El país y Puebla viven años aciagos. El gobierno de “la esperanza y el progreso” que prometió a los poblanos quitar del poder a los mafiosos de siempre y gobernar en beneficio de los que menos tienen se ha convertido en una pesadilla por su ineptitud y sus frecuentes expresiones grotescas, las cuales están contribuyendo a que nuevas capas de la población despierten y participen en la vida política de la entidad, a la que el gobierno morenista está llevando a la debacle.

La irracionalidad y la ferocidad de la campaña persecutoria del gobernador Miguel Barbosa contra el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), al cual considera su “enemigo favorito”, no es nueva. Antes sufrió la ira de varios periodistas y de algunos dirigentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en particular de su rector Alfonso Esparza Ortiz. Pero en la coyuntura actual, nadie debe confundirse ni suponer que Antorcha enfrenta al gobierno nada más por capricho, ya que es necesario saber que varios miembros de la organización social están defendiéndose con todas sus fuerzas de una serie de agresiones injustificadas del gobierno morenista, que pasaremos a reseñar.

Barbosa ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) negar el registro al partido político en formación, el Movimiento Antorchista Poblano (MAP), con lo que retorció la ley y pisoteó los derechos de 40 mil poblanos que manifestaron su deseo de constituirse en partido local. El MAP cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos marcados por la legislación electoral vigente: afilió a más ciudadanos de los requeridos; realizó más de las asambleas distritales exigidas; registró militantes en más municipios de los solicitados; cumplió con todos los informes financieros y, pese a todo lo anterior, no obtuvo su registro legal porque el gobernador Barbosa no quiere competencia política en Puebla. ¿Ya se le olvidó que en una democracia, los puestos son transitorios y que debe garantizarse el derecho de todos a llegar al poder?

Demostrando una insensibilidad que da escalofrío, Miguel Barbosa emitió un edicto con el cual levantó una guillotina para cortar la cabeza de humildes trabajadores del volante, que no han logrado regularizar sus vehículos de transporte con la obtención de permisos. La mayoría cumplen con todos los requisitos legales, pero sus expedientes duermen el sueño de los justos en las oficinas de las autoridades del transporte. Durante años han trabajado como “tolerados”, pero no porque se nieguen a la regularización, sino porque la burocracia estatal no agiliza el trámite. La justicia que hoy pregona Barbosa consiste en amenazas de multas, cárcel, decomisos de vehículos y cancelación de licencias de conducir contra trabajadores que solo insisten en ganarse el pan honradamente. ¿A dónde está arrojando el gobernador a estos trabajadores, al anular su única fuente de empleo?

Desde abril de este año, Barbosa desencadenó una campaña de linchamiento mediático contra el Movimiento Antorchista en general y contra Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán en lo particular, a quienes, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto, acusa de múltiples delitos que solo existen en su mente calenturienta. Cuando la organización evidenció al gobernador al demostrarle que no aportaba ninguna prueba de sus dichos, enojado por el ridículo que hizo ante la opinión pública, arremetió otra vez ordenando el bloqueo de varias cuentas bancarias de los negocios de la organización. Con esta acción, Barbosa usurpó funciones del Ministerio Público y los juzgados, pues la ley dice que este tipo de acciones legales se ejecutan como castigo a infractores y solo son ordenadas por un juez después de declarar culpables a los acusados. ¿Dónde quedó el respeto al debido proceso? ¿Qué pasó con la presunción de inocencia que caracteriza al acusado como inocente hasta que no se demuestre lo contrario? ¿Queremos más pruebas del carácter inquisitorial de la administración barbosista?

El mandatario poblano muestra también su sevicia en la persecución contra otra luchadora social, la compañera Rosario Sánchez Hernández, a quien imputa el robo de despensas pese a que hay decenas de testigos que lo desmienten y que no tienen miedo de presentarse a declarar. Pero Barbosa pretende encarcelarla y, para ello, sabemos de buena fuente, ha coaccionado al juez para que dicte la orden de aprehensión no obstante que éste previamente había manifestado que las acusaciones eran inconsistentes. Abusos como éste convierten a la ley en papel mojado y los ciudadanos quedamos inermes ante los caprichos de los poderosos.

Para rematar el retrato del presidente del Santo Oficio poblano, el día nueve de septiembre, Barbosa lanzó un operativo formado con oficiales armados de la Fiscalía General del Estado (FGE) para allanar violentamente la Casa de la Cultura, quienes argumentaron que tenían instrucciones del gobernador para establecer en el inmueble una dependencia de la propia Fiscalía. En la práctica de ese allanamiento abrieron las puertas a golpes, atropellaron a todas las personas que encontraron a su paso y las desalojaron con lujo de violencia sin importarles que fueran niños o señoritas. Los jóvenes artistas de la colonia Balcones del Sur obedecieron y salieron a pedir el auxilio de los colonos, quienes situados en la acera de enfrente encararon a los agentes y les reprocharon sus atropellos. Como eran más los colonos, los violentos invasores abandonaron el inmueble. Como era de esperarse, semejante arbitrariedad cometida contra la niñez y la juventud poblana, que se interesa en cultivar las bellas artes, despertó la solidaridad de los artistas poblanos, que al unísono condenaron la acción descabellada y ominosa.   

Frente al grave envilecimiento que la justicia está padeciendo en Puebla, los antorchistas poblanos denunciamos que, desde que asumió el poder el gobernador Barbosa está actuando fuera de la ley, y advertimos que defenderemos la inocencia de nuestros dirigentes Juan Celis, Soraya Córdova y Rosario Sánchez con todas las armas legales a nuestro alcance. Ya nuestra protesta se replicó en las capitales de los cuatro estados circunvecinos: Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Tlaxcala. Todos los compañeros han declarado que están dispuestos y preparados para venir a Puebla a unirse a esta legítima defensa.