué basa su confianza de que el Ejército y la Marina son incorruptibles.
Partiendo del supuesto de que la Federación tiene un Ejército profesionalmente bien capacitado, entrenado y habilitado con armamento de avanzado nivel tecnológico para cumplir las tareas de defender y preservar la integridad territorial, la soberanía e independencia de México, el Presidente se niega a ver que al considerar a las fuerzas armadas para funciones ajenas está propiciando el debilitamiento de su ordenanza principal y constitucional. Es decir, AMLO y Morena están minando las labores esenciales de nuestro Ejército al asignarle la operación de aduanas, el combate al huachicol, la distribución de vacunas e integración de brigadas anticovid-19.
A poco más de dos años de que termine su administración, AMLO toma una nueva decisión controvertida: que a como dé lugar y por vía legislativa fast track, la GN, que fue concebida como órgano de seguridad civil, se integre a la Sedena, aunque violente la Carta Magna, ya que en 2019 los partidos políticos avalaron que el Poder Ejecutivo usara las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años, es decir hasta el 27 de marzo de 2024. Hay especialistas que sostienen que detrás de esta propuesta existe un proyecto “macabro”: que AMLO consolide su control y mando sobre el Ejército y lo ponga al servicio de su poder político. Y como ya es su costumbre imponer su voluntad mediante decretos, anunció que las operaciones de la GN pasarán a la Sedena, y que el Poder Legislativo no será considerado en esta decisión. ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Intenta retener el poder político mediante el control militar absoluto?
Especialistas como Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran que la iniciativa de AMLO es muy peligrosa para la estabilidad política del país, además de violentar el Artículo 21° de la Constitución, que define el carácter civil de la GN. Reyes advierte que, en adelante, “no va a existir ningún organismo civil encargado de la seguridad ciudadana” y que las tareas de seguridad pública corresponderán a los militares, hecho inédito y peligroso para los mexicanos.
AMLO abusa de la figura del Decreto Presidencial al ver disminuida su influencia en el Poder Legislativo, pues para sacar adelante una reforma constitucional necesita dos terceras partes en ambas Cámaras. A los “decretazos” recurrió para burlar la Constitución cuando declaró “asuntos de seguridad nacional” el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Su objetivo es claro: aumentar las funciones del Ejército y militarizar México mediante la reducción de las facultades de los mandos civiles.
Los mexicanos siempre han respetado y admirado al Ejército, conocen su misión y saben que está preparado para cumplirla; sin embargo, ahora surgen algunas preguntas inquietantes: ¿qué pasará cuando vean que una parte del Ejército actúa como policía a través de los elementos de la GN y deja de lado su función esencial de garantizar la protección de nuestro territorio, nuestra independencia y soberanía? ¿Qué pensará la sociedad cuando se vea reprimida, golpeada o herida por la GN, integrada no por civiles, sino por militares? No hay duda de que la admiración, el respeto y la confianza del pueblo hacia su Ejército están en peligro y podrían desaparecer; y los únicos responsables de este cambio serán AMLO y su fallida 4T. Por el momento, querido lector, es todo.
El cinco de noviembre, los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente.
En solo 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha creado un ambiente de crispación y encono que día a día alimenta en sus conferencias matutinas; como en ningún otro sexenio, ha abierto diversos frentes de confrontación.
El Senado aprobó con 71 votos a favor y tres abstenciones eliminar el artículo 158 del Código Civil Federal, que establece que en caso de divorcio las mujeres no podrán casarse sino 300 días después de diluir su matrimonio anterior.
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Hoy estas personas, en su mayoría humildes, se enfrentan a dos graves pandemias: El Covid-19, que se encuentra en su etapa más álgida y los grupos delincuenciales.
“No le pago con mis impuestos a usted para que opine sobre los candidatos de la oposición, su papel no es ese, su papel es gobernarnos a todos", señaló el diputado Federico Döring.
“Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”
La SCJN debe declarar constitucional el decreto que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial constituidos con fondos públicos, en los que se acumulan unos 15 mil 434 mdp, indicó la Consejería Jurídica de Presidencia.
Sancionó a mil 550 servidores públicos por no presentar su declaración patrimonial a tiempo.
Las últimas cifras oficiales demuestran que más del 50% de la población carece de vivienda; rentan o viven en casas prestadas; y gran número de familias vive en la calle.
En efecto, el orden capitalista norteamericano lleva décadas aplicando políticas que socavan al orden social.
La configuración que ahora se propone en la reforma al poder judicial no es un esquema nuevo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).