Más de dos mil migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica, se encuentran hacinados, en situación muy precaria y expuestos a la violencia y a las extorsiones del crimen organizado en un campamento cercano a la garita peatonal de El Chaparral y a unos metros del cruce fronterizo de San Ysidro, California.

“Además, hay que guardar un poco (de agua) para asearnos, porque eso es lo que más nos peleamos aquí”, agrega Esmeralda, una de las más de dos mil migrantes que habitan en el campamento de las inmediaciones de El Chaparral, que se halla al aire libre y empezó a formarse en febrero de 2021 con personas originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también del interior de México (Guerrero, Oaxaca y Michoacán) y algunos haitianos que ya residían en la ciudad. Es un espacio que en los últimos meses refleja la reciente política migratoria fallida e inhumana del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.); fallida porque no ha logrado disuadir la migración de Centro América e inhumana porque propicia el hacinamiento y mayor vulnerabilidad en miles de migrantes de todos los géneros y edades.

Esta situación viene condicionada por la complicidad con las autoridades del gobierno de México, que se preocupan más por bloquear tanto la frontera norte como la sur para complacer a sus homólogos de EE. UU. y no se preocupan por que estas personas, que viven en total abandono físico y moral, reciban alimentos, mientras esperan una respuesta a su demanda de asilo en el país vecino. La única atención que reciben, proviene de las organizaciones sociales.

Los migrantes habitan en tiendas de campañas, la mayoría donadas por asociaciones civiles, ciudadanos que los apoyan desinteresados y otras adquiridas por ellos mismos. Los tenderetes se apilan en la explanada de El Chaparral, expuestos al calor que en estos días suele aumentar. En cada uno viven de cinco a siete personas, por lo general familias completas en las que hay al menos uno o dos menores.

Solo cuentan con ocho baños portátiles, por cuyo uso deben pagar; cuentan con una sola toma de agua de la que disponen para lavar ropa y utensilios de cocina, asearse y cocinar. La alta demanda del líquido vital ha resultado en protocolos para evitar conflictos y mantener el orden.

En días recientes, los migrantes se organizaron para habilitar una cocina comunitaria donde puedan proveerse de alimentos sin tener que trasladarse hacia las calles de la ciudad en donde algunos se sienten amenazados. Varios han montado pequeños negocios de comida en los que ofrecen platillos típicos de sus países para así poder obtener algunos pesos. Otros viajan al centro o al norte de la ciudad en busca de alguna labor que les rinda sustento económico como lavar carros, recoger basura, limpiar casas, entre otras actividades.

Extorsiones y amenazas

Rafaela es originaria de El Salvador y vive en El Chaparral desde hace más de cuatro meses. Anteriormente deambuló por varios albergues; pero en algún momento pensó que cerca de la línea fronteriza había más opciones para tramitar su asilo rápida y efectivamente.

Sin embargo, hoy se expresa arrepentida por esta decisión, porque no se imaginó que ahí tendría que sortear una cantidad de sucesos que solo le provocan miedo y desconfianza, además de someterla a más ajetreo cotidiano. Incluso tiene que salir de ahí, pero ahora los albergues están saturados y no ha podido encontrar otro refugio.

Rafaela ha sido amenazada dos veces por personas que identifica como El Gato y El Cholo, presuntos cabecillas de un grupo que pretende controlar el campamento mediante extorsiones, amenazas y abusos contra quienes habitan en él. Pese a las denuncias de los migrantes ante las autoridades, éstas no han resuelto nada contra los delincuentes.

Rafaela piensa que los policías están coludidos con este grupo, que se dedica a la ejecución de actividades ilícitas fuera del campamento. “Los hemos visto juntarse con otras personas que luego vienen y se acercan al campamento, que no viven aquí; pues quién sabe qué es lo que platicarán, como si les dieran órdenes; porque cuando eso sucede, luego viene ese mentado Gato y nos dice que ahora las cosas van a ser así… eso pasó cuando nos comenzaron a cobrar por usar los baños”, lamentó.

La señora Josefina confirma este argumento con la experiencia personal de su hijo, un joven de 16 años al que, desde hace varias semanas, han acosado con amenazas por celular. Cuenta que desde que llegaron al campamento, estas personas han intentado atraerlo con insinuaciones sobre su aspecto y halagos para ganarse su confianza. Incluso le consiguieron un celular para enviarle mensajes en los que lo halagaban, que lo querían conocer y demás. Josefina cree que ésta era una forma de vincularlo al trabajo sexual, como asegura que está sucediendo con otras personas al interior del campamento. “Hemos sabido de muchachitas que así se las han llevado. Vienen y les traen regalos, les dan dinero y luego se las llevan a trabajar a los centros nocturnos de la zona norte”, denunció la señora.

Entrevistado en torno a estas denuncias, las cuales han trascendido a los medios de comunicación, el delegado federal Alejandro Ruíz Uribe declaró no tener ningún conocimiento sobre ello, negó la existencia del grupo y sus líderes, ya que la Guardia Nacional había revisado el campamento y no hay nada negativo.

José Luis Pérez Canchola, director municipal de Atención al Migrante, reveló ante medios locales de comunicación que efectivamente existe una situación de delincuencia que afecta a los migrantes, quienes huyen de la violencia en sus lugares de origen y viajan a la frontera norte en busca de trabajo y paz; pero en Tijuana, en lugar de hallar tranquilidad, enfrentan mayor vulnerabilidad.

El funcionario municipal reconoció que el “cobro de piso” o las extorsiones son las acciones que más padecen los migrantes de El Chaparral; sobre todo porque varios de ellos trabajan en pequeños comercios, mercados sobre-ruedas y otros espacios donde prolifera este delito.

Lentos trámites de asilo

Las organizaciones de la sociedad civil promigrantes han solicitado la intervención de los gobiernos municipal, estatal y Federal para atender y apoyar a los migrantes, ya que los trámites de asilo del gobierno estadounidense resultan muy lentos y difíciles de sortear, situación que ha empeorado con el actual presidente de ese país, Joseph Biden.

En un comunicado que compartió con buzos, el Comité de Bienvenida de California (CBC), que congrega a diversas asociaciones civiles de Tijuana y San Diego, destacó que las dificultades para obtener el asilo en la nación vecina exponen a una situación cada vez más peligrosa a los migrantes estacionados en la frontera norte.

La organización Human Rights First documentó un informe del pasado 23 de agosto en el que denuncia “al menos seis mil 356 secuestros, asaltos sexuales, y otros ataques violentos contra personas rechazadas en puertos de entrada o expulsadas a México desde que el presidente Biden asumió su cargo”.

“Tan solo en nuestra organización, en los últimos tres meses, hemos visto morir a tres personas varadas en Tijuana, una por violencia y dos por motivos de salud que no pudieron ser atendidos porque vivían en un campamento insalubre (El Chaparral), abandonado por ambos gobiernos y sin acceso a servicios de salud. Estas muertes pudieron y debieron ser prevenidas”, lamenta Judith Cabrera, codirectora de la organización Border Line Crisis Center.

Dulce García, directora ejecutiva de Border Angels, revela en ese documento: “hemos visto muertes en el desierto, en los albergues y en el campamento en Tijuana mientras la administración de Biden sigue manteniendo cerrada la puerta a solicitantes de asilo”.

“Cientos de niñas y niños siguen en riesgo, mientras viven en carpas en las calles de nuestro puerto de entrada de San Ysidro; vulnerables y desesperadas por sobrevivir, las personas migrantes intentan cruzar la frontera por el desierto y el océano, arriesgando sus vidas porque el campamento y México no son seguros para ellos ni sus hijas e hijos”.

La activista destacó que muchas familias les reportaron que han sobrevivido a secuestros, violaciones y otros incidentes violentos mientras esperan en México, por lo que instó a las autoridades estadounidenses a acelerar los procesos de asilo.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, quien tomó su cargo el jueves 30 de septiembre, declaró ante los medios de comunicación que los problemas del campamento de El Chaparral serán un asunto prioritario en su gestión y previó que en próximos días hará un recorrido personal para atender las demandas y necesidades de los migrantes.

Las personas que residen en el campamento contaron a buzos que este discurso les brinda al menos una esperanza de ser atendidos, ya que hoy viven en el desamparo, la incertidumbre y expuestos a la violencia que incluso permea ya en el interior mismo del campamento.

“Ahorita estamos a como Dios manda, buscando un poco de aquí y de allá. Esperamos que estas nuevas autoridades sí vengan y sepan lo que aquí está pasando, porque uno no puede estar huyendo de la violencia para encontrarse más violencia, sobre todo porque aquí tenemos muchos niños”, dice Josefina.