Dos semanas después de las intensas lluvias que afectaron a cinco estados del país, todavía siguen incomunicadas 93 comunidades. ¿Qué se come en ellas? ¿Qué agua se bebe? ¿Qué médicos atienden a los enfermos? ¿Dónde consiguen los medicamentos? Ninguna de estas preguntas puede responderse de manera mínimamente satisfactoria, esas comunidades quizá tengan alguna comunicación telefónica intermitente, pero es muy difícil y peligroso o de plano no se puede llegar ni salir, ni por veredas siquiera. Los antorchistas tenemos compañeros en varias de ellas. Nadie quisiera estar en esa situación y menos si tomamos en cuenta que mucha de esa gente, de la más pobre del país perdió, con las poderosas avenidas de agua, tierra, piedras y árboles todo lo que tenía y nadie le advirtió del peligro para que tratara de protegerse y proteger a su familia, aunque fuera un poco, fueron tomados completamente por sorpresa.

Se ha dicho que nadie podía prever un fenómeno de esa magnitud y la campaña en ese sentido es muy intensa. No obstante, como siempre, poco a poco va saliendo la verdad. En el caso de la ciudad de Poza Rica, por ejemplo, el Atlas de Riesgos, un estudio científico elaborado para esa ciudad advirtió oportunamente el peligro desde hace dos años, señaló a las inundaciones como el riesgo más alto del municipio y, no sólo eso, añadió que el lugar corría peligro de sufrir inundaciones repentinas con avenidas de agua de gran fuerza y arrastre que se harían más devastadoras por la carga de los escombros que seguramente arrastrarían. Se precisó incluso que por esa zona urbana corre uno de los 15 ríos con mayor caudal en el país. El estudio no fue secreto, fue entregado en junio de 2023, quedó registrado ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres y se solicitaron para obras preventivas urgentes 270 millones de pesos que todavía no llegan. Lo que sí tenemos son 78 personas fallecidas y 23 no localizadas (sólo hasta el miércoles 22 de octubre).

Pero existe más información que es muy importante tomar en cuenta. El periódico El Universal del pasado 14 de octubre informó que “en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2024, los recursos destinados a ese propósito (de prevenir inundaciones) totalizaron 25 mil 94 millones de pesos, 44 por ciento menos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando lo ejercido ascendió a 45 mil 62 millones de pesos. En aras de las obras faraónicas que todavía siguen causando gastos, la población más pobre en estado de completa vulnerabilidad. No hay duda.

Sólo en viviendas dañadas y según versiones oficiales, llegarán a cien mil y, consecuentemente, ya estamos de lleno en la fase de la propaganda de las ayudas. Se dice que se entregarán 20 mil pesos para limpieza y enseres menores, que a los comercios que resultaron con daños se les darán 50 mil pesos “para reponer mercancías y muebles”, que a cada uno de los ganaderos y agricultores perjudicados se entregarán “entre 50 mil y cien mil pesos”, en función de las afectaciones que hayan sufrido (¿quién y cuándo las cuantificará?). En cuanto a las 282 clínicas de primer nivel que se dice que resultaron dañadas, se promete asignar un presupuesto para cada una de ellas de 500 mil pesos; para 750 escuelas con afectaciones, se asignarán hasta 200 mil pesos para cada una y, por si no fuera ya muy sobrada la reparación de los estragos, a los alumnos que perdieron sus útiles se les entregarán 350 pesos. Eso sí, se pagará a cinco mil personas más dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar estas tareas.

De los heridos leves o graves y los enfermos no se dice nada. Será por lo siguiente: el 27 de septiembre pasado, el periódico La Voz de Michoacán informó que en nuestro país “la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales que afecta principalmente a los hogares más pobres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a servicios de salud, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 41.9 millones.

Item más. Mientras en 2018 se destinaba a la salud el 4.6 por ciento del Producto interno Bruto (PIB), para 2026 se perfila que el gasto gubernamental sea de alrededor del 1.7 por ciento del PIB. Mientras menos se invierta como país, esta presión se está trasladando al bolsillo de los hogares, en donde alrededor del 40 por ciento de su presupuesto se destina a la compra de medicamentos (cuando los halla). He aquí, ahora con motivo de la desgracia por las lluvias y no sólo de las corruptelas que han exhibido, otra de las aportaciones de los militantes de la “Cuarta Transformación” que llegaron al poder pregonando que para ellos eran “Primero los pobres”.

A todas las familias de los trabajadores del país, tanto los pobladores recientemente lastimados en sus personas y en sus escasos bienes, como a los del resto del país que tienen a un ser querido trabajando en Estados Unidos (EE. UU.) que ahorra lo más que puede para enviar dinero a sus familiares en México, a todos ellos es indispensable tratar de hacerles conciencia de que ese recurso de sobrevivencia está llegando a su fin. EE. UU. sufre un severo proceso de desindustrialización y los negocios en general están en crisis; por tanto, el empleo para millones de trabajadores escasea gravemente. En consecuencia, el gobierno de Donald Trump ha emprendido una campaña de expulsión de trabajadores sin documentos que no se ha detenido en el uso de la violencia para conseguir sus fines. “La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el inicio del Gobierno de Donald Trump han sido detenidos dos mil 382 mexicanos que residían en EE. UU. y detalló que… del seis de junio al 20 de octubre, periodo en el que se intensificaron las redadas antimigratorias, se registraron mil 390 arrestos de connacionales, equivalente a 58.3 por ciento del total”. La áspera verdad es que cada vez es más difícil para un indocumentado trabajar en EE. UU., ganar unos cuantos dólares y enviarlos a su familia.

En el régimen morenista, los trabajadores van de mal en peor. No sucede lo mismo con todos los mexicanos. El periódico La Jornada reportó el 23 de julio del año pasado que la “riqueza de los cinco hombres más acaudalados de México ha crecido en promedio 226.6 por ciento en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el fin de semana destacó que no hay un empresario de los grandes que haya fracasado durante su gobierno”.

En esta nueva administración, la del “Segundo piso de la Cuarta Transformación”, nada indica que las cosas vayan a cambiar para bien de los trabajadores, antes bien, “el tema de la seguridad no está resuelto”, según le informó Omar García Harfuch al Senado de la República, la dependencia económica y política de EE. UU. es cada vez mayor, no hay empleos suficientes y cada vez hay más pobres. No hay mucho que discutir, es indispensable que los trabajadores hagan conciencia de que, como ahora lo constatamos con toda crudeza, la solución a sus problemas, la atención a sus carencias y el logro de una vida mejor para ellos y para sus hijos, no será consecuencia de la generosidad y la benevolencia de las clases poderosas; será, única y exclusivamente, el efecto necesario de su unidad y de su lucha.