El reporte de la organización Causa en Común reveló que, durante el periodo electoral, 63 políticos fueron asesinados en “las campañas más sangrientas de la historia moderna de México”; se suponía que con la llegada del 2 de junio la violencia política cesaría, pero, los homicidios continúan.

Esa misma noche, la del 2 de junio, cerca de la medianoche, el priista Yonis Atenógenes Baños Bustos celebraba su victoria como alcalde en Santo Domingo Armenta, Oaxaca, hasta ese momento en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando un hombre armado entró a su casa y disparó contra él, quien murió al instante tras recibir dos tiros a quemarropa.

Baños Bustos se convirtió en la primera víctima mortal de la temporada postelectoral. Desde el 2 de junio se han contabilizado 17 homicidios, en promedio uno cada día y medio. Entre las víctimas hay un alcalde electo, una presidenta municipal, una regidora y jefes de policía.

De los crímenes identificados, cinco sucedieron en Guerrero, cuatro en Michoacán, dos en Oaxaca y dos en Morelos. Los estados de Jalisco, Puebla, Sonora y Quintana Roo también registraron un homicidio cada uno.

Los asesinatos siguieron el 3 de junio, cuando la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, la panista Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada a balazos. Ese mismo día, Gerardo Camacho, jefe de la policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, también fue ultimado con armas de fuego.

Cuatro días después, Esmeralda Garzón Campos, regidora en Tixtla, Guerrero, fue asesinada al salir de su casa. Para el 11 de junio, fue ultimado Marco Antonio Córdova García, miembro de la campaña del presidente municipal electo de la capital oaxaqueña, Raymundo Chagoya.

Entre el 16 y 23 de junio, fueron asesinados Ignacio Montoya, exalcalde de Maravatío, Michoacán; Salvador Villalva, alcalde electo de Copala, Guerrero; Marco Antonio Rodríguez, comisario de Seguridad Pública de Tizapán el Alto, Jalisco; Luis Manuel Rodríguez, consejero de Morena en Puente de Ixtla, Morelos.

“La búsqueda de influencia con el Estado no se detiene con los resultados electorales. Los incentivos siguen siendo los mismos. Si un candidato vinculado a la competencia ganó, hay motivo para tomar acción. Y si resulta que uno prometió lo mismo a diferentes grupos, hay motivo para recordarle que no respetar promesas hechas conlleva costos”, explicó Falko Ernest, experto en seguridad en la organización International Crisis Group.

“El mensaje a las autoridades entrantes es: ‘puedo minar su pretensión pública de estar en control, de estar avanzando en términos de seguridad, o puedo apoyar esa fachada, escondiendo mejor la violencia. Tú eliges’”, concluyó Falko Ernest.