El 19 de septiembre estalló la huelga de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en demanda de recursos financieros. En las otras nueve universidades había emplazamientos a huelga por cuenta de 100 mil docentes y trabajadores administrativos a quienes no se habían pagado sus salarios durante varios meses debido a la “falta de recursos públicos”, según el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El posible paro puso en riesgo el semestre de 537 mil 616 estudiantes, cifra equivalente a casi la mitad del total de los alumnos de las 34 instituciones públicas de educación superior en el país. 

La quiebra de las universidades 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) rinde cuentas desde hace nueve años a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados. El ocho de diciembre de 2017, las universidades pusieron a disposición de esta institución sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y también un reporte de sus principales avances académicos. Lo mismo harán con su ejercicio 2017, al finalizar 2018. 

Al presentar las auditorías universitarias de 2017, el titular de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, resaltó que por noveno año consecutivo, “en el marco de su autonomía, y en un ejercicio pleno de responsabilidad social”, estos centros educativos hacían entrega “de la evidencia sobre el buen uso de los recursos públicos asignados a través de la Cámara de Diputados”. 

En esa ocasión, Valls reiteró los problemas de financiamiento de un grupo de 15 universidades, 10 de las cuales llegaron a una situación de quiebra este año. “No se trata de un problema coyuntural para el cierre de este año (2017). Estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años, como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el reconocimiento parcial de la plantilla de personal académico y administrativo, los compromisos contractuales adquiridos a lo largo de décadas y la falta de solvencia para atender las obligaciones derivadas de los sistemas de pensiones y jubilaciones”, explicó. 

Trabajadores y funcionarios universitarios de 10 instituciones de educación superior consultados por buzos señalaron que los problemas financieros tienen su origen en la insuficiente asignación de recursos que, como denunciaron, viene ocurriendo en las universidades públicas desde hace al menos 24 años. 

Con esta política, el Gobierno Federal ha orillado a las universidades a conseguir recursos de la iniciativa privada, enfilándose hacia el cobro de colegiaturas y entregándose así a la privatización de los servicios educativos que la Constitución establece como públicos y gratuitos. 

Plan para asfixiar a las universidades públicas 

El exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alfredo Femat, hoy diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), dijo a buzos que la UAZ ha recibido recursos públicos para terminar el año, “pero que no nos han permitido pagar deudas acumuladas, no nos permiten crecer. Como lo dije en la tribuna de la Cámara de Diputados, en 24 años, a la UAZ, que triplicó su matrícula y el número de sus programas académicos, no le han dado una plaza más de hora clase, ni una más de medio tiempo, ni de tiempos completos; solamente nos dieron un incremento total en estos años del 76 por ciento”. 

Femat indicó: “Ellos (las autoridades federales) nos dijeron que si realizábamos reformas estructurales de los contratos, como renunciar a la jubilación dinámica, a 90 días de aguinaldo, en la forma en que nos promocionábamos (cambio de puestos), lo cual fue equivalente a 32 mil millones de pesos, ellos nos iban a dar más subsidio… jamás nos lo dieron. Es hora que se siguen negando a establecer una mesa de diálogo para discutir con base en qué factores se otorga el subsidio federal; y así como la UAZ, hay otras nueve universidades que están igual”. 

Las universidades reciben subsidios diferenciados sin explicación sobre cuál es la base de su cálculo. Entre los más bajos está la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con 38 mil pesos por alumno; la UAZ, con 55 mil y otras con 105 mil pesos por alumno al año, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Alfredo Femat advirtió que, de no tomarse soluciones, 2018 podría concluir con movilizaciones y huelgas en universidades públicas estatales; porque, además de la de Morelos, estaban a punto de quedarse sin dinero las de Michoacán y Nayarit. 

Para los entrevistados, esta situación se ha dado a consecuencia de la doble cara asumida por los gobiernos federales de 1982 a la fecha. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció en campaña garantizar el derecho a la educación superior, al prometer una amplia oferta de centros educativos por parte del Estado, aunque no aclaró de dónde saldrán los recursos necesarios para mantener a las universidades ya existentes, además de las 100 que ha prometido abrir durante su administración. 

A causa de la crisis económica en las escuelas públicas de educación superior, el formato educativo privado ha avanzado. Según datos de la ANUIES, las universidades públicas atienden a un millón 200 mil estudiantes, cifra que representa el 40 por ciento del alumnado de educación superior, mientras que el otro 60 por ciento estudia en instituciones privadas; esta proporción sigue aumentando. De 1985 a la fecha, el sector privado incrementó su participación, pasando del 15 al 60 por ciento. 

La doctora Guadalupe Olivier Téllez, investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), especialista del área de Sociología de la Política, Reforma y Cambio Educativo dijo a buzos: “Hay una decisión institucional, del Estado, de ahogar a las universidades públicas. Es derivación de un plan de privatización de la educación superior que se emprendió desde los años 80, que ha podido ser limitada, digamos, por las movilizaciones estudiantiles, en particular en la Ciudad de México; pero que sigue de todas maneras su curso. Están tratando de ahogar a las universidades estatales recortándoles el presupuesto, de tal forma que no tengan manera de sobrevivir. Es una expresión neoliberal que no considera a la educación superior como una prioridad; que considera a la educación pública como un lastre en lugar de un beneficio social, como lo vemos la mayoría de los mexicanos. Y las consecuencias están ahí, las están sufriendo las comunidades universitarias”. 

Entrevistado por buzos, el doctor Dante Torres Ríos, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y coautor del libro De la Privatización a la Mercantilización de la Educación Superior en relación con estas recurrentes crisis financieras de las universidades públicas mexicanas, señaló: “El problema es multifactorial, atiende en primer lugar al modelo o patrón neoliberal mundial, impuesto por igual en países desarrollados que en países pobres, dependientes. En segundo lugar, los grupos de interés internos, partidos políticos, empresarios, ejército, religiosos, entre otros más; y los clandestinos, delincuencia organizada, que controlan regiones del país; en tercer lugar, este tipo de grupos, pero externos, regionales o internacionales. En algún momento, las universidades estatales representaron una inversión en la formación de cuadros para los partidos políticos, actualmente son un botín económico”. 

Atzelbi Hernández, activista del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) explicó que las crisis financieras recurrentes de las universidades públicas se han dado sobre todo en los últimos 30 años, de manera coincidente con la implementación del modelo educativo neoliberal “que es un proceso de gran envergadura, que viene desde los propios organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), enfocado a la reducción del papel del Estado en la educación, con la exigencia de que reduzca inversiones, sobre todo en la educación superior”. 

Huelga en la UAEM 

El psicólogo Mario Cortés Montes, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, dijo a buzos que el problema de la UAEM es en realidad por “la falta de entrega de recursos públicos para cubrir nuestros  salarios. Que se hagan las revisiones que se requieran para que se dé el dinero; de cualquier manera, hay una rendición de cuentas por parte de la Universidad. Ojalá que, en estas revisiones que hagan para darnos el presupuesto, también vean el aumento de la matrícula, que ha incrementado al doble en seis años, de 22 mil 581 a 43 mil 154 alumnos. Hay universidades que tienen más presupuesto por alumno y menos matrícula. Si se habla de corrupción, hablamos de discrecionalidad, pero aquí estamos hablando de contratos colectivos de trabajo, debidamente legalizados”. El dirigente sindical agregó que las instituciones educativas en su conjunto rinden cuentas del uso de recursos públicos por medio de la ANUIES. 

El doctor Ramiro Bautista Rosas profesor en materia constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguró: “Las universidades deben rendir cuentas del dinero público que reciben. Nada más que habrá que definir legalmente bien las instancias y los procedimientos, porque la autonomía universitaria implica también el manejo del patrimonio y cómo se aplica; pero tiene que justificarse, la autonomía no es para que se maneje oscuramente el presupuesto, sino para que se opere internamente de acuerdo con los órganos colegiados, en donde más sea conveniente para los fines de la institución”. 

Los trabajadores de la UAEM no se pusieron en huelga por la “falta de transparencia” o la “corrupción” en el organismo, sino por falta de solvencia para el pago de sus trabajadores. La Junta de Gobierno de la UAEM aseguró que el rezago financiero alcanzó la cifra de mil 683 millones de pesos, pero para salvar la situación y volver a clases eran necesarios al menos 640 millones de pesos. 

La respuesta de la Secretaría de Hacienda llegó hasta el dos de octubre: “es demasiado elevado y difícil de cubrir” el déficit. A partir de esto, Hacienda analizó la alternativa emergente de cubrir al menos los salarios hasta el 1º de diciembre para dejar abierta la solución de los pagos de fin de año a la nueva administración; pero conseguir dinero para las nóminas de dos meses no representará una solución de fondo. 

Otros conflictos laborales 

El ingeniero Enrique Levet Gorozpe, dirigente sindical universitario veracruzano y Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que agrupa a más de 100 organizaciones sindicales de instituciones de educación superior en el país, aseguró a este semanario que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comportado de manera irresponsable durante todo su sexenio, porque a pesar de advertirle sobre el crecimiento de este conflicto, se dio a la tarea de seguir escamoteando el dinero público destinado a financiar las actividades universitarias. Esto, dijo, ha llevado a la actual situación; y 2018 puede terminar con varias universidades en huelga, incluso, con movilizaciones en todo el país. 

“Preparamos una gran movilización a nivel nacional porque no les quieren pagar a los trabajadores; y el caso de Morelos ha sido una muestra clara. A ellos ya no les pagaron, por eso se fueron al paro, afectando a miles de estudiantes. No tarda en entrar en paro la Universidad Nicolaíta, de Michoacán; la Universidad de Zacatecas y las de Tabasco y Nayarit en este momento también están en un proceso crítico; y hay otras que posiblemente no reciban su aguinaldo; ¿por qué?, porque los recursos ya no les alcanzan. Y los rectores han sido enfáticos con los trabajadores, hasta por escrito les han dicho a las organizaciones sindicales: para tal fecha ya no vamos a tener dinero para pagar”, reveló el ingeniero Levet a este semanario. 

“Las autoridades dicen que no hay dinero; pero el dinero lo hay, lo que pasa es que no quieren darlo, no quieren pagar. Hay una negligencia alarmante de parte del Gobierno Federal, es un olvido total de la universidad pública. Hay una insensibilidad terrible del gobierno saliente. Nosotros habíamos planteado el problema que se avecinaba para este fin de año 2018 y no nos hicieron caso”, enfatizó el dirigente sindical universitario. 

Compromisos del nuevo gobierno 

El pasado cuatro de octubre, con ocasión de su “gira de agradecimiento del voto” en el estado de Morelos, el Presidente electo, habló por primera ocasión de rescatar a las 10 universidades públicas que actualmente se encuentran en quiebra técnica, pero condicionó su apoyo a que sus dirigentes acaben con la corrupción y los cacicazgos internos que las asuelan. 

“Eso se va a hacer, porque no es nada más la Universidad de Morelos; hay 10 universidades en las mismas circunstancias, y aprovecho de una vez para fijar las reglas: sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos rendición de cuentas, nada más eso”, dijo AMLO. 

El 29 de septiembre, cinco días antes, AMLO había ratificado su promesa de campaña de edificar 100 universidades más, de dar dos mil 400 pesos mensuales a los estudiantes y de proveer de trabajo –con el respaldo de empresarios– a los jóvenes que “no estudian ni trabajan” (ninis), quienes recibirán un sueldo de tres mil 600 pesos mensuales.