En febrero de 2006, la tragedia en Pasta de Conchos, municipio de Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros fueron sepultados vivos, sacó a la luz y a la vista de todo México la explotación y la negligencia extremas a que la clase empresarial tiene sometidos a los trabajadores en esa región carbonífera, donde la muerte, mutilación y enfermedad rodean a los trabajadores debido a las condiciones de inseguridad y a la falta de protección a que los obliga la actitud criminal de los empresarios; los mineros laboran con niveles de gas metano por arriba del límite de tolerancia, a muy altas temperaturas, sin ropa térmica, en túneles y pozos sin adecuada instalación eléctrica, sin hidrantes ni extinguidores y a expensas de los frecuentes derrumbes, explosiones e inundaciones subterráneas que son el pan cotidiano de los obreros y sus familias.

Tal situación ya era antigua en 2006, se remonta a las últimas décadas del siglo pasado; pero se tuvo que llegar al sacrificio de 65 vidas, a la muerte de 65 jefes de familia, para que la negligencia patronal y la complicidad de los gobiernos Federal y local fueran del conocimiento público y causara la indignación, la condena y la exigencia de frenar esa despiadada explotación y la cómplice indiferencia de las autoridades.

Muchas voces se han elevado para exigir justicia para las víctimas de Pasta de Conchos; las familias de los obreros muertos no han cesado en su lucha por que se haga justicia y se brinde la protección a los descendientes de los mineros fallecidos; y diversas organizaciones sociales se han solidarizado con ellas; sin embargo, pasados más de 15 años, las cosas no han cambiado, las condiciones terribles en que laboran los mineros del carbón son las mismas, la voracidad de los patrones persiste inconmovible y la indiferencia en los tres órdenes de gobierno permanece imperturbable, salvo algunas promesas cuyo cumplimiento aún está pendiente.

Después de Pasta de Conchos, un centenar de mineros ha perdido la vida en condiciones similares a aquella tragedia. La muerte de mineros no se detiene, los “accidentes” se suceden unos a otros; la cifra de los muertos aumenta año con año y no ocurre solo en el subsuelo, en los pozos y en los túneles; se extiende a las familias y a las comunidades a través de la contaminación ambiental y la negativa de la empresa responsable de indemnizar a las viudas y los descendientes de los mineros sacrificados por su calculada y fría irresponsabilidad. La explotación extrema, las condiciones inhumanas de trabajo, la negligencia patronal y la indiferencia cómplice de las autoridades confirma lo que desde las páginas de buzos se ha señalado: las muertes de los mineros del carbón en Coahuila no son accidentales, sino un crimen de los patrones, que evitan invertir la mínima suma para la protección de quienes producen los miles de millones en ganancias que anualmente se embolsan.