Este Gobierno Federal y sus gobiernitos estatales utilizan mucho el concepto “pueblo bueno”, pero sus funcionarios y representantes ni siquiera intentan acercarse a él para resolverle algunos de los muchos problemas que padece por la injusta distribución de la riqueza y del escandaloso enriquecimiento del pequeño grupo de grandes empresarios que, como en un mal chiste, se dicen de “izquierda” sólo porque frecuentemente visitan Palacio Nacional o porque con una mano saludan al verdadero pueblo, mientras que con la otra lo asaltan pagando salarios miserables a sus trabajadores y el alto precio de los productos que fabrican y venden en el mercado.

Es cierto que estas prácticas corruptas son viejas, así como el robo directo de los recursos públicos y que entre los más comunes se hallan el inflar los presupuestos, el sobreprecio de obras y servicios y la dotación de materiales de baja calidad, como ocurre en la industria de la construcción para infraestructura urbana. En esta administración tenemos cuatro ejemplos: la trágica caída de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el desuso o franca inutilidad de las llamadas “megaobras” del gobierno morenista: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y la Superfarmacia.

Este mismo patrón de negligencia u ocurrencias ha sido replicado al calco en los estados donde gobierna Morena. Hace más de un año, los habitantes de la Sierra Nororiental de Puebla recorren con temor los segmentos Acuaco-Zacapoaxtla y Equimita-Cuetzalan, porque en únicamente 48 horas (las correspondientes a los días 19 y 20 de enero) se registraron 17 accidentes provocados por la falta de señalética, a que la gravilla está suelta y las curvas no fueron peraltadas por las compañías constructoras a las que el actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pagó 100 millones de pesos.

Lo más sorprendente es el silencio que hasta ahora guardan las autoridades municipales y el gobierno estatal ante las pérdidas humanas, los cuantiosos bienes materiales derivados de los múltiples accidentes y el malestar de los habitantes de esa región. ¿Callan porque actúan en contubernio con las constructoras? ¿Se debe a la corrupción que a unos días de su “inauguración” las empresas se hayan limitado a colocar vibradores en todos los tramos y a poner topes en las curvas (sobre un segmento de cuatro kilómetros hay 15 reductores) para “corregir” las fallas y evitar más accidentes?

¿Será posible que, en estos tiempos de campaña electoral, las autoridades morenistas reaccionen con sensibilidad, corrijan sus yerros o ambiciones y que los pobladores, estudiantes de universidades y tecnológicos y turistas no corran riesgo de sufrir accidentes en la zona? Pronto lo veremos y ojalá que su respuesta sea positiva, porque esas carretera representan la única vía de comunicación para vincular los municipios con las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla, cuya población es una de las más pobres del país.

La mayoría de los pobladores de esta región son indígenas nahuas y totonacos, que desde hace mucho tiempo son tratados como ciudadanos de tercera por las autoridades y no como sujetos prioritarios en un plan de desarrollo regional; se les mantiene sin voz, en la pobreza, marginados y en la primera oportunidad que se le presenta, la mayoría de los jóvenes huyen de sus comunidades para buscar trabajo en Puebla-capital, en la CDMX, otras ciudades del país o en Estados Unidos.

Una historia que siempre es la misma, de la que los jóvenes siempre regresan envejecidos, cuando su vitalidad y salud han mermado.