El impacto ambiental se define, según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), como “la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza”. Estas modificaciones pueden ser positivas o negativas, en el segundo caso se deben tomar las medidas para evitarlas, atenuarlas o compensarlas.

La creación de obras que puedan causar desequilibrios ecológicos requiere la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); para ello, los responsables de la obra deben presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la que con base en estudios científicos den a conocer el impacto ambiental que causaría la obra y la forma de evitarlos o atenuarlos. Una vez entregada la MIA, la Semarnat tiene que hacer una Evaluación de Impacto Ambiental y finalmente un proceso de participación pública para dar a conocer las consecuencias del proyecto. Esto es, grosso modo, lo que se requiere para autorizar o rechazar una obra que pueda tener impactos sobre su medio ambiente. En teoría, ninguna obra que requiera MIA puede iniciarse sin haberla presentado y sin haber obtenido la resolución de la Semarnat. En caso contrario, dicha secretaría tiene la obligación de cancelarla.

La obra insignia del Gobierno Federal en turno, el Tren Maya, requiere evidentemente de una MIA-Regional por cada tramo de construcción. La fase 1, que incluye los tramos 1, 2 y 3, se inició en 2020 sin haber presentado en su momento la MIA correspondiente. Durante los dos años de construcción de estos tramos se han presentado juicios de amparo por violación al derecho a un medio ambiente sano, se lograron suspensiones definitivas que no fueron respetadas por los empresarios y el gobierno; finalmente se impugnaron esas decisiones y se continuó con la construcción de las obras. La fase 2, que incluye los tramos 4, 5, 6 y 7, también ha tenido que sortear muchos obstáculos; el tramo 5, uno de los que genera mayor impacto negativo, ha sido suspendido de forma definitiva por haber iniciado las obras sin antes presentar la MIA.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el proyecto Tren Maya afectará 23 Áreas Naturales Protegidas, siete Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. Afectará gravemente al anillo de cenotes declarado, en 2013, Reserva Geohidrogeológica; aumentará considerablemente la generación de ruido y de residuos poniendo sobre la línea de la extinción a muchas especies que se encuentran en categoría de riesgo.

El tren estará atravesando el segundo pulmón forestal de América Latina: la selva maya. Fragmenta el hábitat y además viola los derechos de todas las comunidades indígenas que viven en la zona. Por todo esto, es claro que debería ser indispensable cumplir con todos los requerimientos en materia ambiental en tiempo y forma, pues de acontecer un ecocidio podrían revertirse a tiempo las acciones que causen gran daño a la naturaleza. Sin embargo, a empresas y gobierno poco les ha importado la legislación ambiental: se han pasado por el arco del triunfo las leyes ambientales, la LGEEPA. Ante todas las irregularidades e ilegalidades del Tren Maya, la Semarnat ha hecho oídos sordos, convirtiéndose en un instrumento de los grandes capitales para hacer de la naturaleza lo que quieran con tal de aumentar sus fortunas.