En agosto de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira por municipios mineros del semidesierto de Zacatecas, allí anunció que el fondo minero, conformado por impuestos que pagan las empresas dedicadas a la extracción de minerales, se entregaría de manera “directa” a los habitantes de pueblos mineros del país. “Que no pase ese dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales, porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino. Ése es un planteamiento que se está haciendo”, subrayó entonces.

Casi cuatro años después de aquella visita, los habitantes de varios municipios mineros no han recibido ni un peso de ese fondo que el Presidente prometió entregar de manera directa. Los municipios tampoco han recibido recurso alguno, razón por la que han alzado la voz; uno de ellos es el alcalde morenista de Fresnillo, Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y del senador Ricardo Monreal.

Así, por cuarto año consecutivo, el Gobierno Federal ha dejado al estado de Zacatecas sin estos recursos, que hasta 2017 sumaban más de 700 millones de pesos por año, que se asignaban a los municipios de Fresnillo, Pánuco, Vetagrande, Mazapil y Concepción del Oro, entre otros.

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, es un impuesto especial que se aprobó en enero e 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; contempla el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario por parte de las empresas extractivas que operan en México.

Estos recursos son recabados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en aquellos años se devolvían a los estados y municipios donde se extraía la materia prima que procesa la industria minera, como una forma de compensarlos económicamente, al mismo tiempo que se pretendía elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas con esta vocación.

El dinero fue utilizado en su momento para la construcción de obras en escuelas, para la pavimentación de carreteras y hasta en el arreglo de iglesias en las comunidades que se encuentran alrededor de las minas. Así se justificó la existencia del programa durante varios años; sin embargo, a partir de la llegada de AMLO al Gobierno de México en 2018, el Fondo Minero fue eliminado con el argumento de que el dinero no llegaba debido a la corrupción de las autoridades, lo que dejó sin el recurso a las entidades receptoras.

La visita presidencial

Un año después de llegar al poder, en agosto de 2019, AMLO acudió en una gira por varios municipios mineros del semidesierto de Zacatecas; frente a los asistentes se comprometió a entregar los recursos correspondientes al fondo minero directamente a los habitantes. Aunque no especificó la estrategia o mecanismo para que cada uno de las familias de los municipios mineros recibieran los recursos.

Justificó que la entrega directa de los recursos tiene como fin evitar la corrupción “que no pase ese dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales, porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino”, subrayó entonces.

Fue en el Hospital Rural Concepción del Oro donde solicitó a las empresas mineras que “cuiden el ambiente y actúen con las mismas normas de cuidado del territorio que tienen en sus países de origen, para que no afecten el territorio nacional”.

En ese mismo recorrido dijo a habitantes de Mazapil que durante el periodo neoliberal se enajenaron 80 millones de hectáreas de suelo patrio, denunció que fue mucho lo que se entregó y que “ni en mil generaciones se terminaría de explotar todo lo otorgado”. Anunció que se mantendrán las concesiones que ya se habían otorgado antes de su llegada a la Presidencia, pero dejó claro que desde el Gobierno Federal no entregarán nuevas.

Alcalde morenista de Fresnillo, Saúl Monreal

Cabe recordar que en Mazapil se encuentra asentado el proyecto minero Peñasquito, propiedad de la empresa Newmont-Goldcorp. Se calcula que este yacimiento tiene una vida útil de 30 años a partir del 2006, se compone de dos tajos a cielo abierto (Peñasco y Chile colorado) y se estima que sus reservas ascienden a 17 millones 400 mil onzas de oro; mil 46 millones de onzas de plata; 15 mil 534 millones de libras de zinc; y siete mil 62 millones de libras de plomo, según Goldcorp. El valor total de estas reservas es de 40 mil 965 millones de dólares según precios establecidos en el reporte de la empresa, esto varía con respecto a los precios de cada año.

Pero la minera Peñasquito, así como Salaverna, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, han ocasionado daño a las comunidades por el uso de explosivos, lo que provoca la cuarteadura de casas y edificios públicos; por la contaminación del agua al verter los químicos a las presas de jales, lo que ha desatado el incremento de diversas enfermedades, como cáncer, conjuntivitis, diarrea, dolor de estómago, ojos rojos, dermatitis, resequedad en la piel, catarro y bronquitis, lo anterior según un estudio médico realizado a 108 habitantes de la región, donde 104 resultaron con metales pesados en su organismo, entre los que destaca el arsénico, plomo y cadmio.

La oportuna aplicación del Fondo Minero, con una adecuada reorientación técnica, hubiera evitado que los pobladores de la zona abandonaran sus pueblos, donde se extrae oro y plata que terminan por aumentar las arcas de particulares, que además siguen acumulando riqueza en tiempos de la “Cuarta Transformación” (4T).

Pretextos

Desde su creación en 2014, hasta 2020, el Fondo Minero recaudó un total de 21 mil 600 millones de pesos; de este monto, 10 mil 400 millones, el 48 por ciento, se asignaron a dos mil 553 proyectos para el mejoramiento y desarrollo social de las comunidades afectadas.

La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por dos mil 65 millones de pesos, es decir, un 15 por ciento de los recursos que fueron auditados al Fondo Minero, lo que significó un daño al erario por 113 millones de pesos; pero como en otros casos donde se han descubierto indicios de corrupción, no hay nadie en la cárcel, y la denuncia se ha limitado al escándalo mañanero del mandatario nacional.

En el marco de la celebración de la Reunión Internacional de Minería, Zacatecas 2022, evento realizado en el mes de julio, Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), se pronunció por buscar recuperar el Fondo Minero que siguen pagando las empresas, pero con la diferencia de que esos recursos no están etiquetados para llegar a las comunidades donde fueron generados.

El representante de la Camimex reconoció que Zacatecas es el segundo estado con mayor producción minero metalúrgica en el país, solo detrás de Sonora; pero ocupó el primer lugar en la producción de plata, plomo, zinc, y es el segundo en la producción de oro y cobre; además, aseguró, esta actividad es fuente de más de 90 mil empleos directos e indirectos en la entidad, generando desarrollo y bienestar en las 92 localidades en las que opera, con los más altos estándares en materia social y ambiental.

A pesar de estas aportaciones, se materializó la desaparición de este fideicomiso, que quedó en manos de los legisladores federales; en su momento se aseveró que los recursos volverían a los pueblos mineros luego de incluir nuevos lineamientos, pero desde entonces se fortalecieron los programas de entrega monetaria que han servido para manipular a los beneficiarios con fines electorales.

Por cuarto año consecutivo, y en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley de Derechos, la senadora Geovanna Bañuelos insistió en la necesidad de que parte de la recaudación de los impuestos se destinen a los municipios que se dedican a la minería. La legisladora por Zacatecas presentó una reserva al Artículo 275° de la Ley Federal de Derechos, para pedir que de la recaudación total que se obtenga de los derechos por concepto de actividad minera se destine un 85 por ciento a obras de bienestar y desarrollo incluyente de comunidades mineras.

Esto porque el impuesto especial se sigue cobrando, pero es usado para la mejora de centros educativos, infraestructura de salud y hasta desarrollo urbano, pero ya no se usa exclusivamente en las comunidades afectadas.

La legisladora por el Partido del Trabajo explicó que, en 2019, el valor de la producción minera en Zacatecas fue de 194 mil 437 millones de pesos; y que para 2020 incrementó a cerca de 290 mil millones de pesos; no obstante, los municipios con vocación minera como Mazapil, Concepción del Oro, Vetagrande, Miguel Auza, Juan Aldama, Sombrerete, Saín Alto, Villa de Cos, Pinos, Pánfilo Natera y Fresnillo, entre otros, llevan años inmersos en la desigualdad y la pobreza.

Esa situación afecta también a estados como Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato.

Con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, fue aprobada en lo general la extinción de fondos y fideicomisos. Así, la bancada de Morena y aliados desaparecieron 109 programas, entre ellos el Fondo Financiero Rural, que presentaba un saldo de 12 mil 563 millones 526 mil 670 pesos; la misma suerte corrieron el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, que tenía asignados siete mil 463 millones 745 mil 70 pesos; el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con una bolsa de seis mil 861 millones 155 mil 316 pesos; y el Fondo Minero.

Las afectaciones

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno Federal ha dejado sin estos recursos al estado de Zacatecas, que hasta 2017 sumaban más de 700 millones de pesos por año, los que se radicaban a su vez a municipios como Fresnillo, Pánuco, Vetagrande, Mazapil y Concepción del Oro, entre otros.

Como se sabe, amparado en el combate a la corrupción causada por el intermediarismo, el Ejecutivo federal decidió la eliminación de este fideicomiso, cuyos recursos se destinaban a obras importantes en comunidades de Zacatecas donde están asentadas las minas. Considerando que a partir de 2018 ya no existe, se trata en suma de la pérdida de dos mil 800 millones de pesos en los cuatro años que AMLO lleva en la Presidencia de México, lo que denunciaron el entonces mandatario de la entidad, Alejandro Tello Cristerna, y algunos alcaldes, como Saúl Monreal Ávila, edil de Fresnillo.

Osvaldo Avila Tizcareño, líder social en el estado de Zacatecas, estimó que con estos recursos se hubieran podido construir más de mil kilómetros de carreteras, edificar unos dos mil domos escolares; o bien atenderse otras obras necesarias en la entidad.

Ante esta decisión, AMLO justificó que el dinero llegaría de forma directa a la gente de aquellos poblados a través de las becas del bienestar, con esto se logró la conformidad y el silencio de los beneficiarios y la resignación de las autoridades locales.

Esta medida provocó un auténtico agravio para un estado con tantas necesidades porque se priorizan obras elegidas caprichosamente por el jefe del Ejecutivo y que se construyen en el sur de México, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, pero se dejan fuera acciones tan apremiantes como rehabilitar caminos o construir carreteras en estos tiempos en que resultan tan indispensables para enfrentar las crisis de seguridad en Zacatecas.

Carreteras destruidas, no hay dinero

Un ejemplo de que urgen recursos para carreteras en Zacatecas son los baches que superan los 50 centímetros de profundidad y que ponen en riesgo la vida de los usuarios de la carretera Vetagrande-Saltillo, esto en el tramo de unos seis kilómetros después de la salida de la caseta de cobro asentada en el municipio de Vetagrande.

En esta vialidad se puede observar el tránsito de unidades pesadas o tráiler de uno y dos remolques, principalmente, además de vehículos ligeros al ser un tramo que acorta la distancia para quienes viajan a la ciudad de Saltillo y sitios intermedios, carretera que conecta a la altura de Muleros.

Sin embargo, el daño en la carretera, que data aproximadamente de un año, requiere intervención urgente por parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque de seguir pueden ocasionar accidentes fatales haciendo que incluso los viajes cortos se tornen riesgosos y lentos debido a su deterioro.

Salomón Ramírez es una de las personas que transitan regularmente por esta vialidad al municipio de Villa de Cos; y aunque su camioneta es alta, ya ha presentado severos daños en las llantas a pesar de conocerla y circular con cuidado, “pero hay unos pozos que no se pueden esquivar y de allí el daño que he tenido que costear con mucho sacrificio”.

Salomón, es uno de los centenares de usuarios que piden que el gobierno atienda este caso, pues alertó “si sigue así se pueden provocar accidentes fatales”, por lo que exige evitar en todo momento que las vías de acceso queden dañadas, pues los gastos de reparación corren a cargo del ciudadano.

A cuatro años de iniciada la administración morenista, proyectos como la ampliación y modernización de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, vía que comprende un total de 35.5 kilómetros sigue suspendida; lo mismo pasa con los tramos que conducen a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por la zona de los cañones.