Miranda –el seudónimo de una migrante hondureña que desea mantener oculta su verdadera identidad– llegó en abril pasado a Tijuana con su esposo y dos hijas, poco después de que Biden anunciara que eliminaría el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) que había impuesto su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, y que tiene como finalidad devolver a territorio mexicano a los migrantes que solicitan asilo y deben esperar la respuesta del gobierno estadounidense.

La declaración del mandatario de EE. UU. generó la creencia de que la frontera sería abierta; pero cuando los nuevos migrantes llegan ahí, se encuentran en una realidad distinta; pues la situación está igual, y tienen que refugiarse en campamentos improvisados junto a la línea fronteriza.

Hoy Miranda, quien creyó que se le había abierto una magnífica oportunidad para salir de su país, donde su marido sufría constantes agresiones y amenazas de muerte, se halla con su familia en La Esperanza, un campamento ubicado en las inmediaciones de la garita peatonal de El Chaparral, situada a unos metros del cruce de San Ysidro.

Desde febrero de este año, habitan en este espacio más de dos mil personas originarias de Centroamérica, de varias regiones de México, Cuba y Haití. La mayoría de los centroamericanos son desplazados por la violencia, la pobreza extrema y las pandillas.

“Hay un cambio en el discurso y en la narrativa: se dejó de criminalizar en cierta manera a la migración. Hoy hay un discurso un poco más humanizante sobre los migrantes y se ve una intención de reestablecer la figura del asilo, que fue desmantelada completamente por el gobierno anterior”, aclaró la activista Soraya Vázquez, subdirectora de la organización Al Otro Lado.

Sin embargo, después de casi cuatro meses de vida en un espacio reducido, incómodo, sin empleos y viviendo de apoyos humanitarios, los migrantes “atorados” consideran que las buenas intenciones del señor Biden no son suficientes, que sus promesas fueron falsas y, lo que es peor: el número de los migrantes devueltos a México para que esperen una respuesta a sus solicitudes de asilo es desproporcionado.

Biden supera a Trump en deportaciones

Pero los incumplimientos del actual gobierno de EE. UU. respecto a la modificación de la política migratoria de Trump no se limitan a los arriba mencionados: el número de mexicanos repatriados por Biden, en lo que va de este año, es mayor al registrado en el mismo periodo de 2020.

Un reporte de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México (Segob) reveló que en el trimestre de enero a marzo fueron deportados 41 mil 140 migrantes mexicanos, de los cuales cinco mil 476 eran menores y cuatro mil 503 viajaban solos.

En abril, la misma unidad informó la deportación de 22 mil 201; en mayo fueron 21 mil 485 y, en los cinco primeros meses de 2021, el número de los connacionales repatriados alcanzó la cifra de 84 mil 826, que supera a la mayor registrada en un periodo similar durante la administración de Donald Trump, el presidente gringo más “antimexicano” de los últimos tiempos.

La mayoría de los connacionales deportados provienen de los estados de Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato. Informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) revelan que cuatro de cada 10 migrantes detenidos en la frontera son mexicanos.

Para los especialistas en migración, si durante 2021 continúa esta tendencia, podría ser el año con el mayor número de mexicanos detenidos en la última década al intentar acceder a EE. UU., actitud debida fundamentalmente a la crisis de seguridad pública, sanitaria y económica que afecta a gran parte de los mexicanos.

Los analistas destacan tres factores determinantes: la violencia, que obliga a muchas personas a salir de sus lugares de origen; los problemas de salud derivados de la pandemia del Covid-19 y el factor socioeconómico: en especial la falta de empleos y los bajos salarios, que definen las condiciones de pobreza multifactorial y la extrema.

Urge cambiar el Título 42

Para activistas como Soraya Vázquez, el Título 42 de la legislación migratoria del país vecino, que aprovechó Donald Trump para expulsar a los migrantes, es utilizado hoy con la misma intensidad con el pretexto de la pandemia, como puede advertirse en los protocolos de salud aplicados en las aduanas fronterizas.

Esta norma ordena la expulsión inmediata a su país originario de todas las personas que ingresen al país vecino; el planteamiento se basa en que pueden alterar el orden interno y para evitar la propagación del virus. En marzo de 2020, Trump ordenó su aplicación estricta; y a la fecha, la administración de Biden se aplica con el mismo rigor.

Soraya afirma que, aunque el discurso de Biden sea congruente con la realidad, debe reformar el Título 42 para evitar que más migrantes sean expulsados como ha ocurrido en lo que va de este año. También para que su gobierno resignifique la figura del asilo.

Otros activistas y especialistas coinciden con Soraya en que uno de los grandes aciertos de la administración de Biden fue haber echado abajo el programa MPP y retomado los casos de migrantes que estaban bajo este protocolo, porque representaba una medida deshumanizante que los dejaba en situaciones adversas y en lugares donde corren el mismo peligro que habían padecido en sus países de origen: violencia, amenazas y conflictos sociales graves.

En febrero pasado se informó que los migrantes con casos activos en el MPP tendrían el ingreso; y fue así como cambió su estatus. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta el 14 de junio, habían logrado ingresar 12 mil 39 migrantes para continuar trámites en territorio estadounidense.

Dos mil 531 habían ingresado desde Tijuana (Baja California); dos mil 331 de Matamoros (Tamaulipas); cinco mil 43 de Ciudad Juárez (Chihuahua); 873 de Reynosa (Tamaulipas); 516 de Nuevo Laredo (Tamaulipas) y 745 de Piedras Negras (Coahuila), quienes fueron acompañados por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia para la migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Otra de las medidas aprobadas por los activistas es que, pese al Título 42, ingresan solicitantes de asilo bajo la figura de humanitarian parole, mecanismo creado por las autoridades estadounidenses “para reparar el mal mayor que están ocasionando con las personas que están devolviendo”, porque los dejan acá en una situación de riesgo; pero mantienen la posibilidad de reingresar de forma ordenada y segura para volver a solicitarlo, como es el caso de las personas que se hallan en el campamento de El Chaparral y que no estaban bajo el MPP.

Los migrantes que califican en este caso, son principalmente los integrantes de las familias que están en la frontera viviendo una situación de riesgo o salud grave; y de acuerdo a esas circunstancias, todos los que están en Tijuana se hallan en esa situación. Soraya destaca que, en ese sentido, se ha visto “un amplio criterio” para determinar quién sí y quién no viven ello, lo cual ha permitido que la gran mayoría de las solicitudes sean aceptadas.

“Hay un tope de ingreso de 250 personas por día, que son las que pueden admitir y procesar; una vez que ingresan allá, comienzan sus procesos de asilo. Esta medida se está trabajando con las organizaciones civiles; en California son más de 100 organizaciones las que estamos trabajando en ello, mediante una encuesta de riesgos que llenan las personas y se van identificando a los que califiquen para el mecanismo. Una vez admitidos se les da una fecha y así es como han estado ingresando”, explicó.

Faltan medidas para la migración fluctuante

Si bien los activistas y los migrantes afirman que hay voluntades para cambiar la situación, falta definir políticas viables y pragmáticas para atacar los problemas socioeconómicos que causan la migración de las personas de sus países de origen; ya que hasta ahora, solo ha habido acuerdos y discursos.

Esto se pudo observar con las recientes visitas que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, realizó a Guatemala y México, con cuyos gobiernos pactó algunos acuerdos de cooperación para evitar que la migración crezca.

Los activistas como Soraya ven que hay una especie de limbo en cuanto a la respuesta inmediata, porque esos programas de cooperación solo podrán tener resultados en un mediano plazo; pero las personas emigran de sus países de origen, atraviesan México de forma insegura, llegan a la frontera de EE. UU. y se quedan atrapados allí.

“No han encontrado una forma sobre cómo van a administrar las fronteras y cómo lo van a hacer de una manera que sea respuesta de los derechos humanos y, sobre todo, respetuosa de los principios del derecho al asilo. De eso todavía no se ve nada. Por ende, fueron desalentadoras las declaraciones de la vicepresidenta (Kamala Harris) que solamente fue a Guatemala a decir ‘no vayan’, pues no es un asunto de voluntad o gusto la razón por las que las personas salen de sus hogares, es una migración forzada y eso significa que las personas están saliendo para salvar sus vidas.

“Esa parte todavía está pendiente; saber cómo van a administrar la migración de forma ordenada y segura, además atendiendo a las propias necesidades de los migrantes”, puntualizó.