Investigaciones realizadas por la Fiscalía de Justicia de Jalisco confirmaron que, desde julio de 2017, el gobierno de Jalisco tenía conocimiento de varios centros de entrenamiento y exterminio operados por un grupo criminal originario de ese estado. En cuanto al campo de exterminio ubicado en el municipio de Teuchitlán, este fue identificado por elementos federales de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano desde septiembre de 2024, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe de las fuerzas militares, entregado al Gobierno Federal, indicó que, en 2017, en el Rancho Izaguirre fue encontrada una persona sin vida, dos más privadas de su libertad; así como un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada de mano y chalecos tácticos. También se enlistó la detención de 10 presuntos plagiarios.
Según el informe, las acciones se llevaron a cabo durante "recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán", tras recibir una denuncia ciudadana. A pesar de las pruebas recabadas y la detención de los presuntos responsables, el Gobierno Federal no continuó con la investigación del terreno ni realizó una inspección exhaustiva del lugar, sólo se limitó a publicar un comunicado de prensa aún disponible en la página oficial del Gobierno de México.
Recientemente, el Gobierno Federal deslindó responsabilidades sobre el rancho y acusó a los gobiernos locales de omisiones. El pasado 11 de marzo, durante la conferencia de prensa de la actual presidenta de México, de extracción morenista, Claudia Sheinbaum, el titular de la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que "no es creíble que las autoridades ignoraran crematorios clandestinos".
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Sociedad anónima
Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.