El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha importante para reflexionar sobre lo que las mujeres mexicanas han logrado en la lucha por sus derechos, pero especialmente para seguir alzando la voz por lo que aún falta, incluso en nombre de esas voces que se han silenciado para siempre. Sin embargo, en los últimos seis años, se han registrado algunos retrocesos.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha estado marcado por controversias desde el inicio de su mandato, especialmente en lo concerniente a la lucha por los derechos de las mujeres. Ejemplo de ello fue el ocho de marzo de 2023, cuando en una conferencia de prensa, AMLO afirmó que su gobierno era feminista, declaración que contrastaba con su posición de 2020, cuando aseguró que el 90 por ciento de las llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres eran falsas, ignorando así los registros oficiales sobre el aumento de la violencia durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y generando gran indignación en el movimiento feminista.

AMLO tiene una evidente dificultad para atender los problemas de las mujeres mexicanas, ha acumulado múltiples episodios y declaraciones desafortunadas que ponen de manifiesto su escaso tacto frente a lo que se ha calificado como una pandemia mundial: la violencia contra las mujeres. 

En este sexenio se han alcanzado nuevos récords en cuanto a violencia de género, pero cuando se le cuestiona al mandatario sobre el tema, tiende a minimizar las cifras, siguiendo su costumbre de presumir que tiene “otros datos”.

Refugios para mujeres

Uno de los aspectos críticos de este gobierno es la atención a las mujeres víctimas de violencia, particularmente en lo referente a los refugios. Aunque AMLO afirmó en 2019 que el programa de refugios seguiría activo, sólo que bajo la tutela del Estado, la realidad es que en los presupuestos federales desde 2018 hasta 2024 no se destinaron recursos suficientes para este programa, provocando el cierre de refugios en todo el país, dejando a miles de mujeres, sus hijas e hijos supervivientes de maltrato a la deriva y sin protección.

La Red Nacional de Refugios, organización feminista con más de 24 años de labor, afirma que para las mexicanas el acceso a la justicia integral es casi inaccesible, ya que el 29 por ciento de las mujeres que han solicitado refugio en su Red previamente pidieron apoyo a instituciones como Fiscalías, Centros de Justicia para Mujeres y Ministerios Públicos; sin embargo, no fueron escuchadas y no se les dio protección, por lo que muchas regresaron con el agresor al no encontrar otra alternativa, lo que refleja la incapacidad del Estado para garantizar la vida y seguridad de las mujeres e infancias víctimas de violencia.

Mujeres desaparecidas

La problemática de las mujeres desaparecidas y los feminicidios siguen siendo un tema urgente en México. A pesar de los aparentes esfuerzos del gobierno por reducir las cifras de personas desaparecidas, persisten dudas sobre la veracidad de los datos y la efectividad de las estrategias implementadas. La reciente protesta de madres buscadoras de diferentes entidades frente a Palacio Nacional evidencian la frustración y la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

Un ejemplo es el caso de Esmeralda Castillo Rincón, a quien la han desaparecido en dos ocasiones: una en mayo de 2009, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la segunda en diciembre del año pasado. Su padre, José Luis Castillo, lleva más de una década buscándola y se une a las marchas feministas cada 8 de marzo, donde se le puede ver envuelto en lonas color rosa en su pecho y en su espalda con la foto de su hija, que está acompañada por el texto: “No me olviden, falto yo”. Recientemente denunció que el Gobierno Federal eliminó a su hija de la lista de personas desaparecidas, deteniendo los esfuerzos de búsqueda. Él no ha dejado de buscarla desde que, en 2012 su familia recibió un único hueso, que supuestamente pertenecía a Esmeralda. Y hoy la eliminación de las listas impide que las comisiones de búsqueda e investigación continúen su labor, dejando a la familia sin esperanza de que las autoridades contribuyan a resolver el caso.

El mapa interactivo de feminicidios

Pese a que el gobierno mexicano asegura que en 2023 hubo una disminución de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, en la Red Nacional de Refugios dicen tener otros datos; en enero y febrero de 2023 se presentó un aumento de ingresos de mujeres con sus hijas e hijos a los Refugios integrantes en comparación con el año 2022, del 13 y seis por ciento respectivamente y menciona que en los últimos seis años se han cometido 16 mil 570 homicidios dolosos contra mujeres y cinco mil 556 casos de feminicidio, siendo 2021 el año más violento contra las mujeres, niñas y adolescentes en este sexenio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta situación también ha sido registrada por la geofísica María Salguero, a través de su proyecto “Yo te nombro”, el mapa interactivo de feminicidios que ella creó para seguir la pista de las mujeres asesinadas en el país, y que puede consultarse en https://mapafeminicidios.blogspot.com/p/inicio.html. Lleva más de cinco años agregando cruces al mapa de México, una por una, con todos los detalles del caso, contando los feminicidios, pues dice que no hay que ser indiferentes ante la violencia. En el mapa, Salguero nombra a todas esas mujeres para que no sean sólo una cifra y desaparezcan entre números que aumentan diariamente; el último conteo marcaba la alarmante cantidad de 10 feminicidios al día. La base de datos es gratuita y se ha vuelto un referente consultado por periodistas, investigadores y hasta las mismas autoridades que al mismo tiempo no lo aprovechan para resolver la gran cantidad de casos pendientes.

Violencia vicaria

La violencia vicaria es un tipo particularmente cruel de violencia por sustitución, donde el agresor afecta a los seres queridos dependientes de la víctima principal, como sus hijas, hijos e incluso mascotas, llegando a provocarles la muerte para destruir emocionalmente a la víctima, especialmente cuando ella se ha separado de él. Este tipo de violencia recibe poca o nula atención del Estado, lo que se hace evidente sobre todo en los juicios de custodia donde habiendo denuncias por abuso hacia la madre no se les hacen peritajes psiquiátricos especializados a los maltratadores para prevenir que se deje a los menores expuestos a la violencia e incluso a la muerte a manos de un hombre que ya se ha demostrado que es violento.

La Red Nacional de Refugios menciona que en 2023, 114 niñas y niños no ingresaron con sus madres a sus refugios por estar retenidos por su padre agresor y agregan que el sistema de justicia en México es corrupto, permite la impunidad de los agresores y, pese a que se ha acreditado la violencia vicaria, sólo se ha logrado recuperar al 35 por ciento de los menores retenidos por un agresor.

Testimonios

María. Guanajuato. Tanto sus hijos como ella sufrieron abuso sexual por parte del padre y su familia. A pesar de denunciarlo ante la Procuraduría de la Mujer, el proceso resultó revictimizante y poco efectivo, archivaron el caso supuestamente por falta de pruebas. Le dijeron que no llevaba fotos de que los estuvieran violando, que aunque había pruebas médicas de las violaciones no podían saber quién los había violado, así que no iban a culpar a alguien inocente. Desesperada, la víctima intentó proteger a sus hijos mediante la vía civil, buscando eliminar la custodia del padre abusador para lo que el abogado le sugirió grabar evidencia del terror que mostraban los niños al ser obligados a ver a su padre. A pesar de estos esfuerzos, la ayuda prometida por el Instituto de la Mujer aún no se ha materializado, dejando a la víctima en espera del apoyo necesario.

Rosario Garduño. Atlixco, Puebla. Relata una situación desgarradora donde ha sufrido múltiples formas de violencia por parte de su expareja, un oficial de la Guardia Nacional, de la que ella también formaba parte; esta institución gubernamental en cuyas instalaciones también fue violentada, en lugar de castigar al perpetrador, parece encubrirlo y el sistema judicial ha fallado en proteger sus derechos y los de su hijo de dos años, dejándola en un estado de desamparo y desesperación. Increiblemente, a pesar de presentar pruebas de las malas prácticas y las mentiras de su expareja, los tribunales le han otorgado la custodia al agresor y dictaron medida de restricción contra la madre, sin evaluar ni garantizar su bienestar. Han transcurrido dos años y ella no ha podido ver ni saber nada de su hijo. Ha tocado diversas puertas ante autoridades como el Ministerio Público de Puebla, Procuraduría de Defensa del Menor de Puebla, Derechos Humanos de Puebla y en todos lados le han negado la ayuda, por lo que hoy se encuentra desesperada.

Cinthia. Chihuahua. Escapó del abuso que sufrían ella y su hijo a manos del padre extranjero quien ejerce poder y control a la distancia, ha evitado cumplir con la pensión alimenticia y se ha cambiado de ciudad para eludir la justicia. Ella ha tratado de tramitar documentación esencial para su hijo desde hace 10 años sin que los esfuerzos de los abogados puedan impedirlo. Esta situación ha afectado gravemente al hijo, quien ha perdido varias oportunidades. A pesar de encontrarse en su propio país no reciben la protección necesaria.

Atención a mujeres víctimas de violencia

Las mujeres que denuncian maltrato de pareja a menudo enfrentaron obstáculos, discriminación y enormes desafíos para obtener protección y justicia este sexenio, lo que las desalienta en la búsqueda de ayuda y perpetúa el ciclo de violencia. Las autoridades mexicanas encargadas de brindar apoyo, muestran falta de sensibilidad y capacitación en materia de género, además de una gran normalización de la violencia en la pareja. Hay gran cantidad de testimonios que reflejan las deficiencias en la atención y respuesta institucional ante estos casos.

Por ejemplo:

Laura. Estado de México. Miembro de una red de apoyo a mujeres víctimas de maltrato, relata dos casos que le tocó atender –uno en 2021 y otro 2022–, donde se evidencia una gran negligencia por parte de las autoridades, así como prácticas revictimizantes y culpabilizadoras en la atención a víctimas de violencia de género en el Estado de México. En el primer incidente, tras la llamada al 911, la policía indicó que alguien del domicilio debía salir a recibir la patrulla, pues ellos no podían entrar, a pesar de que se les indicó que la víctima estaba siendo golpeada por su pareja en ese momento y por eso había pedido ayuda a la Red, mostrando una falta de comprensión de la dinámica de la violencia doméstica. Además, posteriormente, al denunciar en el Centro de Justicia para la mujer de Amecameca, el abogado sugirió que la víctima perdonara al agresor y sólo pidiera una compensación para comprar una crema para los golpes, lo que refleja una ignorancia del ciclo de violencia y sus impactos. En el segundo caso, la encargada del centro de atención AMPEVIS en Ixtapaluca responsabilizó a la víctima de la privación de la libertad y abuso que había ejercido su pareja con el argumento de “¿pero qué quieres que hagamos?, es tu marido y tú te fuiste a entregar”.

Beatriz. Ciudad de México En 2020, al denunciar la violencia ejercida por su ex pareja, Beatriz se enfrentó a un proceso largo y doloroso de violencia institucional. A pesar de las denuncias, la obligaron a permitir que su hijo conviviera con su expareja en visitas supervisadas donde en una ocasión, lamentablemente, fue agredida físicamente por él en las mismas instalaciones del DIF. La negligencia de las autoridades en seguir el protocolo y su incapacidad para identificar a los verdaderos maltratadores fueron evidentes, como lo demostró la evaluación de la psicóloga del DIF que declaró que la víctima era emocionalmente inestable y que el agresor parecía el más capacitado para hacerse cargo del menor, a pesar de tener también una denuncia por abuso contra su hijo.

Rosa, Cuautitlán Izcalli Estado de México. En 2019 sufrió un intento de agresión sexual mientras dormía, por parte del vigilante de la fábrica donde trabajaba en el turno nocturno. Al denunciar el incidente a las autoridades correspondientes, fue discriminada y tratada despectivamente debido a ser una mujer de 50 años y a que el agresor era considerablemente más joven que ella. Durante el proceso, el abogado y la doctora a cargo le realizaron preguntas invasivas y poco pertinentes, minimizando la gravedad de lo sucedido. La revisión médica resultó aún más traumática, ya que la doctora no respetó su intimidad ni su dignidad, exponiéndola ante la mirada de otros y realizando procedimientos sin su consentimiento. Al final, a pesar de las promesas de acción por parte del abogado, no se logró justicia y enfrentó una experiencia tan traumática que optó por no retomar la denuncia después de que la pandemia detuviera el proceso, dejándola con una sensación de horror y gran desconfianza en el sistema de justicia.

Cynthia, Monterrey. Sufrió una forma de violencia poco reconocida pero devastadora: la violencia económica. Ella fue sometida por su exesposo a un control absoluto, obligándola a dejar su trabajo y despojándola de sus bienes. La situación escaló cuando la violencia física y psicológica se convirtió en parte de su realidad diaria. Con astucia, Cynthia logró escapar, pero tuvo que dejarle todo al agresor a cambio de su libertad y enfrentó nuevas adversidades cuando descubrió demandas de fraude en su contra incluso en otros estados de la República, resultado de las acciones de su exesposo, por ejemplo una orden de aprehensión en su contra. Fue despedida de su trabajo recien conseguido y se enfrentó a un bloqueo para su búsqueda de empleo formal, quedándose sin recursos económicos para salir adelante con su hijo. Aunque denunció la violencia económica, el sistema legal no le brindó el apoyo necesario, fue revictimizada y culpada. La falta de comprensión y seguimiento por parte de las autoridades aumentó su desesperación y miedo y llegó a pensar en el suicidio. Ha tratado de salir adelante de la forma que ha podido, pero vive con la incertidumbre constante y la carga de deudas injustas.

 

 

Inmujeres: recursos insuficientes 

En los últimos cinco años, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha tenido incrementos, sin embargo, han resultado insuficientes para atender las necesidades de las mujeres del país, según análisis de diversas instituciones, como Fundar, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), así como colectivos de mujeres. 

En los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) correspondientes, los recursos aprobados han aumentado. En 2022, al Inmujeres se asignó un presupuesto de 826 millones de pesos; en 2021, 830 millones de pesos; para 2020 le fueron asignados 873 millones de pesos; en 2023 operó con 926 millones de pesos, de los cuales, sólo ejerció 582 millones, según auditorías. Para este año, el Inmujeres dispone de 974 millones de pesos. 

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los propios colectivos de mujeres han denunciado que los recursos se destinan mayoritariamente a los programas sociales. Desde 2008, fue implementado en el PEF el Anexo Transversal 13, que destina recursos para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres, éste se institucionalizó en 2013 como Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

De acuerdo al PEF 2024, este anexo dispone de 419 mil 344 millones de pesos, mientras que en 2023 fue de 348 mil millones. Los recursos de este anexo se destinan para programas estratégicos, como promoción de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, de la Secretaría de Gobernación (Segob); al “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)” de la Segob, al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuentes: PEF 2020-2024

Múltiples denuncias. San Luis Potosí

Entre 2021 y 2023, en Salinas, San Luis Potosí, un agresor indigente y drogadicto, conocido por numerosos incidentes registrados, indica un patrón de violencia que no se está abordando adecuadamente; suele atacar principalmente a mujeres y niños. Detenido en 70 ocasiones, es siempre liberado a las pocas horas. El sistema legal parece incapaz de tomar medidas efectivas para detener a este individuo y se niegan a registrar adecuadamente las denuncias presentadas. Se identifican al menos 40 víctimas, algunas con secuelas serias. La negligencia de la Fiscalía, que trata a las denunciantes con desdén y propone conciliaciones inapropiadas, es especialmente preocupante. La falta de acción perpetúa un ambiente de peligro y temor para las mujeres y niños en la comunidad.

En resumen, al final del sexenio, la administración de AMLO ha acumulado una deuda considerable con las mujeres mexicanas en diversos aspectos, desde la atención a las víctimas de violencia de género hasta la búsqueda de justicia y eficacia en los procedimientos. Las voces de las víctimas deberían ser escuchadas y atendidas, y es responsabilidad del Gobierno Federal trabajar en conjunto con la sociedad para erradicar la violencia de género y garantizar la protección y la justicia para todas las personas afectadas, investigar y sancionar las prácticas negligentes y abusivas por parte de las autoridades responsables; sin embargo AMLO se ha negado a ver la cruda realidad que viven las mujeres durante su gobierno, minimizando la importancia de atender el problema al asegurar que sus denuncias no son más que ataques a su gobierno.