El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022) obtuvo un aumento general del 8.6 por ciento con respecto al de 2021, pero también incluye fuertes recortes a los renglones del gasto social con mayor demanda de las clases populares y eleva el de los programas clientelares y las obras faraónicas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El PEF 2022 alcanza un monto de siete billones 88 mil 250 millones de pesos (mdp) cuya distribución da preferencia a los proyectos y programas políticos del primer mandatario, como son los apoyos monetarios, la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, y margina obras urbanas básicas como redes de agua potable, drenaje, electricidad y asfaltado de calles y carreteras vecinales, denunciaron los legisladores de oposición, analistas y líderes de organizaciones sociales.

La iniciativa del gasto público federal en 2022 fue enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados el ocho de septiembre pasado. Dos meses después, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) aprobaron, sin cambiarle una coma, el documento, a pesar de las mil 994 reservas que plantearon sus colegas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (PMC) y de la Revolución Democrática (PRD).

El debate del proyecto de PEF 2022 duró varios días y en total consumió más de 42 horas. Pese a ello, los legisladores gobiernistas aprobaron un presupuesto de carácter vengativo que prevé recortes a los organismos autónomos que más han tenido desencuentros con el Presidente, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no satisface demandas sociales urgentes como las del Sector Salud, en cuyo ámbito hay una acusada escasez de medicinas.

En contraste, el gasto público del Gobierno Federal para el próximo año proveerá con mayor presupuesto a los programas de apoyo monetario directo –entre ellos las pensiones alimentarias para adultos mayores y las becas estudiantiles, calificadas como electoreras por las bancadas de los partidos de oposición– y a las obras de relumbrón antes citadas.

En la tribuna de San Lázaro, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó como seguidistas a los diputados morenistas y les advirtió: “Lo que queremos hacerles ver es que estarán perjudicando a millones de personas, a millones de mujeres y de hombres porque, como se los dijimos, no es que su presupuesto esté mal, el problema es que está distorsionado en las prioridades. No puede ser que sea prioritario acabar un tren, que no es que esté mal en sí, sino que pretendan hacerlo antes que atender quimioterapias para niñas y niños con cáncer. No puede ser prioritaria una refinería, cuando todos sabemos que en 30 años ya no se va a quemar combustible en el planeta y que deje sin seguridad social a millones de mujeres y hombres”.

Aunque los legisladores y militantes morenistas intentaron defender la distribución del presupuesto de 2022 con el argumento de que se asigna más dinero a los estados y municipios, lo cierto es que su principal diferencia radica en que, para el año próximo, se incrementarán 4.7 por ciento las participaciones federales a los estados; y que el financiamiento de los apoyos monetarios y las obras emblemáticas del Presidente (Aeropuerto Felipe Ángeles, refinería de Dos Bocas y Tren Maya) se incrementarán el 24 por ciento, es decir, cinco veces más que el incremento a las 32 entidades de la República.

Esta distribución afectará a las demás partidas presupuestales consideradas prioritarias para el país por los especialistas en economía y análisis político, entre ellas los sectores Salud y Educación, cuyos aumentos en gasto serán incluso menores al 4.7 por ciento con respecto a lo destinado a los estados.

Durante las 42 horas de discusión en la Cámara de Diputados, los legisladores de la coalición Va por México presentaron un proyecto alterno de gasto que proponía recortes por 190 mil mdp a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo para reasignarlos a fondos desaparecidos por éste y su partido Morena, entre ellos, los fideicomisos para cubrir los gastos provocados por desastres naturales y programas de apoyo a mujeres, educación, salud, pueblos indígenas y bienestar. Pero la propuesta de la oposición fue rechazada por la aplanadora morenista y sus aliados.

Presupuesto de un solo hombre

En el Análisis del Paquete Económico 2022: el Presupuesto de un solo hombre, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el gobierno de AMLO tiene un aumento del 8.6 por ciento al PEF 2022 con relación al de 2021; pero que el texto oficial no aclara “de dónde saldrá todo ese dinero”.

Los especialistas Javier Martínez y Leonardo Núñez lo cuestionan así: “¿Cómo se cubrirá el aumento en el gasto? Con supuestos muy optimistas o poco realistas sobre la economía y el incremento de contratación de deuda pública. ¿A dónde irán los recursos? A las prioridades de siempre del Presidente: fuera de sus programas sociales, los proyectos de infraestructura, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Guardia Nacional, el resto de problemas y temas del país han quedado relegados. ¿Qué temas le incomodan o parecen no importarle? Los derechos humanos, la educación, la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención a los migrantes, la ciencia y tecnología, la justicia y la protección del medio ambiente”. Para estos rubros –indicaron– hay recortes o aumentos insignificantes.

Los analistas de MCCI destacan que hay aumentos importantes destinados a los proyectos y programas de interés presidencial: “las ampliaciones por 24 mil millones de pesos, 70 por ciento adicional con respecto al presupuesto disponible al segundo trimestre de este año, a la Guardia Nacional (que se pretende integrar formalmente el próximo año a las fuerzas militares).

“También a Petróleos Mexicanos (cuyas pérdidas crecientes y deficiente manejo comprometen a las finanzas públicas); a los cuestionados proyectos de infraestructura que el Presidente se ha negado a reconsiderar, como el Tren Maya, y a los programas sociales, cuyo diseño deficiente ha provocado que no cumplan con sus objetivos, e incluso sean regresivos, ampliando las brechas de desigualdad”.

Los analistas destacan, asimismo, los rubros que no son prioridad para el Presidente: “se hicieron recortes a la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. Igualmente, y aunque su presupuesto es elaborado por ellos mismos, diversos órganos autónomos constitucionales tendrán menos recursos que el año pasado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Los analistas agregan que habrá zozobra social debido a que los cambios económicos podrían “tirar” los ingresos previstos, incluso citaron un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) que estima que la caída o el aumento de medio punto porcentual en el crecimiento económico tiene como equivalente monetario un cambio de 19 mil 600 mdp en la recaudación tributaria.

“Una variación en la producción petrolera en 50 mil barriles diarios implicaría una alteración por 13 mil 400 millones en los ingresos petroleros; un dólar adicional en el precio del petróleo significa 13 mil 400 millones de pesos; y una apreciación o depreciación de 20 centavos en el tipo de cambio significa nueve mil 700 millones de variación”, explican los especialistas.

Obras faraónicas a costa de partidas vitales

El ocho de noviembre, el bloque parlamentario opositor propuso reducir en un 50 por ciento los recursos destinados a las obras y programas prioritarios del Presidente. Su objetivo era redistribuir parte de los 380 mil mdp asignados en el PEF 2022 a esos rubros y recuperar los fondos especiales que esta administración federal ha recortado al Fondo para Desastres Naturales (Fonden), el Seguro Popular, los comedores comunitarios y las estancias infantiles.

La propuesta de ajuste implicaba la redistribución del 5.3 por ciento de los 7.88 billones de pesos del PEF 2022 y, en específico, pretendía reasignar al menos 63 mil 478 mdp que éste asignó a la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía y el Corredor Interoceánico del Istmo para utilizarlos en el fortalecimiento de los presupuestos de estados y municipios.

También recortaba 14 mil 446.8 mdp del programa Sembrando Vida; cinco mil 424 mdp del proyecto del Tren Maya; dos mil mdp destinados al pago de la nómina y viáticos de los llamados Servidores de la Nación, personal encargado de coordinar física u operativamente a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal encabezado por AMLO.

En síntesis, tenía el propósito de modificar 92 programas presupuestarios para dotarlos con prioridad social, federalista y económica, con el objetivo de reactivar la economía ante los efectos negativos de la pandemia de Covid-19.

En nombre de la alianza parlamentaria opositora, el diputado perredista Luis Espinoza Cházaro afirmó que el presupuesto 2022 confeccionado por el gobierno morenista no representa un ejercicio de “austeridad republicana, sino de austericidio”. En el bloque legislativo opositor –detalló Espinoza– “queremos un presupuesto que esté a la altura de la nación y no estamos de acuerdo en que el presupuesto sea un presupuesto de un solo hombre”.

Integrantes de organizaciones sociales como el Frente Revolucionario Francisco Villa (FRFV), la Unión General de Trabajadores de México (UGTM) y el Frente Feminista de Lucha contra la Violencia (FFLV) se manifestaron a las afueras del recinto parlamentario de San Lázaro el 11 de noviembre para protestar contra las preferencias que el PEF 2022 da a las cinco megaobras de AMLO y por su desentendimiento de las necesidades del campo y el desarrollo urbano y social en las áreas urbanas deprimidas.

Además, un grupo de 250 presidentes municipales acudió el 10 de noviembre al palacio legislativo de San Lázaro para expresar que el aumento del 4.7 por ciento en las transferencias federales a las administraciones locales será insuficiente para ayudarlas a superar su grave situación financiera. Los ediles solicitaron a los coordinadores de las bancadas de sus partidos, PRI, PAN y PRD, que exigieran la reintegración de los recursos disminuidos a sus administraciones en lo que va del sexenio.

Como vocero de los alcaldes inconformes, César Garza Villarreal, presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, denunció que los recortes aplicados en la primera mitad del sexenio han impedido la adecuada prestación de servicios y el desarrollo de obras públicas básicas; y citó los perjuicios causados por la suspensión de 88 programas de apoyo social, como los comedores comunitarios y el Seguro Popular.

Garza Villarreal denunció también las afectaciones provocadas por la suspensión de los recursos asignados a través de los ramos presupuestales 23 y 33, así como la desaparición de fondos como el destinado a cubrir los desastres naturales y los problemas de seguridad pública, cuya ausencia ha perjudicado a la mayoría de los habitantes de las localidades del país.

Ninguna de estas observaciones fue escuchada por los legisladores de Morena, el PVEM y el PT, lo que hizo enojar a los legisladores de los partidos de la oposición. De hecho, durante la discusión, el PRI advirtió que si Morena no aceptaba negociar cambios en el proyecto de gasto “no avanzará ninguna de sus reformas”. Cuando la mayoría morenista se negó a hacer cambios, el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, amenazó: “¡Tengan su reforma energética!”.

Dinero insuficente para entidades

En el reportaje Administraciones estatales en Bancarrota (buzos 1001), el investigador Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), anticipó que a pesar de aplicarse un ligero incremento de 4.7 por ciento en las participaciones a las entidades y municipios, “no van a ser suficientes los recursos que tienen los estados para hacer frente a todas sus responsabilidades”.

Al analizar la iniciativa presidencial del PEF 2022, Guadarrama explicó que el aumento del 4.7 por ciento con respecto a lo asignado en 2021 a las entidades federativas y municipios solo representará una vuelta al monto de las transferencias federales de 2019, es decir, que no verterá en una mejoría financiera ni contribuirá a resolver los graves problemas económicos de los estados.

La complicada situación de las administraciones locales se debe, sobre todo, a la continua disminución de las partidas presupuestales federales que el gobierno de AMLO ha ordenado para reorientar esos recursos hacia sus programas sociales clientelares y las obras públicas emblemáticas en detrimento de las requeridas para el desarrollo social.

En el Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, fechado el 20 de febrero de 2020, se confirma que en el presupuesto de un billón 867 mil 376.7 mdp destinado a estados y municipios, hubo un recorte de 5.5 por ciento; y que era el más grande en 10 años, según lo denunció la bancada del PAN en noviembre de ese año.

El especialista del IMCO explicó que los recursos asignados por la Federación para la operación de las administraciones locales, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de obras sociales resulta vital para las entidades federativas porque la Ley de Coordinación Fiscal centraliza los recursos fiscales más relevantes cobrados en el país en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos locales dependen financieramente de estas partidas hasta en 80 y en algunos casos hasta en 90 por ciento.

Afirmó que las disminuciones aplicadas en 2020 y 2021 terminaron impactando a las entidades y explicó que la razón por la que no ha aumentado el endeudamiento de las administraciones locales, como ocurrió en décadas pasadas, se encuentra en la aplicación de fuertes controles sobre la contratación de créditos por los urgidos gobiernos estatales.

Guadarrama informó a buzos: “seguramente, lo que ahora sí veremos, es que a partir de la entrada de los nuevos gobernadores (15 entre octubre y noviembre de 2021), podrán acceder a nuevo financiamiento, a nuevos techos de endeudamiento (límites) que se están aprobando ahorita también en los congresos locales; y entonces es cuando veremos un crecimiento importante de la deuda pública por parte de los estados”.

En el Parlamento Abierto realizado en octubre de 2021 para analizar el proyecto del PEF 2022, Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó que el gasto público federal del próximo año solo asigna una tercera parte –2.1 billones de pesos– al gasto federalizado, y que era un presupuesto “históricamente bajo”, con nivel similar al de 2019.

Barriga reportó que, en septiembre de 2021, hubo una diferencia de siete mil mdp entre el monto de las partidas presupuestales estimadas y las pagadas a las administraciones locales, un hoyo que debió llenarse con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual acopia recursos emergentes para subsanar este tipo de diferencias, pero que el partido gubernamental está reduciendo.

“Los diputados de Morena hacen historia porque para desarrollarse y quedarse en los anales de la historia están quemando a México, lo están destruyendo. Así se harán famosos, quemando a este país, así como en la antigüedad Eróstrato quemó el templo de Diana”, denunció en la tribuna del Congreso el diputado priista Brasil Acosta Peña, quien protestó porque, por cuatro años consecutivos, Morena dejó fuera del PEF a los pobres de México, a quienes priva de obras públicas y servicios en sus comunidades”.

“Los dejan sin drenaje, sin agua potable, sin electricidad, sin apoyo a la vivienda, sin apoyo a las escuelas; abandonan a su suerte a la gente y dejan sin medicinas a los niños con cáncer y sin vacunar a los menores de 18 años; y siguen teniendo a este país con precios elevadísimos que afectan a los productos de la canasta básica, porque la inflación ha subido 6.8 por ciento. El PEF 2022 nuevamente demuestra que este gobierno abandona a los que dice defender, a los más pobres, ¿No que, por el bien de México, primero los pobres? Eso dicen, pero en los hechos los pobres quedaron fuera del PEF y es por cuarto año consecutivo”.