La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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Un fenómeno económico cobra relevancia en estos días: la venta de créditos. Un negocio con el que las grandes empresas de productos y servicios aumentan sus ganancias a costa de una población con ingresos muy bajos (debido a que pagan salarios miserables), a la inflación incontrolable y a otros ingredientes de la crisis económica. Por ello recurren a diversas tácticas de persuasión sugeridas por las estrategias de marketing o comercialización, entre las que desde hace cientos de años destacan el intenso bombardeo mediático para estimular a las personas al consumo exacerbado, convenciéndolas de que las buenas marcas traen felicidad. Las empresas se aprovechan también del actual contexto de insatisfacción de las masas que, con sus bajos ingresos, se ven imposibilitadas de consumir y para las que la oferta de créditos resulta una buena carnada para inducirlas a endeudarse.
La teoría económica afirma que este comportamiento se resume con el sacrificio del consumo futuro a cambio de la satisfacción presente y que las personas pueden organizar sus finanzas de tal forma que logran mantener un nivel de consumo decoroso aún en el futuro. No es cierto, porque cuando los trabajadores caen en este tipo de trampas, quedan a merced de una múltiple variedad de acreedores, a vivir para pagar sus deudas y no solo a sacrificar su bienestar futuro sino también su presente y el de sus hijos.
Veamos: las grandes empresas, bancos y tiendas departamentales son muy insistentes para que las personas contraten préstamos directos y mediante tarjetas de crédito, con las que brindan todo tipo de “facilidades” para enamorar así a los clientes con “beneficios y ventajas”, que únicamente existen en la imaginación de los vendedores.
Endeudarse es muy fácil, ya sea por necesidad o porque el “plan de pagos” no es complicado; aunque las empresas saben que no va a ser cumplido, al menos no por las buenas, ya que muchas personas recurren a los préstamos precisamente porque no tienen dinero y es lógico, por tanto, que no puedan pagarlos con los altos intereses que les imponen. A estas compañías poco les importa esto porque, en los contratos, han impuesto garantías que permiten a sus despachos jurídicos y a sus abogados efectuar el embargo de bienes muebles e inmuebles, según el tamaño de la deuda que, además, cada vez será más grande debido a los intereses; primero endeudan a los incautos y después se cobran por las buenas o por las malas. Es increíble, por ejemplo, que una persona que adquirió una mercancía con un crédito de ocho mil pesos para pagarla en “abonos chiquititos” tenga que cubrir un adeudo de 68 mil pesos por haberse retrasado en los pagos. ¡Qué robo de sinvergüenzas!
Frente a este tipo de abusos, las preguntas que surgen son: ¿quién defiende al consumidor? ¿Por qué permite estos abusos un gobierno que dice estar del lado de los pobres y asegura que acabó con el neoliberalismo? En este país, las empresas se enriquecen porque pagan salarios de hambre al trabajador y porque lo endeudan permanentemente.
Por ello, la educación de las masas y su organización política es una cuestión urgente para que puedan defender sus derechos, frenar su explotación laboral y los robos inmisericordes de los capitalistas. El problema se ha tornado hoy más peligroso con el arribo al poder de la llamada “Cuarta Transformación”, cuyos funcionarios pretenden que los pobres sigan cargando con su pobreza a cuestas, acepten el rol que les ha tocado vivir y se olviden de las aspiraciones por un mundo mejor.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal: ONG
El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA