Los antorchistas lo dijimos mucho antes de que tomara posesión de la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador: el principal problema del país era (y sigue siendo) la injusta distribución de la riqueza. Nunca negamos que la corrupción existiera y que hubiera que combatirla, pero siempre sostuvimos que era un problema que, ni con mucho, causaba los estragos sociales que causa el hecho de que unos pocos mexicanos concentren una buena parte de la enorme riqueza que se produce en el país, mientras que la inmensa mayoría carece de lo más indispensable.

El abismo entre unos y otros es más ancho y más profundo ahora que cuando inició el sexenio de la “Cuarta Transformación” (4T). En los últimos dos años en los que azotó la pandemia y hubo crisis en los negocios, la fortuna de las 13 personas más ricas del país aumentó en 33.1 millones de dólares, mientras que 5.4 millones de personas cayeron en pobreza laboral. ¿Qué ha hecho la 4T para combatir la pobreza, la desigualdad social? Como no sea entregar ayudas para el bienestar a algunos sectores de la población, no ha hecho nada más y, esas “ayudas”, por su parte, nunca, en ninguna época y en ninguna parte del mundo, han acabado con la pobreza. Eso sí, aquí han servido para que los “Servidores de la nación” (morenistas a sueldo del Estado), hagan campaña electoral en favor de los candidatos de Morena.

Ahora, sobre el ataque del virus SARS-COV2, que no se ha controlado y ya hasta se anuncia una quinta ola de contagios y, sobre el ataque también, del aumento de los precios que cualquier ama de casa puede asegurar que va mucho más allá del 7.65 por ciento oficial, una nueva amenaza se cierne sobre los mexicanos más desamparados: la sequía por la que atraviesa el país. “Al 31 de mayo, más de dos terceras partes de los mil 694 municipios del país sufrieron condiciones de anormalmente secas a algún grado de sequía… reportó el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En total, precisó, 77.68 por ciento del territorio nacional enfrenta algún grado de sequedad” (La Jornada, 10 de junio).

Un 77.68 por ciento del país enfrentando “algún grado de sequedad”, es un porcentaje altísimo. No menospreciemos el dato. Esto significa, en lo inmediato, que la población no tendrá agua o ya no tiene la que necesita para la vida diaria con todas las consecuencias que esto conlleva; pero significa también que no habrá agua suficiente para los cultivos, las huertas y la cría de animales indispensables para la alimentación del ser humano, significa escasez y, por tanto, más aumento de precios en los productos básicos y, consecuentemente, más contracción de los magros ingresos de los mexicanos. Más pobreza.

Se reportan numerosas zonas en emergencia que esperan una respuesta de política nacional del gobierno de la 4T, ya que no es simplemente un problema municipal o estatal, se trata del 77.68 por ciento del territorio nacional, incluida la ciudad de México que es la urbe más poblada: “Debido a que por tercer año consecutivo el Sistema Cutzamala se encuentra por debajo del 20 por ciento de abastecimiento de la media histórica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está programando disminuir el abastecimiento de 15.3 a 14.1 metros cúbicos por segundo en la Zona Metropolitana del Valle de México” (El Universal, 10 de junio).

Como siempre, los pobres son los más afectados y, en algunos casos, los únicos afectados. Veamos lo que está pasando en la gran ciudad industrial de Monterrey mediante una nota del diario El Porvenir del pasado ocho de junio: “A partir de este miércoles, los alumnos entrarán treinta minutos antes y saldrán una hora y media más temprano de su horario habitual. Derivado de la restricción en el suministro de agua potable, la Secretaría de Educación en el Estado recortó los horarios en planteles de educación básica”.

Parece sensato, ya que nos ataca la sequía. Pero como todos los mexicanos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, completemos la información de Monterrey, seguro le parecerá a usted interesante: “Fuentes oficiales dijeron a EL NORTE que esta reducción de horarios es sólo para las escuelas públicas, pues los colegios privados tienen, en su mayoría, tinacos o cisternas para garantizar el abasto durante su jornada y no hay reportes de problemas para enfrentar los cortes de agua” (El Norte, miércoles ocho de junio).

Así de claro. Después de dos años de no asistir a la escuela por la pandemia, periodo en el cual los educandos perdieron hasta habilidades motoras, ahora recortarán dos horas de clases pero, solamente, las escuelas oficiales ya que “los colegios privados tienen, en su mayoría, tinacos o cisternas para garantizar el abasto durante su jornada y no hay reportes de problemas para enfrentar los cortes de agua”. No protesto ni discuto las facilidades que tienen los estudiantes de los colegios privados, me indigna que los niños y jóvenes de las escuelas públicas no tengan las mismas condiciones (el SNTE revela que 48 mil 667 escuelas necesitan reparaciones urgentes y más de 31 mil carecen de agua potable, informó Animal Político). Lo que vemos son las manifestaciones evidentes y claras de la injusta distribución de la riqueza que no combate de ninguna manera la 4T o ¿sirven para resolver esos agudos problemas las “ayudas” para el bienestar?

¿Y qué decir de las colonias en las que viven los obreros y sus familias? “A partir del sábado (cuatro de junio), por orden gubernamental, los municipios de la zona metropolitana de Monterrey y los de la periferia, comenzaron a recibir agua potable sólo seis horas al día, de las 4 a las 10 horas, medida que, además, tuvo una serie de errores en las primeras horas de su aplicación. El responsable de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, justificó que las fallas en el suministro eléctrico para mover las bombas de agua, el quiebre de tubos y las fugas que se presentan en la red, propiciaron que no llegara agua en las seis horas diarias establecidas (¡qué bonito!) lo que derivó en quejas y protestas ciudadanas”.

Pero, ¡ojo! Agua sí hay. Según declaró a La Jornada Elizabeth Barrón Cano, socióloga, investigadora y defensora del agua, el pasado ocho de junio, “15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales de agua en la entidad (en Nuevo León), entre ellas Femsa, cuando para uso doméstico sólo se destina un millón 33 mil 950 metros cúbicos… (y) Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Agua y Drenaje (AD) de Monterrey, ha dado a conocer que la iniciativa privada ocupa 54 por ciento del líquido del acuífero de la capital…”.

Pero solo se reduce el abasto de agua a las familias, que son en su gran mayoría, las familias de los trabajadores. Hasta el momento no se sabe de ninguna gran fábrica o empresa que haya tenido que limitar su actividad al 50 por ciento (así como a los niños se les ha obligado a reducir su jornada escolar) o, más aún, que solo vaya a recibir agua de seis a 10 de la mañana, (como se les ha impuesto a las colonias populares). Los gigantes de la generación de ganancias privadas siguen trabajando a toda máquina. Cosas de la distribución injusta de la riqueza y el papel del Estado, la 4T en este caso, que la garantiza. Y, aunque usted no lo crea, hay más todavía. La autoridad educativa de Nuevo León, muy mortificada por la falta de agua para los estudiantes, instruyó a los padres y madres de familia para que cada alumno lleve a clases un recipiente con al menos un litro de agua para su consumo personal, es decir, la autoridad se comide y aprovecha la emergencia para fungir como agente de ventas del agua embotellada de poderosas empresas que, seguramente, le quedarán muy agradecidas.

Como queda demostrado, conquistar una mejor distribución de la riqueza, no es tarea para los oligarcas, ni para sus servidores de la 4T, es tarea del pueblo organizado y consciente.