Después de la fallida aplicación de la modalidad de clases en línea –que evidenció la falta de computadoras, conexión a Internet, telefonía celular, televisores, incluso energía eléctrica en muchos hogares mexicanos– la vuelta a las aulas el pasado siete de junio ha puesto en riesgo la salud de millones de alumnos y sus familias, así como la del personal docente.

Ante la posibilidad de que haya mayores contagios de Covid-19 con las clases presenciales, el pasado 24 de mayo, estudiantes de los 32 estados de la República Mexicana se manifestaron en contra de esta decisión; ya que hasta entonces, al menos el 70% de la población no había sido vacunada. Frente a esta demanda, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solamente ha delegado esa responsabilidad a los padres de familia mediante la firma de una carta compromiso con la que autorizan el retorno de sus hijos a las aulas.

Las organizaciones de padres de familia no se niegan al regreso a clases presenciales, ya que la educación a distancia ha excluido a miles de niños y adolescentes que carecen de herramientas necesarias para recibir clases en línea; pero han advertido a la SEP que, para ellos “ha sido inquietante tomar la decisión de llevar a nuestros hijos a la escuela o no; debemos tomar en cuenta su seguridad y también la importancia de que reciban educación en las aulas; por ello exigimos a las autoridades federales del sector salud que agilicen el proceso de vacunación. Este regreso a clases debe garantizar la salud de todos y no traer más contagios ni decesos”.

El Covid-19 surgió en China durante diciembre de 2019 y, a partir de entonces, ha provocado consecuencias mortales en el mundo sin precedentes para millones de personas, la economía, el desempleo masivo, el aumento de la pobreza y, en el caso de la educación en general, la suspensión de clases presenciales, afectando a mil 215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. La pandemia apareció en México en marzo de 2020.

La primera fase de propagación del virus en el país se inició el 28 de febrero de 2020; y la Secretaría de Salud alertó a la población sobre la pandemia a través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. En la segunda fase, por contagio comunitario, se efectuó una campaña de prevención contra del 20 de marzo al 20 de abril; ésta consistió en la aplicación de medidas preventivas, la suspensión de las actividades no esenciales, de las clases presenciales y de la recomendación de acciones básicas de higiene personal.

La tercera fase contra el contagio se inició el 21 de abril, y la SEP impulsó una campaña de difusión informativa sobre el Covid-19 a través de los medios de comunicación y las redes sociales con los hashtags #SanaDistancia y #QuédateEnCasa, acompañados de la frase “No son vacaciones” y #Covid19Mx, entre otros.

A partir de esta fecha, la SEP puso en marcha el programa de educación a distancia Aprende en Casa para niños y adolescentes de los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de televisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (canales Once TV, Ingenio TV, TV UNAM y la televisión por cable).

Con estas medidas del Gobierno Federal, la educación en el país se ha visto seriamente afectada debido a los ya citados problemas de infraestructura tecnológica, la falta de capacitación de los docentes en educación a distancia y de materiales didácticos específicamente diseñados para ésta; es decir, el sistema educativo mexicano no estaba ni está a la altura de las circunstancias generadas por la contingencia sanitaria.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías en los Hogares 2019 demostró que éstas no cubren siquiera el 50% del territorio nacional. En 2019, el 44.3% de los hogares contaba con computadora, el 56.4% tenía acceso a Internet y el 44.6% de los usuarios utilizaba la computadora como herramienta de apoyo escolar.

También reveló que el porcentaje de hogares con televisor fue del 92.9% y los que tenían acceso a la televisión de paga eran solo el 45.9%. El catálogo de actividades previstas por el programa Aprende en Casa alejó a uno de cada dos niños que no tienen acceso a Internet en su hogar, limitando sus actividades educativas a las actividades programadas por la televisión educativa.

En 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) había reportado que, en México, el 11.1% de la población carecía de espacios de calidad en las viviendas; y que el 19.8% carecía de servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica y gas doméstico; que las familias usaban aún leña o carbón y que sus cocinas no disponían de chimeneas. Esta situación estaba muy acentuada en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El programa Aprende en Casa ha sido blanco de múltiples críticas, precisamente por no haber previsto la enorme desigualdad social y marginación que existe en gran parte de la República.

La pandemia exhibió los grandes rezagos

El Covid-19 exhibió las profundas desigualdades económicas, sociales y educativas existentes entre las zonas urbanas y rurales; entre las grandes y pequeñas ciudades y los pueblos, rancherías y comunidades donde carecen prácticamente de todo lo esencial para vivir: empleos, ingresos regulares y aun alimentos.

En los hogares de estas comunidades resulta difícil que los padres de familia se involucren en los problemas de enseñanza de sus hijos y que dispongan de la tecnología indispensable para la educación a distancia –computadoras, Internet– y los programas, guías de radio, televisión y textos impresos para recibirla adecuadamente.

El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que uno de los efectos más evidentes de la pandemia en la educación fue el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre de los centros educativos.

Una vez declarado el confinamiento, se evidenció la falta de conocimientos pedagógicos emergentes para cubrir el tránsito del aula y los espacios de recreo y descanso a las casas, donde la sala, el comedor o la cocina debían operar como sustitutos de la escuela y donde madres y padres actuarían como profesores.

Para ello se suponía que, en los hogares, habría un televisor y una computadora con acceso a Internet, así como las capacidades humanas necesarias para asesorar a los alumnos en temas científicos, humanísticos y artísticos, además de alfabetización mediática y digital, entre otros aspectos. Fue así como surgieron estas interrogantes:

¿Cuál es la relación entre la brecha digital y las grandes asimetrías que se viven en México?

¿Cuáles son las condiciones reales de la sociedad en términos de acceso a la tecnología?

Con respecto a las tecnologías de acceso a la información, hay que destacar que de 173 mil centros de educación básica, 125 mil 552 (82.1%) no cuentan con servicio telefónico; 76 mil 383 (48%) carecen de computadoras o no funcionan y 123 mil 511 (80.%) no tienen acceso a Internet. La mayoría de las escuelas que carecen de artefactos electrónicos modernos están en las áreas rurales o urbanas marginadas. Es decir, la marginación educativa en México resulta absolutamente coincidente con la marginación socioeconómica.

¿Cómo contender con las desigualdades sociales y educativas? ¿Cómo aminorar las brechas en las poblaciones vulnerables?

El Gobierno Federal, a través de la SEP, tampoco consideró las condiciones sociales y laborales del profesorado ni de las familias de sus alumnos. En una encuesta aplicada por la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a docentes de la Ciudad de México (CDMX), el 58% respondió que cuenta con una formación digital básica; el 16% afirmó que solo tiene un teléfono inteligente para acceder a las plataformas digitales; y únicamente el 1.7% está en condiciones de manejar programas de diseño.

En la misma encuesta, los profesores reconocieron que solo el 56.4% de sus alumnos tienen una computadora conectada a Internet en su casa; y que el 75% de los padres o madres de familia deben salir a trabajar fuera del hogar. Por ello, el programa de educación digital pervive como un claro promotor de la desigualdad social.

El cierre de las escuelas, sobre todo de las de educación básica, ha afectado a toda la sociedad; pero de manera más acentuada a la población vulnerable que vive del trabajo informal, en pobreza y baja escolarización. Este sector tiene menos posibilidades de educarse fuera de las escuelas. De acuerdo con Coneval, en 2018, más de 52 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza, 36 millones padecían carencias sociales y 21 millones tenían rezago educativo.

¿Cuántos de los 25 millones 493 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2018-2019 (SEP, 2019), tenían acceso a la plataforma o a los programas televisivos en sus hogares? Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, el 73.1% de los habitantes del país era usuario de Internet en las zonas urbanas, mientras que en las rurales solo era el 40.6%. El 92.9% contaba con televisión, el 56.4% tenía acceso a Internet; y únicamente el 44.9% disponía de una computadora.

A esta situación nacional, sin embargo, se debe agregar que el país es muy heterogéneo y que hay grandes brechas socioeconómicas que separan a la región norte del sureste, donde decenas de miles de familias de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz carecen de Internet; en contraste a la conexión del 60% a este sistema que tienen los habitantes de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León (Inegi, 2019).

A este grave déficit tecnológico en el alumnado mayoritario de México, se suma el hecho de que la mayor parte de los docentes no tiene acceso a Internet en sus casas y que por esta razón no puede trabajar como lo ha establecido la SEP, falla que se tendrá que remediar, además de evitar las injusticias de carácter laboral y salarial existentes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que monitorea el impacto del Covid-19 en la educación, estimó que, en abril de 2020, el cierre de las escuelas había afectado a más del 91 por ciento de la población estudiantil en el mundo, e hizo una serie de recomendaciones destinadas a todos los niveles educativos. En esta misma dirección actuó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) para atender a los trabajos académicos durante la contingencia sanitaria con base en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Sin embargo, en México, los desafíos son de diversas índoles y van desde la carencia de la disponibilidad de las TIC y la falta de formación digital de maestros y alumnos, hasta la ausencia de un proyecto educativo nacional de largo alcance, diverso y plural; las enormes desigualdades socioeconómicas que existen en la población, inclusive la falta de recursos fiscales del Gobierno Federal para atender las necesidades de las instituciones educativas.

Un inseguro regreso a clases

La única estrategia de la SEP para atender de manera adecuada el confinamiento sanitario fue el cierre de los planteles, decretado a partir del 23 de marzo de 2020 y que finalizó el pasado siete de junio, cuando los estudiantes de la CDMX, Aguascalientes y San Luis Potosí regresaron a las aulas para “finalizar el año escolar”.

Pero fue hasta el 20 de abril cuando se inició la vacunación de maestros y el personal educativo público y privado en todo el país. La vacuna que se les aplicó fue la CanSino, de una sola dosis, informó Hugo López-Gatell, el Subsecretario de Salud. En Coahuila, Nayarit, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas fue del 20 al 27 de abril; del 28 de abril al cuatro de mayo en Nuevo León, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Oaxaca. Del cinco al 11 de mayo se vacunó a los maestros de Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, Durango, Sonora, Guerrero y San Luis Potosí; del 12 al 18 de mayo a los de Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. El plan de vacunación a los maestros se cerró en los estados de Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, Puebla, Yucatán, CDMX y Chihuahua del 19 al 28 de mayo.

El Presidente de la República informó que en el país ya se podría regresar a las aulas en la segunda semana de junio; mientras que la titular de la SEP, Delfina Gómez, declaró que el regreso a clases presenciales no sería obligatorio, pero pidió a los padres de familia hacer un esfuerzo para cumplir con el retorno seguro. Explicó que los tutores deberán firmar una carta compromiso en la que autorizan el regreso de los estudiantes, lo que implica que las autoridades se deslindan de cualquier contagio.

A esta actitud de la SEP se agrega otro aspecto que en particular preocupa a los maestros: el número de vacunas aplicadas contra el Covid-19 es todavía muy bajo, porque los 18.2 millones que han recibido la dosis única equivale al 14.2% de la población nacional; los que tienen ya la doble dosis son 11.8 millones y lo que tienen por ahora medio esquema son 6.4 millones. Es decir, aún falta por ser vacunada al menos una tercera parte de la población total.

Y pese a que la SEP advirtió que, para el retorno seguro a clases presenciales de todos los alumnos, docentes y personal escolar, deberán prepararse las condiciones físicas y sanitarias de las escuelas, porque en “en ningún caso, el regreso a clases pondrá en riesgo la salud de los integrantes de la comunidad escolar”, el hecho de que los estudiantes de ningún nivel educativo hayan sido vacunados aún genera absoluta incertidumbre.

¿Es correcto el regreso a las aulas sin que los alumnos hayan sido vacunados? ¿Cuáles son los riesgos sanitarios de esta decisión?

El SNTE, que agrupa a más de 600 mil trabajadores del sector educativo, alertó que las escuelas no tienen las condiciones físicas y sanitarias para el regreso a clases presenciales; informó que cuatro de cada 10 no cuentan con agua potable; dos de cada 10 tienen aulas amplias que permiten la sana distancia; tres de cada 10 no cuentan con drenaje y las instalaciones eléctricas son regulares o arcaicas en un 56%.

Otra de las decisiones de la SEP que ha causado inconformidad entre los padres de familia es que, pese a que el regreso a clases presenciales es “voluntario”, a los alumnos que decidan no hacerlo para continuar con sus clases a distancia se les someterá a un programa de renivelación para valorar sus conocimientos antes de que se reintegren a las aulas. Algunos analistas han opinado que esto equivale a una imposición, a un “regresas cuando yo digo y bajo mis condiciones” y que al Gobierno Federal le importa mucho más imponer sus decisiones que garantizar la salud de maestros, alumnos y padres de familia.

Si para los alumnos el retorno a las aulas es opcional, ¿lo es también para los maestros? ¿De no estar vacunados, podrían decidir no regresar?

La SEP elaboró también un formato mixto para que los maestros puedan determinar si regresan a las aulas o continúan las clases a distancia, pero si se deciden por esta metodología sufrirán una merma en sus salarios.

El lunes siete de junio, después de 14 de meses de inactividad presencial, se inició el regreso a las aulas en Aguascalientes, CDMX y San Luis Potosí. En esta entidad se reabrieron más de mil 400 planteles de educación inicial, básica, media superior y superior, tanto públicos como privados. En todos los casos, como anticipó la SEP, no fue obligatorio el uso de uniformes, útiles y materiales educativos nuevos.

Tampoco fue obligatorio el uso de gel antibacterial y cubrebocas; y no todos los docentes están vacunados. Por ello, el 24 de mayo, miles de estudiantes se manifestaron simultáneamente en la República Mexicana para exigir al Gobierno Federal que agilice la vacunación. En la CDMX protestaron alrededor de mil alumnos, que se movilizaron frente al Palacio Nacional y a través de redes sociales, con el hashtag #Vacunasparatodos.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) ha demandado que se apresure la vacunación y que el regreso a las aulas sea realmente seguro, que esté inmunizado al menos el 70% de la población nacional. Esta organización responsabilizó al Presidente y al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de aplicar una mala política sanitaria frente a la pandemia y su dirigente nacional, Isaías Chanona, afirmó que debido a la ineptitud de éstos y la titular de la SEP, estarán en riesgo permanente de contagio 36.6 millones de estudiantes en el país.

Los estudiantes de la FNERRR también denunciaron que estos funcionarios han omitido sus demandas; que las cifras sobre muertes y contagios son alarmantes y que tales datos deberían haberlos convencido de que un retorno a clases presenciales era inconveniente y pueden provocar efectos muy lamentables. Chanona recordó que la propia Secretaría de Salud (SS) reveló que los niños y adolescentes son susceptibles de contagio, pues han fallecido al menos 600 menores, 55 mil 106 con edades entre 14 y 15 años y 67 mil 248 adolescentes, de entre 15 y 19 años han sobrevivido al Covid-19; y que estas cifras equivalen al 5.2 por ciento del total de contagios en el país.

También reprodujo una declaración del personal médico del Hospital Infantil de Nebraska, Estados Unidos, en el que se afirma que el virus ha aumentado el daño en niños, que los síntomas del síndrome pueden incluir fiebre, sarpullido o problemas gastrointestinales y evolucionar hasta provocar una disfunción cardiaca.

Los afiliados de la FNERRR aclararon que no están en contra de que se regrese a clases; por el contrario, consideran que es urgente que se regrese a las aulas porque la educación a distancia ha dejado fuera a miles de niños, niñas y adolescentes que no tienen las herramientas para seguir con clases en línea; pero destacan que el “regreso a clases debe garantizar la salud de todos y no traer más contagios ni decesos”.

Por su parte, Óscar García Miranda, dirigente de la FNERRR en San Luis Potosí, señaló que aún faltan al menos 100 millones de mexicanos por vacunarse y las posibilidades de que surjan rebrotes son altas, según información de la misma SS. Recordó también que, durante la segunda ola de contagios, las infecciones en los estudiantes se incrementaron en 163 por ciento; por ello, es indispensable que se vacune al menos el 70 por ciento de esta población estudiantil antes del retorno a las aulas, pues de otro modo no podrá garantizarse la inmunidad colectiva.

Los dirigentes nacionales y los 32 líderes estatales de la FNERRR se movilizan desde hace un mes en todo el país para que la SEP y el Gobierno Federal aceleren el proceso de vacunación y que escuelas, hogares, lugares públicos y sistemas de transporte se protejan contra el contagio del Covid-19. En todo momento recuerdan: “Estamos de acuerdo en regresar a las aulas lo antes posible, siempre y cuando no se arriesgue la vida de nadie”.