Veracruz es uno de los estados con mayor población indígena y afromexicana del país; pero también donde, además de ser los más pobres de la entidad, se les ignora; y hoy se les utiliza como botín político del gobierno estatal morenista.

Es cierto que ambos grupos étnicos cuentan con representación específica en el Congreso de Veracruz y que, en el discurso político-electoral, se alude a ellos como baluartes de la nacionalidad mexicana; pero en la vida cotidiana enfrentan graves carencias de servicios públicos básicos en todas las regiones de la entidad, como lo prueban las nuevas cifras de pobreza en el estado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en Veracruz habitan 663 mil 503 indígenas reconocidos como tales, que aún hablan alguna de las lenguas prehispánicas y representan el 8.6 por ciento de la población estatal. Esta cifra ubica a la entidad en el décimo sitio según su población indígena.

En la entidad hay indígenas chinantecos, huastecos, popolucas de la sierra, sayultecos, mazatecos, nahuas, tepehuas, olutecos, otomíes, texistepequeños y totonacos. La mayoría radica en la región de las Altas Montañas, el Totonacapan y en municipios como Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tlaquilpa, Tlilapan, Zongolica, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo y Pajapan, entre otros municipios.

Varios estudios estadísticos y antropológicos revelan que la población indígena veracruzana ha disminuido, pues en 1995 era el 10 por ciento de la población; pero en 2015 bajó a 9.2 por ciento. Esta reducción se debe, en gran parte, a que la pobreza los obliga a migrar.

215 mil 435 veracruzanos se reconocen como afromexicanos, cifra equivalente al 2.7 por ciento de la población total de la entidad, lo que la sitúa en el sexto lugar con más afromestizos del país. Los municipios veracruzanos con más afromexicanos son Alto Lucero, Yanga y los ubicados en la cuenca del Papaloapan.

Estas demarcaciones son también las más pobres del estado. Entre ellas destacan Soledad Atzompa, considerado el décimo municipio más pobre de Veracruz; y Atlahuilco, el decimoséptimo; información contenida en los Cuadernillos Municipales de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SFP) ubica a ambos en la Sierra de Zongolica. Benito Juárez, en la Huasteca Baja, se halla en la posición 26; e Ixhuatlán de Madero, en la 33.

En agosto de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) clasificó a Veracruz como uno de los cinco estados más pobres del país durante 2022, ya que 13.1 por ciento de sus más de ocho millones de habitantes se encuentran en pobreza extrema.

Si bien la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 24.4 a 21.6 en 2022, casi la quinta parte de la población veracruzana padece hambre; la población sin acceso a servicios de salud pasó de 32 por ciento en 2020 a 48.3 por ciento en 2022; es decir, aumentó en un millón y medio; y el año pasado, poco más de cuatro millones de veracruzanos no contaban con atención sanitaria.

Además, la población vulnerable en ingresos pasó de 5.9 por ciento en 2020 a seis por ciento en 2022, cifra porcentual equivalente a casi ocho mil personas en únicamente 24 meses. La población con al menos tres carencias sociales creció poco más de tres puntos porcentuales, pasando de 36.8 a 39.1 por ciento, por lo que ahora hay más de tres millones 200 mil veracruzanos en esta situación.

La población vulnerable por carencias sociales aumentó de 21.7 a 26.7 por ciento; es decir, ahora hay dos millones 193 mil veracruzanos en esa condición. La mayoría de ellos son indígenas y afromexicanos.

Popolucas, sin acceso a la salud

Hace más de 14 años, en el municipio de Soatepan, situado en la Sierra Sur de Veracruz, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) inició la construcción de un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA); sin embargo, el gobierno estatal morenista se niega a concluir esta obra a pesar de que solamente le falta el 40 por ciento.

Este centro de salud atendería a más de 35 mil personas (en su mayoría indígenas) en distintas áreas médicas, entre ellas ginecología, pediatría, servicios auxiliares, laboratorio de análisis clínico, rayos X, ultrasonido, detección del cáncer y farmacia.

Tito Ramírez García, representante del MAN en Soteapan, recordó que los exdiputados federales del MAN lograron etiquetar recursos financieros para la conclusión de esta obra, pero el gobierno estatal veracruzano encabezado por Cuitláhuac García Jiménez los subejerció.

“La actual administración regresó el dinero a la Federación, es negligencia. Creemos que realizaron esto porque el municipio de Soteapan no votó mayoritariamente por Morena. Al inicio de la administración de Cuitláhuac entregamos un pliego petitorio y él se comprometió a priorizar la demanda. Después de eso sólo ha habido cerrazón total por parte de su gobierno”, detalló.

El líder social reveló que la clínica más cercana a las comunidades indígenas se encuentra a más de 40 kilómetros; “ahora mucha gente se muere porque no hay médicos, no hay medicinas y no se promueve la atención a la salud de manera general”, abundó.

Leodegario Ramírez, indígena afectado por la obra inconclusa, exigió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y al gobernador de Veracruz, que terminen la construcción del centro médico, ya que algunos enfermos deben trasladarse a Tonalapa, a Coatzacoalcos o a la capital del estado, Xalapa, que se halla a casi 400 kilómetros de distancia.

“Como somos familias de escasos recursos, a veces no tenemos para trasladar a nuestros enfermos a un hospital y se nos mueren sin recibir atención médica ni medicamentos”, añadió.

El diputado local Bonifacio Castillo Cruz, solicitó, hace varios meses, a la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (JPJ) del estado de Veracruz, que revise los expedientes de varios indígenas privados de su libertad debido a malas prácticas de judiciales.

Su demanda incluyó el envío de un informe al Congreso de Veracruz de cuántos miembros de los pueblos y comunidades indígenas se hallan en los 17 centros de reclusión vinculados a procesos penales o cumplen sentencias condenatorias sin defensores que hablen su lengua materna y sin que sean considerados los usos y costumbres, con base en los Artículos 410° del Código Nacional de Procedimientos Penales y 84° del Código Penal del estado de Veracruz.

Castillo agregó que muchos indígenas purgan sentencias pese a haber obtenido el beneficio de preliberación contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal; y denunció que a muchos de ellos se les vincula a proceso sin pruebas suficientes o contundentes de que cometieron los delitos imputados.

Destacó, asimismo, que la mayoría de los indígenas en reclusión desconocen que tienen derecho a solicitar amparos, a los beneficios de la preliberación y sanciones no privativas de la libertad, como la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas y preliberación por criterios de política penitenciaria establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Al cierre de esta edición, el exhorto del legislador no ha sido sometido a la consideración de los 50 diputados locales veracruzanos.

Un afromexicano en precampaña

En marzo pasado, el Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, inició la publicidad de su libro La Negritud en Veracruz, de Coyolillo al Sotavento y a promoverlo con pintas de bardas, espectaculares, lonas y medallones de autobuses de pasajeros.

“En Veracruz trabajamos de forma incansable para garantizar la inclusión social plena de los pueblos afroveracruzanos, por lo que con ese ánimo presento mi cuarto libro”, anunció el funcionario cuando difundió su texto en el Encuentro Cultural del Orgullo Veracruzano organizado en el municipio de Yanga, con actividades artísticas y culturales, el Desfile de Carnaval Afrodescendiente y un Conversatorio en el que asistió como invitada especial la senadora morenista Susana Harp Iturribarría.

“Me siento muy contento por este trabajo editorial, va dirigido fundamentalmente a los jóvenes. Es un libro para que conozcan la historia de cómo llegaron los esclavos africanos a tierras veracruzanas, cuáles son las principales comunidades afrodescendientes y la trascendencia de la negritud hasta nuestros días. Quise hacer este libro para seguir un beneficio social, que las utilidades económicas de su compra sean destinadas para apoyar a nuestros pueblos originarios así como al Consejo Afro de Veracruz”, afirmó.

El libro fue presentado en varios municipios del estado, incluso en la histórica fortaleza de San Juan de Ulúa. En Yanga, según el autor, asistieron a la presentación alrededor de 15 mil personas.

“A quienes les molesta nuestro tono de piel, debieran sentirse en deuda por tanto sacrificio ofrendado por nuestros ancestros para tener privilegios que nunca se habrían gozado sin nuestra lucha por las libertades”, aclaró en esa ocasión.

Por lo anterior, Federico Salomón Medina, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, y Ana Cristina Ledezma López, representante de ese partido ante el Organización Público Local del Estado (OPLE), denunciaron, el 11 de julio pasado, la promoción del libro de Cisneros Burgos como actos de precampaña electoral; y utilizaron fotografías y videos de la presentación del libro del funcionario estatal como pruebas.

Sin embargo, el OPLE declaró improcedente la queja y se negó a retirar espectaculares, lonas y bardas pintadas, así como toda publicidad en unidades de transporte público; además, anunció como improcedente imponer medidas cautelares para que el Secretario de Gobierno se abstenga de promover su precandidatura al gobierno estatal, de cara al proceso electoral de 2024.

El 31 de julio, durante la última sesión del segundo periodo ordinario, el Congreso Local emitió un decreto que reconoce la identidad nacional de los pueblos afromexicanos. La Mesa Directiva informó que 75 ayuntamientos enviaron su Acta de Cabildo en sentido positivo y que, para el caso de los otros 136 ayuntamientos, se actualizó el supuesto de la afirmativa fáctica, porque transcurrieron los 30 días naturales posteriores a su recepción sin que notificaran al respecto. El ayuntamiento de Coetzala remitió el acta en la que consta su voto en contra.

El Artículo 5° de la Constitución Política local de Veracruz dice que: “El estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios y sus diferentes expresiones lingüísticas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres, en los términos que establezca la ley, otorgando la garantía más amplia en el acceso a la justicia y la participación ciudadana. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del estado”.

Esta redacción fue aprobada por el pleno del Congreso de Veracruz el pasado siete de junio, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la Acción de Inconstitucionalidad 210/2020. Con esto, se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución del Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEV) del 24 de junio, con lo que el OPLE deberá reanudar de inmediato la consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes en el estado de Veracruz, de acuerdo con el expediente SUP/REC/231/2023.

Esta consulta busca propiciar acciones afirmativas en materia de representación político-electoral y para convocar a los ciudadanos interesados en participar en labores de observación electoral. En un comunicado oficial, el OPLE difundió que respetará el dictamen del TEPJF y que se abstendrá de efectuar las etapas de la consulta, incluida la informativa que se desarrolló el 24 y 25 de junio.

La administración estatal morenista declaró que a través de su Secretaría de Desarrollo Social (SDS) ha beneficiado a 241 mil 857 habitantes de los pueblos originarios con los 696 mdp que ha invertido en la ejecución de más 60 mil 200 acciones públicas de toda índole.

“Hoy este sector experimenta una mejoría en su alimentación y economía gracias a la comercialización de productos que elaboran o cosechan en familia o pequeñas cooperativas”, afirmó el titular de la SDS, Guillermo Fernández Sánchez, en una reunión con mujeres de la cultura téenek (huasteca) en la localidad Palma Alta de Tantoyuca.

Entre las acciones realizadas, el gobierno estatal citó la organización del grupo Mujeres Emprendedoras del municipio Benito Juárez, a través del cual ha impulsado 127 proyectos productivos y Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria este año; 33 huertos para el cultivo de hortalizas y la crianza de aves de corral, cuyas labores pueden propiciar la creación de negocios femeniles y fortalecer el autoconsumo en sus hogares.

Sin embargo, los resultados de estas acciones no se han reflejado en la realidad socioeconómica de las comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz y los números del Coneval revelan lo contrario… aunque probablemente sí encuentren expresión en los procesos político-electorales.