Los 55 millones de pobres que en 2016 fueron oficialmente registrados en dos mil 458 municipios de la República –la mayoría concentrados en la región sur– son los damnificados de los drásticos recortes presupuestales ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien de esta manera está profundizando la brecha que hay entre municipios muy ricos, medianos, pobres y muy pobres.

Estos recortes se aplicaron sin sustento técnico y sin medir sus consecuencias socioeconómicas, según la denuncia implícita que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de AMLO, Carlos Urzúa Macías, hizo en su carta de renuncia del nueve de julio de 2019: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener”, cuyo contenido coincidió con el reiterado cuestionamiento de los analistas en torno a adoptar decisiones con base en intuiciones u ocurrencias.

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) explicó el cuatro de junio que las evaluaciones elaboradas por esta institución sirven para que el presupuesto público tenga mejores efectos y los mexicanos superen sus condiciones precarias de vida. Al participar en la mesa de análisis “Logros y desafíos del Presupuesto Basado en Resultados”, destacó la importancia del uso de evidencia en las decisiones de política pública, la cual tiene el propósito de diseñar más y mejores herramientas de planeación, monitoreo y evaluación.

Hernández explicó que el Coneval, encargado de la medición, distribución territorial e identificación de las diversas expresiones de la pobreza en México, anualmente envía el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario a la SHCP y a la Cámara de Diputados, donde describe los resultados de los programas más relevantes para concretar los derechos sociales en materia de alimentación, educación, alimentación, vivienda digna, agua potable, drenaje, vialidades, etc., en las comunidades pobres de México.

Hoy esos estudios, aseguró el ahora exsecretario, han sido aparentemente arrojados en algún cajón de la burocracia federal de la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

Grave retroceso

En su análisis sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), dice: “El PEF 2019 representa un grave retroceso en el proceso de fortalecimiento de las haciendas locales –estados y municipios– que México ha construido en los últimos 20 años. De mayor gravedad es el hecho, sin precedente, de que este año desaparezca la mitad de los 14 fondos existentes y que adicionalmente los siete que han permanecido hayan sido reducidos en un increíble 85 por ciento”.

El argumento utilizado para explicar esta drástica disminución presupuestal se encuentra en la presunción a tabla rasa del actual Presidente de México, quien asegura que todos los municipios incurren en corrupción sobre el uso de sus recursos públicos. De igual manera, y con el mismo argumento de que había discrecionalidad y opacidad en el uso del dinero, en el PEF 2019, el Ramo 23 sufrió de un plumazo el recorte de 43 mil 467 millones de pesos, toda vez que en el PEF 2018 contó con 156 mil 463 millones 239 mil 818 pesos y para este año dispone de solo 112 mil 996 millones 657 mil 654 pesos.

Del Ramo 23 se eliminó 85 por ciento del total de fondos y programas enfocados a los municipios, destacó la Fenamm. Por ejemplo, desapareció el fondo de recursos destinados a Proyectos de Desarrollo Regional de los municipios, que en 2018 había recibido 17 millones 852 mil pesos, usado para fomentar la infraestructura pública y equipamiento de beneficio social.

De acuerdo con datos de la Fenamm se asignaron solamente mil 868 millones al Fondo Regional, lo cual representa una disminución de 20 por ciento con respecto al PEF 2018. Este fondo se destina a las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano y se orienta a inversiones en salud, educación, carreteras, sistemas hidráulicos y eléctricos.

También se redujo notablemente el Fondo para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual solo tendrá cuatro mil millones de pesos –19.8 por ciento menos que en 2018– en apoyo a los municipios con graves problemas de seguridad pública; y el del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FATPPD), al cual solo se le asignaron 400 millones de pesos este año, monto 20 por ciento inferior al que tuvo el año pasado.

También el Ramo 33, denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, mostró un incremento de apenas 6.8 por ciento, ubicándose en 735 mil 758 millones de pesos. Estos recursos son asignados por la Federación directamente a las haciendas de los estados, y de ahí a los municipios; esto condiciona el gasto al cumplimiento de los objetivos de cada aportación.

En contraste con los recortes antes citados, el Congreso de la Unión, con mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el dos de julio aprobó la Ley de Austeridad Republicana –propuesta por AMLO– uno de cuyos artículos autorizó a éste una partida presupuestal de 125 mil 700 millones de pesos que podrá utilizar como mejor le parezca.

Cobren más impuestos… ustedes

Desde el inicio de su gestión, el presidente López Obrador ha insistido en que no habrá cambios al esquema federal de impuestos, que en los hechos beneficia a quienes más tienen. También rechazó contundentemente la reactivación de la tenencia vehicular como impuesto federal, porque se trata de un gravamen progresivo, es decir que el vehículo con mayor valor o más lujosa paga más, su aplicación tiene un costo político para el Gobierno entre la población de mayores recursos económicos. Este impuesto fue suspendido en 2008 por el gobierno del panista Felipe Calderón, quien argumentó que debían cobrarlo los estados para obtener más recursos locales. Esta posición ha sido retomada por el gobierno de la 4T.

Cerrando la pinza de la operación política, y mientras se aplicaba un fuerte recorte presupuestal “secando” a las administraciones locales, los legisladores federales de Morena y Arturo Herrera, titular de Hacienda desde el nueve de julio, impulsan desde abril la aplicación efectiva de la tenencia a nivel estatal, y un mayor cobro del impuesto predial en los municipios para obtener más ingresos y no depender de la Federación.

El ocho de abril de 2019, durante una participación en el foro de legisladores en materia hacendaria realizado en la Cámara de Diputados, el entonces subsecretario Herrera, expuso que una mayor cobranza de tenencia y predial en las entidades “podría incrementar la recaudación entre 100 mil millones y 120 mil millones de pesos, lo que representaría alrededor de 0.5 por ciento del PIB; para los estados es mucho dinero, a lo mejor para la Federación no, pero para los estados sí porque hay muchos que están endeudados”.

Sin embargo, Herrera explicó que el cobro de la tenencia en los estados no ha propiciado mayores ingresos fiscales a estos porque, al parecer, los gobiernos “compiten para cobrar menos o cero, lo cual ha deteriorado los ingresos estatales”. En materia de predial, Herrera detalló que el país solamente recauda 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) por este concepto, nivel muy bajo respecto al 1.9 por ciento promedio de los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la mayoría desarrollados, con excepción de México.

Desde el ocho de abril, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, respaldó el planteamiento de Herrera y ratificó la propuesta de Morena sobre reactivar el impuesto por tenencia de vehículos en el país, suspendido en 2008, pero aplicado en las entidades. La maniobra no implica reactivar la tendencia como impuesto federal, sino empujar a los gobiernos estatales a cobrarlo, “secándolos” de recursos.

Ramírez Cuéllar advirtió que hay 15 estados cobrando la tenencia, pero que otros 17 ya no efectúan desde 2012. Recordó que, en 200, cuando el impuesto todavía era federal, se recaudaron aproximadamente 21 mil millones de pesos, casi equivalentes a la recaudación de los 32 mil millones de pesos actuales, “casi el triple del monto total de los recursos que se otorgaron a las entidades vía el Ramo 23 (recortado en 2019)”.

El legislador indicó que, al convertirse en un impuesto estatal durante 2008, la recaudación bajó 74 por ciento con respecto a la obtenida en 2007. Afirmó que este gravamen ofrece la oportunidad de captar mayores ingresos a las finanzas estatales y municipales. “Entre las ventajas del cobro de este impuesto destacan su progresividad; es decir, pagan más los que más tienen y se reducen los efectos negativos asociados a la congestión vehicular, el tránsito y la emisión de contaminantes ambientales”.

Pese a estos argumentos, desde abril de este año, el presidente AMLO ha rechazado que su gobierno impulse el cobro de la tenencia. El 14 de junio reiteró: “No se va a imponer la tenencia porque es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del partido conservador, y muestran el cobre. No cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos”.

Sálvese quien pueda

El doctor Ricardo Jiménez, miembro de la coordinación de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), precisó a buzos: “Sigue siendo un gran tema, porque nadie se quiere echar ese trompo a la uña, como se dice vulgarmente, porque resulta impopular quien aumenta impuestos; no debería ser así, pero así ocurre. La situación se va a poner bastante complicada; casi de manera cotidiana está diciendo que no se van a aumentar los impuestos. ¿Entonces de dónde va a salir el dinero? Quizás a lo que estén aspirando es que los municipios hagan la tarea. Hasta donde yo tengo identificado, hay municipios que sí hacen buena recaudación, muy pocos en realidad, y que además lo vinculan con procesos de participación ciudadana para definir el gasto en obras”.

“Estamos pagando ahorita con esta transición de gobierno muchos errores del pasado; aunque este gobierno, tengo la impresión, de que tampoco sabe con claridad qué quiere. Queda claro también que su esquema es centralista; los presidentes municipales no son interlocutores políticos, como sí lo fueron en anteriores gobiernos; no se les hace caso ni siquiera a los propios gobernadores de oposición. ¿Hasta cuándo se va a mantener ese esquema? Pues hasta que la gente aguante. Pero yo creo que sí va a dar muchas vueltas en esto; no creo que sea posible mantener tan constreñido el presupuesto. Nadie quiere hacer nada; todo mundo está en una posición de sálvese quien pueda”. 

Municipios: entre las deudas y los recortes 

Además de las disminuciones en el presupuesto para servicios básicos como la salud o la construcción y mantenimiento de escuelas, estancias infantiles, el gobierno de López Obrador “metió tijera” a los fondos especiales agrupados en el Ramo 23, cuyos recursos han servido para financiar obras prioritarias en las comunidades, como es el caso del asfaltado de calles, drenaje, agua potable, puentes, caminos, vialidades locales, etc. Con este cierre de llave, la administración federal empuja a las administraciones locales para que (si quieren más dinero) cobren más impuestos, entre ellos la tenencia en el nivel estatal y el predial en el municipal.

Pero muchos municipios tienen agobiantes deudas. A junio de 2018, el endeudamiento global era de 49 mil 395 millones de pesos, más los intereses. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados declaró que se analizaría el rescate financiero de la mitad de los ayuntamientos en situación de crisis terminal, pero este compromiso no ha pasado de ahí.

Al iniciarse 2019, había por lo menos mil 230 presidencias municipales que carecían de dinero para pagar sus nóminas, pues adeudaban electricidad y agua, debían cubrir diversas cantidades por laudos judiciales (pagos a particulares ordenados por un juez) y por juicios laborales perdidos (por despidos injustificados de personal). Solo en adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en diciembre de 2018 había adeudos por seis mil 105 millones de pesos pendientes.

Kristóbal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó a este semanario: “El monto de la deuda se convierte en impagable cuando no hay recursos; entonces los recursos van muy relacionados con el nivel de la deuda. Principalmente se endeudan los municipios más poblados, porque tienen un mayor desarrollo económico, en lo cual tienen una necesidad de proyectos más grandes y se ven con una limitante de recursos y terminan endeudándose. Pero en realidad, la deuda municipal no es tanto el problema, es más fuerte la deuda estatal; la municipal termina siendo relativamente más baja, solo son algunos municipios”.

Recortes golpean a las zonas pobres

El CIEP difundió un estudio sobre el PEF 2019 y los municipios, en el que se observa una menor aplicación de dinero público para la región sur, la más pobre del país. De acuerdo con este estudio, con la salvedad de los estados petroleros de Campeche y Tabasco, los demás estados (Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz) tuvieron menores. La región centro, que incluye a la Ciudad de México, fue la más favorecida en participaciones, transferencias y recursos para servicios personales y generales, mientras el norte mostró niveles intermedios.

Especialistas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, con base en datos de su Encuesta de Movilidad Social, dictaminaron que 86 de cada 100 personas nacidas en las zonas más pobres de la región sur del país no logran superar su condición de pobreza.

Durante la mesa de análisis “La Desigualdad no es Inevitable”, realizada el nueve de julio de 2019, Lucila Servitje, del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza, aseguró que la exclusión está vinculada al territorio, y que hay mil 30 municipios con muy altos índices de pobreza donde sus habitantes padecen múltiples carencias, diversas formas de exclusión, pobreza crónica y desigualdad extrema. “Son territorios con múltiples trampas de pobreza”.

Servitje precisó que esos municipios, la mayoría ubicados en la región sur-sureste, representan 42 por ciento de los ayuntamientos del país, y al menos 75 por ciento de sus habitantes carece de un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica; este porcentaje equivale a 10 millones 300 mil personas en pobreza de ingresos. El 80 por ciento de esos municipios están en cinco entidades: 437 en Oaxaca; 160, Puebla; 90, Chiapas; 86, Veracruz y 44 en Guerrero.

En estos municipios, ocho de cada 10 personas viven en pobreza por ingresos. “La pobreza de esos estados está totalmente vinculada a la realidad de estos territorios municipales. El problema es que en estos municipios la exclusión es estructural, la pobreza es crónica y endémica. Son territorios que permanecen casi en las mismas condiciones por décadas, aunque haya mejoras marginales”, aseveró Servitje.