La bancada de Morena en el Congreso capitalino anunció que impulsará una iniciativa para regular el incremento de las rentas y crear una defensoría especializada; también prevé retomar el Plan General de Desarrollo, pendiente desde hace varios años.
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Si tuviera que resumir en pocas palabras la política pública de financiamiento a la educación del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), afirmaría que ha consistido en recortes, reasignaciones a conveniencia, subejercicios y opacidad.
Desde los primeros años del gobierno obradorista, desaparecieron varias partidas presupuestales, incluyendo muchas dedicadas a la atención de sectores vulnerables y a mejorar la calidad del sistema educativo. Se eliminaron asignaciones como las destinadas a la Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, el Desarrollo de Aprendizajes Significativos en Educación Básica, las Escuelas de Tiempo Completo, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Evaluación de la calidad de la Educación, entre otros. Además, se recortaron decenas de programas.
¿Y todo esto para qué? ¿A dónde fue el dinero? En algunos casos fue a programas como La Escuela es Nuestra, las Becas para el Bienestar Benito Juárez, de educación básica y media superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, es decir, los emblemáticos de la administración. Tan solo en 2022, estos programas concentraron uno de cada cuatro pesos del ramo 11, que se destina a la educación pública.
Este aumento a las transferencias directas no estaría mal si no fuera en detrimento de otras medidas, porque el recorte de unos programas para favorecer otros es como cavar un hoyo para tapar otro. Además, hay que considerar que esta política ha servido como moneda de cambio para fortalecer la clientela electoral morenista. Tristemente, el financiamiento educativo parece tener fines políticos, no académicos.
Pero esto no es todo, durante la administración actual también ha habido subejercicios importantes del presupuesto. Solo en el periodo de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se calcula un subejercicio de cerca de 25 mil millones de pesos (24-horas.mx).
El problema con los subejercicios consiste en que permiten que las autoridades realicen reasignaciones discrecionales, lo que favorece la opacidad en la función pública –es decir, impiden saber en qué, cuándo, cómo y con qué resultados se gasta el dinero de los mexicanos– lo que facilita los actos de corrupción.
En fecha reciente, por ejemplo, Dalila Sarabia y Data Cívica difundieron que uno de los programas educativos emblemáticos y con más recursos del actual gobierno, La Escuela es Nuestra, registra graves problemas de opacidad en los que podría haber actos de corrupción; pues solo una de cada tres escuelas ha recibido apoyo, y la SEP no cuenta con información sobre la aplicación de los recursos gastados; además, en ciertas localidades se reporta un número mayor de escuelas beneficiadas de las existentes (animalpolitico.com).
En este contexto, ¿qué podemos esperar del proyecto de presupuesto en materia educativa? Lo primero que debemos advertir es que el gasto proyectado resulta bastante similar al de años anteriores, aunque en esta ocasión es bastante optimista. A simple vista parece traer buenas noticias, porque se propone un aumento del seis por ciento con respecto al de este año. Sin embargo, la mayor parte de este aumento se ubica precisamente en el programa La Escuela es Nuestra, que pasó de 9.3 a 17.4 mil mdp, lo que representa un aumento del 87 por ciento. Por lo demás, el proyecto no contempla grandes recortes, pero tampoco corrige los operados en años pasados; y los programas beneficiados resultan ser los mismos de siempre.
El gasto es optimista porque, como expone Enrique Quintana (elfinanciero.com.mx), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está planteado sobre la base de expectativas de crecimiento muy altas, así como pronósticos de baja inflación, tipo de cambio y tasas de interés. La cuestión radica en que, si no se cumplen estos supuestos, no se contará con los recursos suficientes para solventar el gasto público proyectado.
Pero ¿qué sentido tiene proyectar un presupuesto poco realista? En mi opinión, la administración entregó un proyecto optimista para no dar de qué hablar, pero en el fondo sabe que no se ceñirá a lo planeado, sino que usará el subejercicio y la opacidad como herramientas para manejar el presupuesto a su conveniencia. Es decir, el presupuesto es solo un conjunto de promesas vacías.
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Escrito por Pablo Bernardo Hernández
Licenciado en psicología por la UNAM. Maestro y doctor en ciencia social con especialidad en Sociología por el Colegio de México.