Documentos de la Oficina del Inspector General revelan una década de casos de corrupción, lavado de dinero, filtración de información y colaboración de agentes de la DEA con organizaciones criminales.
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Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este martes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gonzalo López Beltrán, tercer hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta participación en actos de corrupción.
A nombre de esa fuerza política en San Lázaro, el diputado federal, Héctor Saúl Téllez, informó que se podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de haber adjudicado contratos sin licitación para la construcción del Tren Maya presuntamente a Jorge Amceílcar Olán Aparicio y su empresa Romedic, quien es amigo de López Beltrán.
“Nosotros creemos que hay elementos suficientes para tipificar los delitos de tráfico de influencias, marcado en el artículo 221 del Código Penal Federal y también el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que consagra el artículo 217 del Código Penal Federal, ambos son castigados con seis y 12 años de prisión. Los particulares, al ejercer esta presión sobre autoridades gubernamentales para obtener contratos indebidos, claramente podrían estar configurando tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades”.
El también secretario del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseveró que ya es momento de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la FGR dé resultados, pues actualmente sólo el cinco por ciento de las denuncias son investigadas.
“La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tiene un historial de inactividad, solamente el cinco por ciento de los asuntos que han llegado se han judicializado; nosotros esperamos que, por primera vez, se dé un caso ejemplar, que dé resolución a los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción que se ha desatado desde la Presidencia a través de los hijos del presidente”, concluyó.
Documentos de la Oficina del Inspector General revelan una década de casos de corrupción, lavado de dinero, filtración de información y colaboración de agentes de la DEA con organizaciones criminales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera