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El segundo año del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) avanza, pero no muchas de sus promesas. Los ejemplos de su incumplimiento son contundentes: La falta de crecimiento económico, con una caída del 0.1 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2019; la pérdida de 378 mil 561 empleos formales y un mayor aumento en el desempleo; una incidencia de 34 mil 582 homicidios, cifra 2.5 por ciento superior a la registrada en 2018 y pérdidas económicas de 346 mil 135 millones de pesos en Petróleos Mexicanos (Pemex). Las 100 universidades para el Bienestar aún no cuentan con infraestructura, normatividad y personal pese a que tienen un presupuesto de mil millones de pesos.
Es verdad que gobernar no es sencillo. Toda acción u omisión enfrenta circunstancias y problemas con dinámica propia y que, por tanto, escapan al control gubernamental. Es necesario aceptar, entonces, que los cambios sociales no vienen en automático y por el simple deseo de un nuevo gobierno.
No obstante, el discurso obradorista se ha caracterizado por su insistencia en que lo único que le faltaba al país para cambiar era la existencia de un “buen gobierno” ¡y listo! Según esta narrativa, México cambiaría “desde el primer día”. Pero todo esto ha resultado ser mentira y el mismo Presidente ha aceptado que “una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo y otra cosa es ya el ejercicio del poder”. En otras palabras: una cosa es hacer promesas para ganar votos, aunque sean falsas, y otra es la manera en que el gobierno se conduce.
¿Esto significa que no es posible cambio alguno? Ésa no puede ser la conclusión. Un cambio es posible, aunque no en automático. El problema es que para esperar que lleguemos a nuestro destino, es necesario saber que vamos en la dirección correcta. Pero ¿cómo debe ser la política mexicana para que avancemos en la dirección correcta? Hay que advertir que esta pregunta no puede ser resuelta por una sola persona y menos en un artículo de esta extensión. Sin embargo, es posible hacer algunas consideraciones.
Antes dije que toda acción gubernamental se enfrenta a circunstancias con características propias. Si consideramos que todo conocimiento es parcial y su capacidad de acción es limitada, entonces podemos inferir que ninguna política puede asumir el control pleno de la realidad social sobre la que opera. Sin embargo, el margen de acción de los gobiernos no es estático, sino que depende, cuando menos, de dos factores: el grado de conocimiento que tienen sobre los fenómenos que buscan gestionar y su capacidad de intervención; esto es, su disposición de recursos materiales y humanos, así como el uso de instrumentos de política pública bien diseñados. Para ampliar el margen de impacto de un gobierno, es necesaria una política basada en evidencias y con un buen diseño técnico-metodológico.
Es aquí donde la 4T muestra otra de sus deficiencias; pues si algo caracteriza su ejercicio político es el desprecio que tiene hacia el conocimiento técnico, el cual se ha manifestado lo mismo en el discurso que en sus acciones. Ejemplos de esto son la sustitución de unos programas sociales por otros de lógica e impacto similar, pero con peores reglas de operación y mayor opacidad. Tal es el caso de la eliminación de Prospera y la sustracción de recursos a los programas de estancias infantiles, comedores populares y obras públicas municipales para destinarlos a becas y apoyos monetarios personalizados. En esta lista de políticas erradas podríamos incluir el acoso a los organismos autónomos y la negligente transición de los programas de salud pública.
La 4T parece guiada por una lógica de control que busca ganar posiciones en el tablero de la política nacional mediante programas clientelares y la cooptación de organismos autónomos. Y el problema está precisamente ahí: las políticas de la 4T no están correctamente diseñadas para atender y resolver los problemas de la gente, sino para fortalecerse como grupo político. Mientras esto siga así, sus resultados de gobierno serán similares a los que hasta ahora ha obtenido.
AMLO y Morena solo han demostrado que su incapacidad y sus ocurrencias se deben a que no han entendido que el mal de México no es la corrupción.
Las entidades que cuentan con mayor número de casos acumulados por contagio de Covid-19 son CDMX, Estado de México y Tabasco.
• En riesgo la vida de pacientes a consecuencia de una mal orientada medida de austeridad con el pretexto de obtener ahorros.
“Las modificaciones propuestas ponen en riesgo las inversiones no sólo del sector energético, sino del sector productivo en general".
Las denuncias también alcanzaron al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, como el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por la falta de insumos médicos y alimenticios.
El poder adquisitivo de los mexicanos corre el riesgo de quedar paralizado y ahondar la pobreza extrema y la marginación.
¿De qué más será capaz el gobierno federal si no ve que sus proyectos avanzan y se realicen cómo AMLO los quiere?
La austeridad proclamada por el Presidente está dirigida contra los campesinos y los trabajadores de otros sectores productivos.
La implementación del Insabi a nivel nacional ya ha dejado en Oaxaca a 576 personas en el desempleo.
El procedimiento para el proceso de entrega de medicamentos inicia con una llamada al 5595 0009 11, en la que el paciente deberá indicar a qué institución médica pertenece, ya sea del IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE.
De aquí la necesidad de que el Gobierno de AMLO sea más responsable, un poco humano y busque la manera de generar más empleos y realmente gobernar en beneficio de todos.
“La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana".
Urzúa dio a conocer que México enfrentará “la mayor caída documentada desde que se registran en México los datos trimestrales del PIB”.
En este primer año y medio del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los mexicanos hemos sido testigos de la función represora del Estado.
Al paro de labores se sumaron jóvenes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y otras instituciones educativas.
Escrito por Pablo Bernardo Hernández
Licenciado en psicología por la UNAM. Maestro y doctor en ciencia social con especialidad en Sociología por el Colegio de México.