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En la última semana de octubre de 2019, los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron las reformas constitucionales para ampliar los delitos de los que puede ser acusado el Presidente de la República, y con ello se estaría cumpliendo una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La iniciativa enviada a la Cámara de Senadores propone modificar los artículos 108° y 11° de la Constitución para que, además de ser acusado por traición a la Patria, el titular del Poder Ejecutivo pueda ser acusado por actos de corrupción y delitos electorales.
Sin embargo, para que el Presidente pueda ser juzgado por estos delitos, debe seguirse el mismo procedimiento legal establecido en el Artículo 110° de la Constitución: que la Cámara de Senadores, “erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”. Es decir, será muy difícil que AMLO sea sancionado por estos delitos. ¿Por qué lo prevemos? Porque los presidentes de la República nunca han sido tocados y lo más seguro es que el actual mandatario avance y termine su sexenio como si nada hubiera pasado, dejando un país destrozado por la crisis económica y con un aumento sustancial de los mexicanos marginados, en pobreza multidimensional y miseria extrema.
Desde el inicio de la administración morenista comenzó para México un periodo muy complicado; hoy, la crisis sanitaria generada por el Covid-19, cuyas víctimas fatales son ya más de 60 mil, el “escenario catastrófico” que descartara Hugo López-Gatell en los primeros días de la pandemia.
La inseguridad y la violencia delictiva agobian a los mexicanos; hace unos días, el número de los homicidios dolosos alcanzó la cifra de 58 mil 621 en menos de dos años, cifra superior a las de los últimos tres sexenios.
La economía anda por los suelos. En junio pasado, cuando la pandemia del Covid-19 arreciaba, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS en inglés) aseguró que prácticamente todas las acciones que AMLO había implementado originarían la crisis económica más larga de nuestra historia, debido a que eran erróneas e improvisadas. Uno de sus mayores errores fue negar apoyo a las empresas pequeñas y medianas y canastas alimentarias a millones de mexicanos pobres que padecen hambre. Esta insensibilidad podría generar disturbios que se sumarían a las altas tasas de criminalidad.
A lo anterior se agrega la propensión de AMLO y algunos gobernadores morenistas a utilizar el poder político como patrimonio personal. En Puebla, por ejemplo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta viola impunemente la ley y usa a las instituciones de la administración estatal para golpear e intimidar a sus opositores, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos que exigen bienestar social para sus comunidades.
Barbosa ha creado un clima político de crispación y la entidad está al borde de un estallido social; desde que el morenista “asaltó” el poder, no ha pasado un solo día sin que declare la guerra a quienes exigen que cumpla sus promesas de campaña. Iracundo, la ha emprendido contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); contra médicos, alcaldes, dirigentes de partidos políticos de oposición y contra las organizaciones sociales y sus líderes. Todo esto le ha costado una caída brutal de su popularidad y a que sea considerado el peor de los gobernadores de México.
Hace unos días, Barbosa Huerta “se voló la barda” al ordenar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que persiga a los líderes antorchistas y les congele sus cuentas bancarias, todo ello sin ningún argumento legal. El motivo es transparente, pretende castigar al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) por encabezar al menos a medio millón de poblanos que denuncian sus injusticias y arbitrariedades. Barbosa y “su fiscalía” pidieron auxilio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto para concretar su venganza contra el MAN, sin importarles violar la ley.
Barbosa, Morena y la UIF, solapadas por AMLO, cometen un escandaloso acto de represión política contra una organización que tiene 46 años de existencia, más de tres millones de afiliados en sus filas y que siempre ha realizado sus actividades en el marco de la ley. Este abuso de poder se realiza hoy contra los antorchistas, pero mañana puede ser contra cualquiera que ose criticar a gobiernos demagógicos e ineptos como el actual. Es hora de integrar una fuerza social capaz de poner un alto al abuso de poder. Por el momento, querido lector, es todo.
Ahí está el Templo Mayor, que debe recordarnos la capacidad destructiva de un solo hombre.
El alcalde de Monclova, Mario Alberto Dávila Delgado, dio a conocer que la avanzada no hizo alto y chocó contra otro auto.
Lanzan petardos en Segob, se espera que las movilizaciones se intensifiquen durante esta semana.
En estos días de gobierno de la 4T está agregando a su forma de gobernar la política del miedo, de la represión política y la del terror mediático.
Hoy, la historia se repite, pero ninguno de los desastres registrados este año en esta entidad, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, sirvió de argumento para evitar la desaparición del Fonden.
Debido a que sus ingresos se han visto mermados, docentes miembros de la CNTE exigieron, entre otras demandas, un aumento salarial urgente y pensiones dignas.
En cuanto al gasto per cápita, de acuerdo con el mismo informe, México destina apenas mil 100 dólares por cada mexicano, 3.6 veces menos de lo recomendado por la OCDE.
La conjugación de dos fuerzas, la pandemia de Covid-19 y la política económica del gobierno de la 4T, es la causa de la doble crisis que sufre México en estos días; de un lado, la crisis económica y de otro, la crisis sanitaria.
La carrera del coronavirus es muy veloz y las acciones del Gobierno para frenarla, muy lentas. El sistema de salud en México está por debajo del estándar reportado por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda un médico por cada mil habitantes.
El Presidente de la República no es comunista ni socialista y es muy importante que el pueblo de México lo sepa para que no se deje engañar. En este artículo argumento por qué.
En su cuenta de Twitter, Loret de Mola difundió las características de este medio, el cual estará ubicado en México.
El proyecto de AMLO y Morena, como quedó claro desde la campaña electoral de 2018, no tiene pies ni cabeza.
Aun con la promesa de AMLO, expertos advierten que no hay bases para asegurar que está a punto de alcanzarse la autosuficiencia en la producción de combustibles y la satisfacción de la demanda interna.
Las razones de la denuncia son: la búsqueda del poder sólo por el placer de ostentar el mismo.
A la clase patronal se le exige muy poco: que colabore con un 3.15 por ciento del salario del trabajador.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).