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El grupo Guacamaya es un conjunto de hackers centroamericanos, definidos por el siguiente lema: "No somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza". El colectivo está enfocado en infiltrarse en empresas mineras, petroleras, policías y diversas agencias reguladoras latinoamericanas desde principios de 2022.
Los ataques de Guacamaya iniciaron el 6 de marzo de este año con un hackeo a los sistemas de comunicación del Proyecto Minero Fénix en Guatemala. El 1 de agosto filtraron una serie de documentos de empresas mineras y petroleras de Chile, Ecuador y Colombia. Apenas una semana después filtraron cinco mil gigabytes de correos pertenecientes a la Fiscalía de Colombia. El 19 de septiembre publicaron cerca de cuatrocientos mil correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas.
En México compartieron diversos documentos a Carlos Loret de Mola, mismos que fueron presentados por el portal Latinus, con la intención de revelar información del Ejército en Chile, además de la vulnerabilidad de los servidores de la milicia de El Salvador, Colombia, México y Perú. Las filtraciones de Guacamaya que han recibido el nombre de Sedena leaks, equivalen a aproximadamente seis terabytes de información, y han sido difundidas desde hace varios días por medios como Latinus, Proceso y Animal Político.
Entre las revelaciones más sobresalientes de los últimos días destacan documentos relativos a la salud del presidente, el caso Ayotzinapa, los vínculos del Gobierno de México y personalidades del gobierno en turno con el narcotráfico. Son millones los documentos que, en algunos casos, ponen contra las cuerdas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien salió a decir que su mañanera se extendería a los fines de semana, en vista de que los medios de comunicación “le están ganando la narrativa”.
De la histórica filtración de información por parte de los hackers latinoamericanos podemos extraer muchas lecturas, una de ellas, la más retomada por los medios nacionales e internacionales, es la postura de criminalizar sin ningún tapujo las acciones de Guacamaya. Criminales, ciber piratas, entre otros calificativos, son los que abundan en la redacción de los portales de noticias que siguen difundiendo la información que los criminales les entregaron. Sin embargo, tratar al hacktivismo como un acto de criminalidad, sin detenerse a ver el porqué de la inconformidad de los manifestantes, es un acto de irracionalidad igual o más criminal que los juicios a las brujas de Salem.
Hay entre los hackers un manifiesto escrito en 1986 por el experto en seguridad informática, Loyd Blankenship, un texto que además de sintetizar muy bien la personalidad llena de rebeldía y cierta vanidad del autor, deja claros varios puntos relativos a cómo el hacktivismo se ha ido conformando, e indicando las intenciones de un hacker dedicado al activismo, pues éste debe “sobrepasar sus deseos egoístas de explotar o dañar a otras personas, y utilizar la tecnología para ampliar nuestros horizontes y tratar de mantener el mundo libre”.
“Mi crimen es ser más inteligente que tú, cosa que nunca me perdonarás”, reza al final el manifiesto de Blankenship, algo que aplica totalmente en la postura que algunos gobiernos “democráticos”, como el norteamericano, han tomado contra algunos hacktivistas o “piratas informáticos”, como Julian Assange y Wikileaks. Y bajo la etiqueta de criminal es que hoy la cabeza de Assange depende de la picota norteamericana.
Guacamaya ejerce una manifestación catalogada por algunos como crimen, algo que convendría discutir por la tremenda complejidad del asunto. Pero hay un crimen también por parte de algunos gobiernos latinoamericanos y también de la 4T al descuidar tanto la información y los intereses de nuestro país. Según la National Cyber Security Index 2022, México está en el lugar 84 de 160 de los países y sus medidas de seguridad implementadas por los gobiernos centrales de las naciones. La compañía de ciber seguridad Fortinet reveló que al primer semestre del año los países de América Latina y el Caribe sufrieron 137 mil millones de intentos de ciber ataques, de los que México recibió 85 mil millones, convirtiéndose en el país con más intentos de quebrantamiento. ¿No debería la 4T absorber parte de la responsabilidad ante tremendo descuido en la información más importante de nuestra nación?
A esto no hay que dejar pasar el hecho de que el Estado mexicano hizo uso de exclusivas herramientas de inteligencia y espionaje para vulnerar la privacidad de luchadores sociales, periodistas y activistas. Claro, al crimen de vulneración de información personal se sumarán todos los escándalos que llegarán no solo a poner sobre las cuerdas al presidente de nuestro país, sino que, estoy seguro le pondrán la primera capa de tierra a la 4T… pero de momento no quisiera perder mi punto, el hacktivismo de Guacamaya, tiene un trasfondo interesante y nada despreciable, la oposición a proyectos de daño ambiental como lo es el criminal Tren Maya del Presidente, que conllevará la destrucción de hectáreas de reservas naturales y cenotes, un daño irreparable al patrimonio natural de todos los mexicanos por el beneficio de unos cuantos.
Guacamaya vulneró la información de México, sí, por culpa de una administración que ni eso quiso tomarse en serio, pero en realidad no violó los intereses del país, sino exhibió los intereses más ruines de un régimen que en el discurso juró ser distinto a los anteriores, pero en los hechos y en las filtraciones resultó ser peor.
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Escrito por Óscar Manuel Pérez
Licenciado en Comunicación por la UNAM.