La mayoría legislativa en el Congreso de Veracruz, perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se apresta a repetir la historia de revanchismos entre la clase política local, pues uno de los principales objetivos de su agenda “histórica” consiste en meter tras las rejas a todos los funcionarios yunistas que hayan incurrido en actos de corrupción, tal como lo están empezando a hacer contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz. 

Este proyecto, sin embargo, pudiera verse obstaculizado por las divisiones que desde el pasado cinco de noviembre, cuando se instaló la LXV Legislatura veracruzana, empezaron a advertirse entre los morenistas. Tres días después, en la primera sesión ordinaria del Congreso, se informó que estaría integrado por seis grupos legislativos: el de los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática: (MC-PRD); el de Acción Nacional (PAN); el del Revolucionario Institucional (PRI); el del Lado Correcto de la Historia, liderado por Gonzalo Guizar Valladares, aliado político de Morena; un grupo legislativo coordinado por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y otro coordinado por el diputado Amado Jesús Cruz Malpica. 

Estos tres últimos grupos, que en las elecciones actuaron en la coalición formada por el Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Encuentro Social (PES), entraron en disputa por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), es decir, por el control del mando político-parlamentario del Congreso. 

El grupo que encabeza Cruz Malpica, abogado oriundo de Coatzacoalcos e identificado al parecer con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, cuenta con siete diputados más: Adriana Paola Linares Capitanachi, Jessica Ramírez Cisneros; Cristina Alarcón Gutiérrez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, León David Jiménez Reyes, José Magdaleno Rosales Torres y José Andrés Castellanos Velázquez. 

El bando que lideran Gómez Cazarín –vinculado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y Eric Cisneros Burgos– tiene 17 más: Adriana Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo Silva, Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan Antonio, Ana Miriam Ferráez Centeno, María Candelas Francisco Doce, María Esther López Callejas, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Mónica Robles Barajas, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Eric Domínguez Vázquez, José Manuel Pozos Castro, Raymundo Andrade Rivera, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Henri Christophe Gómez Sánchez y Wenceslao González Martínez. 

Durante la segunda sesión, los morenistas rectificaron y dijeron que estos dos grupos se fusionarían en una sola bancada de 26 integrantes, y nombraron a Juan Javier Gómez Cazarín como titular de la Jucopo. Pero Gonzalo Guízar se mantuvo en su bancada y exigió formar parte del órgano rector del Congreso, a pesar de que solo representa a Florencia Martínez Rivera, Rubén Ríos Uribe y Erick Iván Aguilar López. 

En esa misma sesión, el pleno de la LXV Legislatura aprobó por unanimidad el nombramiento de Domingo Bahena Corbalá como nuevo Secretario General del Congreso del Estado, con vigencia hasta el cuatro de noviembre de 2021 y con la opción de reelegirse un periodo más. Este personaje es uno de los nuevos militantes de Morena. 

Bahena Corbalá fue presidente municipal de Jáltipan de Morelos y, en mayo de 2016, siendo secretario general del PAN, renunció a su militancia, inconforme con la designación del hoy gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se ha acusado reiteradamente de enriquecimiento ilícito. 

“Nos equivocamos Presidente, al permitir la inclusión de un personaje que hábilmente nos presentó una opción irreal de cambio, hemos fallado al anhelo libre e individual de los veracruzanos por tener un modo de vida diferente de vivir, donde la seguridad, el progreso y unión como pueblo nos permitiera vivir en paz y armonía en un estado que tiene todo para lograrlo (…) Cuando nos enteramos de las acusaciones respaldadas con fuertes evidencias de hechos presuntamente ilícitos de Miguel Ángel Yunes Linares, el PAN debió haber retirado el respaldo a la candidatura y debió haber iniciado el proceso de expulsión”, dijo entonces Bahena en una misiva que envió al entonces dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés. 

Otra figura política que ahora forma parte del Congreso Local y que tiene diferencias marcadas con Yunes Linares es la diputada del PT, Ana Miriam Ferráez Centeno. La empresaria radiofónica fue candidata del PAN-PRD a la presidencia municipal de Xalapa en 2017 y achaca su derrota al gobernador, porque éste no le brindó el apoyo que le había prometido. Ésa fue la causa por la que se afilió a los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. 

Por todo esto, los aliados de Yunes en el Congreso de Veracruz son cada día menos, incluso en la dirección estatal panista, que recientemente realizó su elección interna. El blanquiazul solo cuenta con 13 diputados; y la mitad de ellos jugó con Joaquín Guzmán Avilés, el candidato perdedor, quien contribuyó también a fracturarla. 

La agenda legislativa de la nueva mayoría: Jorge Winckler 

Conforme a los tiempos del Congreso, cada una de las fracciones ha presentado su agenda legislativa a seguir en este primer año. Si bien coinciden en la necesidad de mejorar y transformar al estado, los diputados de Morena y los partidos afines se enfocan en el combate a la corrupción y en los cambios en la estructura del gobierno veracruzano, empezando por la Fiscalía General del Estado. 

A nombre del grupo legislativo de Morena, Raymundo Andrade Rivera, representante del distrito de Coatepec, dio a conocer que el gobierno estatal centrará su atención en establecer un auténtico Estado democrático de derecho; en acabar con la corrupción y la impunidad; combatir la desigualdad y la pobreza y “fortalecer valores culturales, morales y espirituales”. 

El diputado Rubén Ríos Uribe, del grupo legislativo mixto del Lado Correcto de la Historia, adelantó que impulsarán la transparencia y la rendición de cuentas en los 212 ayuntamientos de la entidad; la profesionalización de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y el combate a los índices de pobreza, a fin de que haya igualdad de desarrollo para todos. 

El martes 13 de noviembre, durante la tercera sesión ordinaria, los nuevos diputados locales dieron entrada a la solicitud de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, petición que fue presentada por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), que acusa al funcionario de supuesta violación a los derechos humanos contra miembros de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. 

Otro personaje que ha solicitado al Congreso enjuiciar al Fiscal es el abogado veracruzano Jorge Reyes Peralta. A la par de la ONEA, el litigante presentó un escrito a los diputados morenistas Mónica Robles y Juan Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva, para que sean ellos quienes hagan la solicitud formal, que irá acompañada de las denuncias que presentó ante la Fiscalía General del Estado en contra del titular; contra el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio; contra el fiscal especializado en desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa y contra el propio gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. 

Reyes Peralta argumentó la presunta comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad, asociación delictuosa, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas, así como fallas en la administración de la justicia. A estas imputaciones se suman las críticas que el actual presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, hizo al fiscal veracruzano en estos dos años de la administración panista. 

“No parece un estado de transición (del PRI al PAN), cuando el Fiscal General, Jorge Winckler, radica en la casa del exdiputado federal Adolfo Mota Hernández. ¿Les parece una transición correcta? ¿No se supone que eran bienes recuperados para el estado de Veracruz? Los bienes se tienen que regresar al pueblo veracruzano, ésa sería una correcta transición, nosotros vamos a hacer una verdadera, no fingida”, opinó haciendo referencia a la residencia en la que vive el funcionario estatal en el municipio de Emiliano Zapata, supuesta propiedad decomisada por el gobierno panista. 

En el mismo sentido se pronunció el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien pidió que se investigue a detalle el origen de las propiedades de Winckler y su actuación, así como al propio Yunes Linares. “Es una situación ya platicada con la comisión nacional. Se tiene que investigar, reitero. Para eso los diputados federales, locales y el partido van a proceder también a hacer las denuncias necesarias y de corroborarse los hechos no queda más que en principio la denuncia del Fiscal y, evidentemente, que asuma la responsabilidad legal y administrativa que corresponde”, abundó. 

Por su parte, el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, aseguró que es obligación del Poder Legislativo iniciar el juicio político contra Jorge Winckler Ortiz; y en el caso de que éste proceda, se aplicará todo el peso de la ley. 

“Ya se ha comentado abiertamente en todos los medios este propósito, el cual de ninguna manera puede tomarse como vendetta sino como un acto de justicia. Aquí cabe hacer hincapié en que después de dos meses de haber perdido el fuero, exdiputados y anteriormente integrantes del gabinete duartista siguen libres. Winckler también sigue omiso en ese tema”, consideró el líder petista 

El tema de la remoción del Fiscal es un tema añejo que se cocina desde la anterior Legislatura veracruzana junto con el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez. El pasado 22 de octubre, Winckler Ortiz y Eric Cisneros Burgos, quien a partir de este 1º de diciembre asumirá la Secretaría de Gobierno, protagonizaron un pleito en redes, precisamente por la intención de destituirlo.  El Fiscal fue nombrado para dicha encomienda por un periodo de nueve de años –de los que lleva dos– al igual que su antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, hoy preso en el penal de Pacho Viejo. 

Entrevistado por buzos, el morenista advirtió que el Fiscal General no terminaría los siete años que le quedan en el cargo, pues le será aplicada la ley sin restricciones, toda vez que supuestamente no integró adecuadamente las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios duartistas. 

“Todos van a salir por mala integración de sus carpetas; con eso hoy nos queda claro que este señor Fiscal actuó por consigna para hacerlo así, porque hoy está resultando que ellos fueron los que le quitaron los bienes a los duartistas. O sea, dicho de una manera, un ladrón robó a otro ladrón así que no sé cómo calificar quién es más ladrón y van a seguir saliendo más, porque las cosas con el tiempo se van a ir descubriendo (…)”. 

Y siguió: “Este estado reclama justicia y hoy tenemos un fiscal de membrete, payaso, que no trabaja para los veracruzanos, trabaja solamente para una familia. Ustedes lo están viendo, un fiscal que se sienta a negociar junto con el fiscal anticorrupción, que es su empleado. Ése es el verdadero crimen organizado, el que se organiza desde la política y se sienta para negociar con lo que hicieron todas las tropelías en el gobierno de Duarte. Con ésos se estaba sentando, a ésos dicen que estaban combatiendo”, acusó. 

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Winckler respondió: “Si por investigar a Duarte y sus cómplices, diputados de Morena y Cuitláhuac pretenden vulnerar mi autonomía como Fiscal General del Estado, atacarme y amenazarme, me siento honrado”. Su texto fue acompañado por una imagen de la película Matrix. 

La documentación que soporta las acusaciones en su contra incluye un listado en el que figura la denuncia de haberle puesto por nombre Desaparecidos a un equipo de futbol de la Fiscalía; el haberse tomado una foto con los integrantes de este equipo, quienes sonrientes se hallan en la entrada de la fosa clandestina de Arbolillo y por haber dispuesto de los bienes del Estado para buscar al perro de la mamá del titular de la Coordinación de Comunicación Social, Elías Assad Danini. 

Los días de Winckler como Fiscal General del Estado, dicen los morenistas, están contados, al igual que los de otro personaje que buscarán remover: el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Edel Álvarez Peña, quien también es empresario de medios de comunicación. Si bien su encomienda concluye en 2019, su actuación está en entredicho a causa de los señalamientos que en su contra lanzó el exfiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras.  

Bravo Contreras presentó, el pasado 13 de noviembre, una denuncia contra él y contra varios jueces, el Fiscal General y otros funcionarios yunistas, por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, usurpación de funciones, asociación delictuosa, falsas denuncias e incumplimiento de un deber legal, cometidos durante su detención. 

Todos estos objetivos políticos de la agenda legislativa de Morena en el Congreso veracruzano son muy similares a lo que hace dos años el PAN, llevando como aliado al PRD, y con mayoría en el Congreso, emplearon para encarcelar en bloque a los exfuncionarios estatales priistas que los antecedieron. Hoy Morena, con el mando en las manos, pretende repetir la misma historia.