La reforma electoral que desde el año pasado impulsan, desde el Congreso de la Unión, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene el propósito de someter a la opinión del pueblo la ratificación o el retiro del Presidente; ese no es el objetivo único y mucho menos el principal.

AMLO ha aclarado que no busca la reelección, sino únicamente aspira a ser ratificado en su cargo y cumplir a cabalidad con su promesa de ponerse a la “disposición del pueblo” en el segundo trienio de su gobierno; sin embargo, los movimientos políticos de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión –como el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)– muestran la intención de incidir en los procesos electorales del futuro inmediato.

Los primeros pasos en este sentido fueron dados por el diputado Pablo Gómez Álvarez el pasado 27 de septiembre del 2018, cuando presentó la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ricardo Monreal hizo lo propio en el Senado a principios de marzo de este año, cuando planteó la reforma del Artículo 126º de esa ley.

En ese mismo contexto, los diputados Mario Delgado y Tatiana Clouthier, también de Morena, propusieron reformar el “Artículo 41º en su fracción segunda, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción al financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos”.

Como respuesta a tales iniciativas, el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, recordó que la legislación vigente data de hace apenas cinco años y que todos los procesos políticos realizados de 2014 en adelante probaron su buen funcionamiento, como lo ha demostrado la alternancia de las fuerzas políticas en todos los niveles de representación y gobierno.

Aunque el consejero-presidente no se pronunció en contra de que haya una nueva reforma electoral, aseguró que realizarla en lo inmediato sería riesgoso para la democracia, con lo cual sugirió que un eventual cambio en la legislación vigente tendría como intención promover la imagen de AMLO en los comicios federales y estatales de 2021.

En una ponencia que leyó el pasado 24 de julio en Querétaro, Córdova Vianello precisó que “de 2014 a la fecha, el INE ha estado involucrado en 194 elecciones locales y cuatro federales y en ninguna ha existido una crisis que demuestre la inviabilidad del modelo electoral”.

Consideró que quienes proponen una nueva reforma –en obvia alusión a los legisladores de Morena y al Presidente– “deben tomar en cuenta la evolución y las razones que han llevado a México a la construcción del modelo actual, ya que quien no ve la propia historia ni estudia la historia ajena, aumenta las probabilidades de equivocarse”.

Iniciativa con sello morenista

Al lanzar su propuesta de reforma, Pablo Gómez argumentó que él y su partido buscan la “eficiencia institucional” dentro del “proyecto transformador en el que se halla inmerso México”. También resaltó que los entes públicos presentan un “engrosamiento injustificado” que no los hace más eficientes ni maximiza la relación entre gasto público, responsabilidad y resultados.

La iniciativa del morenista, leída en el Pleno de San Lázaro, busca modificar siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (42º, 56º, 58º, 62º, 65º, 72º y 76º), con dos objetivos genéricos: primero, “hacer más eficiente el desarrollo de funciones aparejadas, unificando la toma de decisiones en distintos procesos relacionados, lo que garantiza su correcto desarrollo”; y segundo, “generar menor gasto al Instituto, al simplificar y hacer más eficiente su estructura”.

Con las propuestas de Pablo Gómez y los otros legisladores morenistas, el nuevo proyecto electoral promovido desde el Palacio Nacional tiene tres objetivos. El primero, reducir los costos generados por los procesos electorales, con lo cual disminuye también el presupuesto a los partidos políticos; rediseñar el INE mediante la disminución de representantes partidistas, es decir el Consejo General del INE, incluidos los consejeros y, asimismo, desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), es decir, las instancias que se encargan de organizar los comicios electorales en las 32 entidades federativas.

La iniciativa engloba la desaparición de las 300 juntas distritales ubicadas en las 32 entidades, en cuyas oficinas se planean, organizan, capacitan y ejecutan los procesos de elección a cargos públicos, desde la Presidencia de la República hasta las municipales, así como las de los diputados locales, federales y senadores.

Los dirigentes de otros partidos políticos y los académicos especializados en materia electoral y política aseguran que la iniciativa de AMLO tiene como principal objetivo debilitar al INE, lo que les permitiría a él y a Morena “controlar los procesos electorales”. En función de este proyecto, la aprobación de la figura de “revocación de mandato” le permitiría colarse en la jornada electoral de 2021, fortalecer a su partido y sus aliados y dar continuidad a su administración en la segunda parte de su gestión.

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, comentó que, con esta iniciativa, el partido en el poder busca “capturar a las instituciones”, poniéndolas en riesgo. En el mismo sentido fue el mensaje de Lorenzo Córdova, “mientras no vulneren la autonomía y la certeza en los procesos electorales”, los cambios son bienvenidos.

En una conferencia de prensa conjunta, realizada en la Cámara de Diputados el pasado 19 de junio, los presidentes del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Claudia Ruiz Massieu y Marko Cortés, respectivamente, así como legisladores de ambos institutos políticos y del PRD emitieron un “no” tajante contra la propuesta.

Ruiz Massieu precisó que “si se trata de fortalecer a las instituciones, entonces hablemos con seriedad de su función dentro del sistema. No podemos aceptar planteamientos a priori, que establezcan la reducción a rajatabla en torno a los recursos para los partidos políticos, sin hablar de cómo se utilizarían mejor los recursos que reciben los partidos”. En el caso de la desaparición de los Oples, advirtió que esto implicaría centralizar una función en contra del sistema federal.

Marko Cortés consideró que el Presidente busca “concentrar y manipular el poder”, por lo que se mostró preocupado “ante cualquier intento de debilitar instituciones y los contrapesos”, tal como lo propone el diputado Pablo Gómez.

Aunque el Presidente negó que pretenda aparecer en las boletas de las elecciones intermedias de 2021, reveló que analiza la posibilidad de organizar una “consulta popular” sobre esta propuesta el 21 de marzo de ese año, es decir, poco antes de las campañas. O sea que AMLO pretende estar en el proceso electoral de cualquier modo.

El episodio más recientemente protagonizado por AMLO con respecto a este tema tuvo lugar cuando, ante notario público, firmó una carta en la que se comprometió a la “no reelección”. Sobre esto, Ángel Ávila escribió en su cuenta de Twitter: “Totalmente absurdo que el Presidente @lopezobrador_ firme ante notario que está dispuesto a acatar la Constitución y la Ley. Para ello el 1º de Dic de 2018 juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, y en ella viene el principio de la NO reelección para el Ejecutivo Federal”.

Promoción personal

La propuesta de reforma electoral de Morena tiene una meta muy clara: que el Presidente sea la “figura central de la campaña electoral de 2021”, puntualizó en entrevista con buzos Horacio Vives Segl, profesor y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La disminución de presupuestos a partidos, la revocación de mandato, la desaparición de los organismos locales electorales y la reducción a las posiciones legislativas plurinominales están orientados a fortalecer la figura presidencial, expuso el investigador.

“Como está pensada, puesta sobre la mesa, es que sea el Presidente, es decir el sujeto de mandato, quien tenga más recursos y que, con lógica muy clara, siga siendo la persona central de la campaña electoral de 2021.  Independientemente de que no sea concurrente con las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados; es decir, con la propuesta del 21 de marzo, de todas maneras, es un error, porque en marzo estamos en plena efervescencia del proceso electoral”, indicó el académico. Incluso, más allá de los cambios que se proponen, tiene que ver con el hecho de obstaculizar estas instituciones autónomas, en este caso el INE, para tratar de que sus facultades vuelvan a la órbita del titular del Ejecutivo federal. Una situación grave, porque la democracia en el país se ha construido en los últimos años.

El académico insistió en que la propuesta de reforma electoral pretende quitar funciones al INE para regresárselas al Gobierno Federal, algo que los recientes gobiernos sexenales del PRI y el PAN intentaron, y que ahora Morena pretende imponer contra un organismo fundamental en la organización de los procesos electorales.

En el mismo sentido está orientada la propuesta de iniciativa de reforma de Morena para suprimir al INE el control o manejo del Registro Federal de Electores (RFE). Esto es “muy delicado porque le permitiría al gobierno hacer un uso político, sesgado, clientelar del padrón electoral. Hay que considerar que nuestra transición a la democracia, la manera en que la hemos construido, tiene que ver con irle quitando espacios al poder, facultades o autonomía al Ejecutivo Federal”, añadió.

Las reformas electorales de 2007 y 2014 atendieron las necesidades y exigencias de los comicios de 2006 y 2012 respectivamente, de que hubiera mayor equidad en esas contiendas. En ambas elecciones federales se “reactivaron las tensiones y conflictos postelectorales”, refiere el estudio de Roberto Castellanos La Reforma Político-Electoral de 2014. Diagnósticos, primeros resultados y principales desafíos, del Instituto Belisario Domínguez.

Desde la década de 1990, las reformas en materia electoral “habían logrado darle mayores niveles de certidumbre a los procesos electorales, ampliar la competencia y la pluralidad política en cargos electivos, y aunque las reformas habían logrado reducir la tensión y el conflicto, después de las elecciones de 2006 y 2012 se reactivaron”, por lo que fue prudente impulsar más cambios en la materia.

Aunque la propuesta de Morena se encuentra en un periodo legal para hacer cambios, las circunstancias son distintas, y carece de sentido implementar otras después de los resultados logrados en los procesos electorales de 2015 y 2018, que lograron un manifiesto consenso partidista.

“Las elecciones han salido bastante bien organizadas, con relativamente poca rijosidad, con pocos litigios y aceptándose los resultados, con ese componente que no es menor. Entonces creo que no debe moverse algo que hasta ahora se ha probado, y que en cinco años ha funcionado. No creo que sea un momento para cambios”, precisó el académico del ITAM.

Necesario un análisis más profundo

La consejera del INE, Pamela San Martín, declaró en entrevista que la nueva reforma electoral propuesta por Morena merece ser discutida y analizada “precisamente para garantizar que cualquier cambio logre generar un beneficio en los procesos democráticos y no ir para atrás”.

Aunque la iniciativa de reforma se encuentra en proceso de análisis parlamentario y político, éste debe considerar los avances democráticos que la reforma política produjo hace cinco años, incluso es a partir de su evaluación que debe realizarse la discusión inicial como la que ahora se propone.

Para la consejera del INE ésta no queda clara. “Sobre qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende, cuáles son las formas de lograrlo; pero también prende las alertas sobre qué efectos pueden tener determinadas decisiones. Pero es una discusión que aún está en curso”, enfatizó San Martín.

Acerca de la propuesta de la desaparición de los Organismos Públicos Locales del diputado Pablo Gómez, el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Vinculación con Oples advirtió que la idea de profesionalizar los aparatos burocráticos electorales en las entidades es una de las “adiciones más importantes a la forma de hacer elecciones del país, y el servicio civil de carrera es un componente básico que da garantía de la eficacia operativa y técnica de los órganos electorales”.

Durante el Primer Foro de Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional, realizado el 19 de junio en Toluca, Estado de México, Baños informó que actualmente existen 236 vacantes en las 730 plazas disponibles en la estructura laboral de los Oples; esto contradice la versión del diputado morenista en torno a que los empleos en este servicio profesional de carrera han crecido, ya que en realidad reportan una falta equivalente al 40 por ciento.

“La sustitución de los Oples por el INE sería una simple sustitución de estructuras administrativas y la propuesta de designar desde la Cámara de Diputados a quienes fungirían como consejeros en los estados, se trataría de un esquema de control político garantizado, lo que lastimaría los principios esenciales de la construcción del sistema electoral mexicano”, advirtió Baños.

“Desaparecer a los Oples es también desaparecer a los tribunales; desaparecerlos es modificar sustancialmente todos los procedimientos que se han diseñado para este propósito y creo que eso llevaría demasiado tiempo y costos innecesarios”, subrayó el consejero.

Apenas el 24 de julio, Córdova Vianello convino en que si bien es cierto que es buen momento para discutir las reglas del juego democrático y para analizar qué cambios son pertinentes, por primera vez en 40 años no hay urgencia de una reforma electoral en México. Después de las elecciones celebradas en 2018 y 2019 “no existe el reclamo de alguna fuerza política para el cambio de las reglas del juego; si vamos a 2021 sin cambios a las reglas del juego electoral no pasa nada, iremos a un proceso con reglas probadas y que funcionan”.

El consejero-presidente coincidió en la necesidad de disminuir costos electorales, pero aclaró que pueden acotarse con la implementación de medidas que impliquen reformas legales, y citó entre ellas el uso de urnas electrónicas y el fortalecimiento en la representación de las comunidades indígenas y la participación política de los grupos vulnerables.

Precisó también que no debe generarse una reforma electoral que violente sus tres ejes fundamentales: “la autonomía de los órganos electorales, la certeza y la equidad en la contienda, así como la representación de la pluralidad política que existe en el país, la cual permite que cualquier fuerza política pueda llegar al poder”.