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El retorno de la jaula del Pacto de Estabilidad
La cuestión europea está a punto de volver a ocupar el centro de la escena, ya que el periodo de suspensión de las normas presupuestarias restrictivas contenidas en el Pacto de Estabilidad finalizará en enero de 2024... Si no hay acuerdo, se restablecerán las antiguas normas. Veamos cuáles son.
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En los últimos años, la cuestión europea de las normas presupuestarias y el euro ha caído en el olvido. Una de las razones reside en el hecho de que, desde 2020, el Pacto de Estabilidad está suspendido.

 

En efecto, la pandemia había golpeado duramente las economías de los países europeos y, para hacerle frente, la decisión unánime fue suspender las normas presupuestarias restrictivas contenidas en el Pacto de Estabilidad. Hoy, la cuestión europea está a punto de volver a ocupar el centro de la escena, ya que el periodo de suspensión finalizará en enero de 2024. Además, existe la posibilidad de que las normas del Pacto de Estabilidad se modifiquen de aquí a diciembre. Pero, si no hay acuerdo entre los países europeos al respecto, se restablecerán las antiguas normas.

Veamos cuáles son. El Pacto de Estabilidad, firmado en 1997, tiene por objeto garantizar la disciplina presupuestaria de los Estados miembros tras la introducción de la moneda única. El Pacto de Estabilidad incluye los llamados parámetros de Maastricht: el límite de déficit público del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el límite de deuda pública del 60 por ciento del PIB.

A estas limitaciones, que inhiben la capacidad de gasto de los Estados de la UE, se añade la norma de que la deuda pública que supere el límite del 60 por ciento debe reducirse una vigésima parte al año. También hay que añadir que el texto del Pacto de Estabilidad se hizo aún más estricto con la introducción, tras la crisis de 2008, de ocho reglamentos, los llamados six pack two pack y, en 2012, del Pacto Fiscal.

A lo largo de los años, el Pacto de Estabilidad y otras normativas han tenido un impacto perjudicial en la economía y el Estado del Bienestar europeos. De hecho, las normas que imponen límites a los déficits anuales y a la deuda han impedido hacer frente a sucesivas crisis económicas. Normalmente, cuando se producía una crisis, los países recurrían al estímulo de la inversión pública para revitalizar la economía. Esto, sin embargo, ha sido imposible desde 1997. El Pacto de Estabilidad es una auténtica jaula que introduce rigideces en la gestión de la economía capitalista, cíclica por naturaleza y caracterizada por crisis económicas recurrentes. Las normas presupuestarias bloquean de hecho la inversión estatal que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, fue el motor de la economía europea. Esta es una de las diversas razones por las que el PIB de la UE ha perdido muchos puntos de incidencia en el PIB mundial (del 28.1 por ciento en 1990 al 16.6 por ciento en 2022), perdiendo posiciones frente a otras economías como China.

Una de las medidas más críticas es la regla de la reducción anual de una vigésima parte del 60 por ciento del superávit de la deuda pública. Se trata de una norma que, hasta ahora, no se ha aplicado, pero si se hiciera, provocaría enormes recortes en todo el gasto social, desde la sanidad a las pensiones, pasando por la educación. La deuda pública italiana ronda el 141 por ciento del PIB, es decir, 2.859.000 millones de euros. Si la redujéramos a la mitad, al 70 por ciento, supondría eliminar un importe de deuda de mil 429 billones en veinte años, lo que supondría un recorte de 71.4 billones al año, una cifra enorme que, para hacernos una idea de la magnitud, equivale a más de la mitad del gasto sanitario anual, que en 2020 fue de 123.5 billones. Por tanto, cada año debería haber un superávit presupuestario, es decir, que los ingresos del Estado superen a los gastos, de más de 70 mil millones. Un resultado prácticamente imposible de alcanzar. Como se ha dicho, esta regla aún no se ha aplicado, pero la tendencia a reducir la deuda ha contribuido a llevar a un país como Italia a más de 20 años de estancamiento económico y a recortes sustanciales en el Estado del Bienestar.

En abril de 2023, la Comisión Europea presentó una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad que equilibra los parámetros de austeridad con un mayor apoyo a la inversión. El comisario europeo de Economía, Palo Gentiloni, subrayó que el plazo para dicha reforma es limitado y que, en caso de falta de acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad para diciembre de 2023, se vislumbra en el horizonte un restablecimiento a ultranza de las antiguas normas. Ahora el expediente está en manos del presidente de la UE España, que debe elaborar una propuesta de reforma. De momento, parece que no hay acuerdo entre los distintos países. Por un lado están Alemania (66.1 por ciento de su deuda pública en 2022) y sus aliados, entre ellos Holanda (50.1 por ciento), que presionan para que se compriman las deudas públicas. Por otro lado están los países muy endeudados, incluidas la segunda, tercera y cuarta economías de la UE, es decir, Francia (111.8 por ciento), Italia (141.7 por ciento) y España (116.1 por ciento), que presionan para que haya más flexibilidad.

Inicialmente se produjo un enfrentamiento entre Alemania y Francia, la pareja que dirigía los procesos de integración europea. Después, Francia se sumó de alguna manera a la postura alemana en un intento de orquestar un compromiso, con una clara excepción sobre la deducción de los gastos militares del déficit. El compromiso no dejó satisfecha a Italia, que se encuentra en la situación más difícil, dada su elevada deuda, y que presiona para que se desvinculen del déficit no sólo los gastos de defensa, sino también los destinados a la transición ecológica y digital. La desvinculación del gasto militar es aceptada por todos debido al proceso de rearme europeo por la guerra de Ucrania y la exigencia estadounidense de elevar el gasto militar de los países de la OTAN al menos al dos por ciento del PIB. El propio ministro de defensa italiano, Crosetto, ha declarado que Italia sólo podrá alcanzar el dos por ciento del PIB de gasto militar si se reforma el Pacto de Estabilidad y se deduce del cálculo del déficit.