El desarrollo y las inversiones del puerto de Veracruz penden de un hilo a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno revisará los términos de la concesión a la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (Apiver), que fue firmada para 100 años y solo han transcurrido 26.

La declaración del Presidente, apoyada por el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez porque la concesión “no le retribuye nada” a Veracruz,  generó de inmediato reacciones contrarias de los opositores y el sector privado, en el sentido de que su cancelación pondría en riesgo no solo miles de empleos directos sino también certidumbre y competitividad en la entidad.

En 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari requisó la empresa paraestatal que administraba el puerto con el argumento de que el personal sindicalizado realizaba prácticas de corrupción –robos hormiga, trabas burocráticas para cobros indebidos, contrabando, etc.– para avanzar hacia su verdadero objetivo: privatizarla, lo cual ocurrió en 1994.

La concesión de esta “empresa paraestatal” a capital privado implicó, desde entonces, el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias, la prestación de los servicios portuarios y su administración.

Además del presupuesto federal que recibe, la Apiver genera ingresos a través de tarifas por maniobras portuarias; remolque, lanchaje y amarre y desamarre de cabos, avituallamiento, recolección de desechos y eliminación de aguas residuales; suministro de combustible, lubricante y agua potable, reparación a flote y servicios de comunicación.

En 26 años, la actividad portuaria  ha sido un motor de crecimiento de la zona norte del puerto de Veracruz mediante el establecimiento de almacenes, bodegas y talleres, e instalación de infraestructura comercial, turística (hoteles, restaurantes) e inmobiliaria (conjuntos habitacionales).

El puerto de Veracruz aporta directa e indirectamente 373 mil 934 empleos, de los cuales 270 mil 555 son asalariados; 107 mil 298 son comerciantes y 183 mil 889 se desempeñan en otros servicios. Es decir, provee 68 por ciento de los empleos de Veracruz; el 15.6 por ciento de Boca del Río, el 8.6 por ciento de Medellín, el cinco por ciento de Alvarado y el 2.75 por ciento de La Antigua.

Este año, sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha provocado que el promedio de 29 millones de toneladas cayera al 28.3; que el número de empleos formales descendiera de 176 mil 598 registrados en mayo, a 174 mil 638 en julio pasado. Pero en su Programa Operativo Anual (POA) de 2020, Apiver contempla la construcción de una plataforma logística de comunicaciones modernas, la implementación de un sistema de trámites electrónicos y una aplicación móvil de liberación de mercancías.

Desde que le fue concesionada la administración del puerto, Apiver ha colaborado con el ayuntamiento de Veracruz en proyectos sociales, en la construcción y mejoramiento de vialidades y trabajos de reforestación. En 26 años se ha hecho acreedora a certificaciones nacionales e internacionales en materia ambiental, tecnología y en seguridad e igualdad laboral.

El ataque de Morena

Pese a estos números, en su conferencia mañanera del 18 de agosto pasado, el presidente López Obrador declaró que como su administración se ha propuesto limpiar la corrupción que en México ha prevalecido por años, tiene el propósito de revisar lo que ocurre en el puerto de Veracruz, el cual “fue concesionado por un periodo de 50 años; posteriormente ampliaron la concesión por otros 50, para hacer un total de 100 años. El plazo vence en 2094.

“Antes yo sostenía que la corrupción era el principal problema; ahora no tengo la menor duda, porque poseo más información de los contratos que firmaron, de cómo estaba Migración, cómo estaban las aduanas, siguen estando… Los puertos, por eso nos tardamos, hicimos una evaluación, estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo”, aseveró.

Un día después AMLO insistió en el tema, lo que alarmó a diversos sectores de la entidad: “es interesante que se sepa cómo simularon las privatizaciones, haciéndonos creer que la nación seguía teniendo el dominio de los bienes, ya sea de recursos naturales como el petróleo, porque en la Reforma Energética quedó establecido que la nación es la dueña originaria del petróleo; sin embargo, al momento que se da un contrato, se da una concesión, ese dominio se interrumpe, se cede a un particular durante un tiempo”, indicó y consideró que se trata de una concesión única en el mundo: “Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso”.

“Esto es lo que se está entregando, todo el puerto a una empresa particular. Es una privatización. Entonces, le empiezan a pedir opiniones a las distintas instancias de la misma Secretaría de Comunicaciones y todos avalan para que se dé la ampliación. Seguimos adelante. Todos avalan”, refirió.

López Obrador advirtió que la ampliación fue firmada el seis de julio de 2018 –cuatro días después de su triunfo electoral– por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la empresa concesionara.

“Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Lo aclaro porque si no se pensaría que es algo del sector público. Vamos a revisar, porque es muy extraño. Primero, ¿por qué a 100 años?; segundo, ¿por qué después de que se llevaron a cabo las elecciones? y ¿quiénes son los beneficiarios y montos?, porque tampoco se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz.

“Si hablamos en términos de volumen de carga no es así –prosiguió AMLO– son otras circunstancias desde luego, porque ahora el tráfico comercial en el Pacífico es más que en el Atlántico, pero en manejo de contenedores, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas tienen ya más manejo que Veracruz y no olvidar que el puerto de Veracruz fue el principal puerto de México por siglos, bueno, ahí se creó el primer gobierno municipal cuando la Conquista. Por eso se va a revisar, esto es para los técnicos”, añadió.

En mayo de 2019, paradójicamente, el entonces secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga, anunció una inversión de tres mil 200 millones de dólares (mdd) para la ampliación del puerto de Veracruz que sería la mayor infraestructura en México.  El exfuncionario estatal precisó que, en una primera etapa, se invertirían mil 675 mdd y que el resto se aplicaría paulatinamente hasta alcanzar el total en 2024 para situar a Veracruz como el puerto más importante de Latinoamérica.

Crear inversión, no destruirla

Luego de las declaraciones del Presidente, la diputada federal veracruzana Anilú Ingram Vallines, secretaria de la Comisión Permanente de Infraestructura en San Lázaro, exhortó a la SCT y a la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, a dar continuidad a los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz:

“Tan solo el año pasado, dicha terminal portuaria reportó ingresos por más de nueve mil 700 millones de pesos, lo que trae consigo una mayor competitividad no solo del municipio, de la zona conurbada y del estado, sino del país”, informó, destacando, además, que el puerto de Veracruz no opera en números rojos y que no hay motivo para tomar una decisión que afecte su actual funcionamiento.

La legisladora pidió dejar de lado la improvisación y trabajar en un programa de puertos que continúe el impulso que se ha generado en los últimos años para proyectarlo como una terminal líder en el país. “La ley no debe estar sujeta, bajo ninguna circunstancia, a percepciones subjetivas de la realidad ni condicionada a instrumentos de participación ciudadana a modo”, señaló la también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, consideró por su parte que la insistencia presidencial en revisar la concesión del puerto a la Apiver no tiene el fin de atacar la corrupción, sino obtener un beneficio económico directo para el gobierno estatal, cuya incapacidad para generar desarrollo y malos resultados están a la vista en todos los rubros.

“Creo que en el fondo, lo que el Presidente de la República está buscando es no invertir los casi 20 mil millones de pesos (mdp) que faltan en la ampliación del puerto, y si adicionalmente se le ocurre el que estaticen los puertos, vamos a volver a 1992. El problema es que no les retribuye nada a ellos y vemos con preocupación que esta intención que se plantea de hacer la revisión de la concesión no tiene otro objeto que dejar de invertir en la ampliación del puerto y no estamos de acuerdo”, opinó.

El dirigente insistió en que la ampliación del puerto representará más infraestructura, más viviendas, mayores servicios y mejores escuelas, por lo que propuso que el Gobierno Federal concluya la inversión estimada de 31 mil mdp para aumentar las 28.3 millones de toneladas anuales, a 95 millones de toneladas al año y generar 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos.

“Si hay prácticas que no estén apegadas a la ley dentro de los manejos de carga y descarga, es una responsabilidad que tiene que perseguirse y tiene que ponerse a disposición de las autoridades; pero no podemos, como lo viene haciendo este gobierno, por una reja podrida de naranjas tirar toda la carga. Es ridículo e injusto”, agregó.

Ramírez Marín propuso la formación de un frente común con empresarios, diputados locales, diputados federales, alcaldes, senadores y ciudadanos veracruzanos para que –dejando de lado las filiaciones partidistas, los colores y los logotipos– luchen contra la intención estatista del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“La intención de este Gobierno Federal, a sugerencia del gobernador de Veracruz, es revisar una concesión que claramente nada tiene que ver con un asunto de combatir la corrupción, sino de frenar el desarrollo como lo hizo en el aeropuerto de Texcoco”, remató.

Respecto a esta propuesta, Alberto Aja Cantero, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, recordó que la administración del puerto de Veracruz recae en la Apiver, que depende de la SCT y que su único accionista es el propio Gobierno Federal. “Privatizar no es lo mismo que concesionar. Jamás será lo mismo otorgar un bien público a un ente privado, que concesionar un bien público a una empresa del propio Gobierno Federal, como es el caso de Apiver”, abundó el empresario.

Por lo anterior, la Coparmex lanzó una campaña en redes sociales con el hashtag #ConelPuertoNo, con la que propone evitar la intervención gubernamental directa contra el recinto portuario. Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno Federal ni el estatal han visitado el puerto para revisar sus operaciones, ni han tenido acercamiento público con sus directivos.