Los delitos sexuales y las desapariciones de menores han aumentado un 16 y 7 por ciento, respectivamente.
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La opinión de especialistas entrevistados y la consulta de importantes estudios han permitido que en el Reporte Especial de esta semana se hable de las causas de la trágica situación que hoy sufren miles de familias guerrerenses en Acapulco y varios municipios más, víctimas del desastre ocurrido por el embate del huracán Otis a fines del mes de octubre. El responsable de la tragedia no es sólo el huracán, porque la naturaleza no es la causa única de tan graves efectos sobre la población guerrerense; hay también responsabilidad de personas, instituciones y autoridades, es decir, existen causas sociales.
Entre las causas se encuentra la existencia de asentamientos en zonas de riesgo, probadamente vulnerables; y la falta de previsión, no unos días antes del huracán ni cuando el servicio meteorológico avisó de su llegada, sino imprevisión de mucho tiempo antes, desdeñando años de experiencia, de conocimiento de que estos fenómenos son frecuentes en la zona y desestimando los señalamientos de expertos que anticipaban la indefensión de los pobladores ante una catástrofe por la desaparición de los fondos destinados a enfrentarla.
La previsión y las acciones que implica no son responsabilidad de los afectados, quienes no tienen otra opción que subsistir en espacios peligrosos; es responsabilidad de los gobiernos anteriores y del actual. En este aspecto se enfoca el Reporte Especial, pero también en otro relacionado: el uso electoral del desastre, la raja política y la “politiquería”, como gusta decir el Presidente, pero no sólo de los opositores “neoliberales”, sino también del partido oficial, que se ha dedicado a hacer propaganda aprovechando la desgracia de los guerrerenses para beneficiarse en estos tiempos electorales.
No pasan muchos años antes de que salgan a flote los efectos de las decisiones erróneas relacionadas con la política general aplicada por un gobierno; en el caso de México, un rasgo fundamental de la política económica de la “Cuarta Transformación” (4T) ha sido el recorte a diversos renglones presupuestales, recorte anual que se lleva a cabo sobre los gastos más importantes para la marcha de la sociedad, por ejemplo, los destinados a educación, salud pública y protección civil.
Emparentado con este aspecto de la política económica existe otro: la extinción de fondos y fideicomisos, que en 2020 causó malestar y sensacional polémica entre los sectores afectados, dirigentes y especialistas en el tema y los defensores de la 4T, funcionarios de este gobierno o legisladores –que aprobaron los recortes y la supresión de dichos fondos–.
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ordenada por el Ejecutivo Federal y aplicada por la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados, según analistas que la criticaron, era incorrecta por desproteger a amplios sectores sociales frente a los peligrosos fenómenos naturales. Antes de que se cumplieran dos años de esta medida irracional, la naturaleza, sin ningún discurso, demostró de qué lado estaba la razón cuando, en varios municipios del estado de Guerrero, principalmente en Acapulco, joya turística de la economía mexicana, el huracán Otis causó los estragos más graves de los últimos años.
A través de su primera figura, la 4T no ha dejado de presumir la gran actividad que realiza “en apoyo a los hermanos de Acapulco”; pero no informa que contaría con algunos miles de millones de pesos más si no hubiera cancelado el Fonden y desviado estos recursos a sus programas “prioritarios” que, a decir de muchos analistas, tienen un objetivo electoral. Al disponer de un fondo de apoyo que no tenía derecho a tocar, el Gobierno Federal dejó indefenso al pueblo guerrerense y de todo el país ante estos imprevistos y ahora, en el presupuesto para el siguiente año, los damnificados de Otis están ausentes de los planes presidenciales. Irritado contra quienes afirman que el desastre en Guerrero comprueba que la extinción del Fonden era incorrecta, el Presidente no ha tardado en descargar su furia, fustigando a periodistas y críticos; sin embargo, no es posible soslayar la realidad: los guerrerenses viven una situación cada vez más difícil ante la falta de apoyo suficiente.
Los delitos sexuales y las desapariciones de menores han aumentado un 16 y 7 por ciento, respectivamente.
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Escrito por Redacción