En solo 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha creado un ambiente de crispación y encono que día a día alimenta en sus conferencias matutinas; como en ningún otro sexenio, ha abierto diversos frentes de confrontación; lo mismo ataca a organizaciones de la sociedad civil que a políticos que no están de acuerdo con su gobierno. En menos de tres meses, tres personajes que no coincidían con su partido han muerto: los panistas poblanos Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle y poco después el líder campesino Samir Flores Soberanes, quien estaba al frente de los que se oponían a la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos.

Pero no es el único conflicto con el que ha tenido que lidiar el nuevo gobierno en tan poco tiempo; a decir de especialistas, el país se encamina hacia una crisis inflacionaria provocada por una economía errática, cuyo crecimiento para 2019 está calculado apenas en 1.1 por ciento por el Banco de México (Banxico). Esta realidad no cambiará a pesar de la entrega de apoyos monetarios que el gobierno destinará a madres, jóvenes estudiantes, personas de la tercera edad y mujeres violentadas.

El actual discurso de AMLO se cuida mucho de atacar a quienes detentan el poder económico, al capital nacional y extranjero que el neoliberalismo impulsó en los pasados 36 años. Algunas de sus medidas han sido fuertemente criticadas por sociólogos, académicos y políticos y otras son una repetición de las prácticas anteriores, como la creación de una Guardia Nacional. El México neoliberal, corrupto, empobrecido e inseguro sigue aquí y no hay visos de que el Presidente de la República quiera realmente cambiarlo.

Opositores muertos

En la madrugada del 20 de febrero fue asesinado en Amilcingo, Temoac, el activista morelense Samir Flores Soberanes, líder del movimiento opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que integra la termoeléctrica de Huexca, un gaseoducto y un acueducto que no ha sido puesto en marcha ante el rechazo de las comunidades a la destrucción de su entorno natural, debido a que el gasoducto pasaría muy cerca del volcán Popocatépetl, que se encuentra activo y a que los pobladores temen perder fuentes de abastecimiento hídrico; hoy acusan a AMLO, por quien votaron en 2018, de haberlos traicionado.

Los vecinos de Huexca divulgaron un video en redes sociales en el que se observa a AMLO en 2014, durante una visita a Yecapixtla, diciendo: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica; y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”.

Ya como Presidente, el 10 de febrero de 2019 en el balneario El Almeal, de Cuautla, AMLO perdió la compostura ante la población inconforme con el proyecto PIM: “¡No quiero que me confundan, no soy corrupto ni autoritario. ¡Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores!”. Incluso sugirió que eran pagados por corporaciones trasnacionales a las que no les conviene la termoeléctrica. Los presentes se enardecieron, gritaron y abuchearon.

En aquella ocasión, AMLO impuso una más de sus “consultas” populares. El proceso se realizó el 23 y el 24 de febrero, en medio de protestas, quema de urnas, la agresiva detención de tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el hostigamiento constante de la policía morelense. La “consulta”, como todas las anteriores aplicadas por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), dio luz verde al proyecto del Presidente.

El actual gobierno también ha sido acusado por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) de enrarecer el proceso de investigación para determinar si fue un accidente, o no, la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, ambos opositores al gobierno de AMLO. El presidente del PAN, Marko Cortés, afirmó que “de lo que quiso presentar como un accidente, y hoy a la luz de las pocas evidencias que lo acrediten, a la luz de no tener un veredicto pericial, nos hace ver que no fue un accidente, sino un hecho provocado”.

Aunque no se ha comprobado la relación directa entre las muertes y el actual gobierno, deudos y simpatizantes han denunciado el lento proceder de las investigaciones y el enrarecimiento de las mismas.

Uso clientelar del presupuesto

La acción prioritaria de la 4T se basa en la repartición de 300 mil millones de pesos al año a ciudadanos previamente elegidos. Las transferencias se harán mediante tarjetas electrónicas que administrarán Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, integrante del Consejo Asesor Empresarial de AMLO, y el “Banco del Bienestar”, como ahora se llama el Bansefi –uno de los bancos de desarrollo del Estado– aunque éste no cuenta con sucursales en todo el país. Al cierre de esta edición, el padrón de beneficiarios de la 4T sumaba 25 millones de enlistados, de los cuales, según informó AMLO, cinco millones son adultos mayores.

Para canalizar recursos a sus programas de transferencias monetarias, el Gobierno Federal suspendió apoyos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y a las estancias infantiles, que ya no recibirán recursos para servicios de guardería; a cambio, ha prometido que el dinero se entregará directamente a los padres de familia, quienes recibirán mil 600 pesos bimestrales. Canceló también el apoyo a los refugios de mujeres víctimas de maltrato y cerró los cinco mil 542 comedores comunitarios del programa SinHambre, donde se ofrecía comida, con un costo de 10 pesos, a los mexicanos más pobres.

Creó la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), en contraste, que dispondrá de 500 millones de pesos anuales. Esta dependencia tendrá carácter independiente con respecto a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y reportará directamente sus actividades a la Presidencia. “Saben que tengo el sueño, que quiero convertir en realidad, que si ahora hay 20 o 30 mexicanos jugando en grandes ligas, cuando terminemos el sexenio, en el 2024, tengamos cuando menos 60, 80 mexicanos jugando en grandes ligas”, dijo AMLO el tres de marzo a modo de justificación.

El Presidente ha insistido en que, a pesar de la reducción del presupuesto, no recurrirá a más deuda externa; pero el pasado 27 de febrero, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro con el propósito de convertir a las actuales sociedades de inversión (Siefores), que disponían limitadamente los recursos de las Afores, en fondos para ampliar su panorama con miras –se dice– para financiar inversiones estatales y privadas. Al cierre de esta edición estaba por aprobarse dicha reforma.

Hacia el desastre económico

Vicente Fox comenzó su “gobierno del cambio” en diciembre de 2000 con la promesa de impulsar un crecimiento económico del siete por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB), crear un millón 300 mil empleos y abatir la pobreza. Nada de esto se cumplió. En su primer año, el PIB decreció 0.2 por ciento; en 2002 hubo un crecimiento del 0.8 por ciento. El crecimiento promedio en el sexenio de Felipe Calderón fue del 1.7 por ciento y con Enrique Peña Nieto fue del 2.4 por ciento.

AMLO ha ofrecido reiteradamente un importante crecimiento económico. El nueve de julio de 2018 se reunió con empresarios a quienes dijo: “Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio cuatro por ciento, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal”.

En la toma de posesión de Carlos Salazar Lomelí como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 28 de febrero, el mandatario refrendó su promesa de crecer al cuatro por ciento durante su sexenio. Los analistas, sin embargo, sostienen que el crecimiento económico de un país no se logra con acuerdos ni por decreto.

Un día antes de la reunión de AMLO con el CCE, Banxico había reducido por tercera vez la expectativa de crecimiento de la economía mexicana, rompiendo con las estimaciones del gobierno de la 4T en los criterios de política económica del Presupuesto de Ingresos de la Federación 2019 (PIF), que pronosticaba un crecimiento de entre el 1.5 y el 2.5 por ciento. Banxico reportó que el PIB crecerá solo entre el 1.1 y el 2.1 por ciento en 2019.

Gobierno reprobado

El 1º de marzo, la calificadora internacional Standard and Poors Global Ratings (S&P) bajó de “estable” a “negativa” la perspectiva de calificación de México, debido a la forma en que la 4T está manejando las políticas públicas del país y la deuda, sobre todo la de Pemex. Esto posibilita que en 2020 baje la calificación crediticia del país y que con ello aumenten los intereses y, en general, el tamaño de la deuda mexicana. Sobre el reporte de S&P, AMLO dijo el dos de marzo: “¡Vamos muy bien, vamos muy bien!; sí está creciendo el país, estamos bien y de buenas; como México no hay dos”.

Un informe atribuido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), divulgado en medios el tres de marzo, reveló que la deuda del sector público creció en mil 147.2 millones diarios en los primeros dos meses del actual gobierno, alcanzando una cifra de 10 billones 800 mil 571.8 millones de pesos, un 8.33 por ciento superior a la observada en el mismo periodo de 2018.

El doctor David Lozano Alarcón, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a buzos que en cálculos reales puede esperarse que el crecimiento sea solamente del 1.5 por ciento en 2019, muy por debajo de las expectativas del nuevo gobierno, en tanto que el tipo de cambio peso-dólar ha comenzado a mostrar un empuje al alza, lo que podría agudizarse en el corto plazo. En cuanto a la inflación, dijo que ésta se ha ubicado dos puntos por encima de la observada en los últimos tres años, por lo que no se van a cumplir tampoco las metas inflacionarias previstas en el programa económico.

Lozano señaló que los indicadores del primer trimestre marcan una tendencia para el resto del año, periodo en que deben sumarse los traspiés en el manejo administrativo y los despidos masivos de empleados de gobierno que, advirtió, tendrán repercusiones financieras por los miles de juicios laborales en trámite.

“Si en el primer trimestre hay problemas en el manejo administrativo, de cuentas, inflacionario y de crecimiento de la economía, nos da como resultado que al menos en sus primeros 100 días, en materia económica, este gobierno está reprobado. Lo que hemos visto en estos primeros 100 días es un gobierno con un alto grado de improvisación, aunque muchos de los actuales funcionarios ya han trabajado en la administración pública, no son gente nueva”.

Eliminando contrapesos

AMLO capitalizó la inconformidad de luchadores sociales, de los deudos de miles de desaparecidos, de los agraviados por un régimen de opresión y una sociedad harta de las promesas de cambios sociales que nunca llegaron. Sin embargo, a los mismos que en el pasado le sirvieron para ascender al poder, ahora los etiqueta como provocadores, “radicales de izquierda conservadores”, chantajistas, vándalos y hasta corruptos.

Desde su toma de posesión, el Presidente de la República comenzó a dar instrucciones a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo de eliminar contrapesos a su gobierno.

En los hechos, el Poder Legislativo está controlado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque éste cuenta con mayoría en ambas cámaras. El Poder Judicial está siendo amagado con presiones e incluso con una amenaza de disolución. El 27 de febrero, el senador de Morena Felix Salgado Macedonio, fustigó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no someterse a la orden de bajarse el sueldo, conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que impulsó AMLO. “Si no se ajusta a lo que dice la ley, porque están obligados a eso, estaremos aquí planeando la desaparición de la Corte, de plano”, dijo.

Salgado amagó con promover la desaparición de los poderes públicos en las entidades donde los gobernadores asumieran posiciones críticas o de resistencia a la designación de los “superdelegados” de la 4T, quienes desde hace tres meses concentran el poder que antes tuvieron los delegados federales. “Ningún gobernador de ningún estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional: todo eso está por ley. Aquí hay que recordar a los gobernadores que en el Senado es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes”.

La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y las organizaciones de municipios de México desaparecieron en la realidad. Los partidos de oposición no tienen peso político. Las organizaciones civiles, urbanas, rurales, campesinas, etc, han sido atacadas permanentemente por AMLO, desde las conferencias “mañaneras” y en todo foro en que se presenta. Una ruta similar se sigue con los organismos autónomos y descentralizados que pueden hacer algún tipo de “sombra” a las decisiones presidenciales.

A mediados de febrero se formó el equipo #YoSiQuieroContrapesos, integrado por unas 50 personas que dirigen organizaciones civiles y analistas políticos; entre ellos figuran el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el exdirigente nacional del PAN, Gustavo Madero; Francisco Torres Landa, líder de México Unido contra la Delincuencia; las legisladoras Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; Emilio Álvarez Icaza y Lucía Rojas, independientes; Luis Donaldo Colosio Riojas; el analista económico Macario Schettino y el investigador universitario Raúl Trejo Delarbre. En un documento público, este grupo expresó lo siguiente: “Nos preocupa que frente al mínimo disenso con el actual régimen sobrevenga una escalada de descalificaciones, linchamiento y persecución” (…)”. En respuesta, AMLO los llamó “ternuritas” y reviró: “no hagan el ridículo”.

Pero no es el único frente ciudadano contra el que AMLO ha abierto un fuego directo. En diversos actos públicos ha denostado y descalificado a las organizaciones civiles acusándolas de manejar programas sociales del Estado y asegurando que ahora será el gobierno quien entregue “sin intermediarios” –vía tarjetas bancarias– los apoyos monetarios. Entre las organizaciones que el Presidente ataca una y otra vez se encuentran el Frente Popular Francisco Villa y Antorcha Campesina; ésta última ha desmentido categóricamente esa intermediación y refutado las calumnias del mandatario, que no han cesado.

A la fecha el gobierno de AMLO ha eliminado 22 programas sociales de la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaria de Bienestar (SB), a fin de entregar apoyos monetarios a jóvenes de preparatoria y universitarios; a ninis; mujeres violentadas; madres que necesiten de una guardería para sus hijos y adultos mayores de 68 años. Esta política de apoyo monetario también ha dado lugar a la crítica de economistas destacados que la califican de “clientelar” pues lejos de enfocarse en la atención de los más apremiantes problemas del país, entre ellos los bajos salarios, pobreza, falta de oportunidades laborales, inseguridad, feminicidio etc., sostiene que la corrupción es la causa de todos los males.

Guardia Nacional, plan de sometimiento

El 21 de febrero, el Senado aprobó la conformación de la Guardia Nacional (GN) y se ampliaron los delitos que pueden ser causa de encarcelamiento inmediato. Al gusto del Presidente, la GN será constitucionalmente habilitada para intervenir en labores de seguridad pública; actuará como policía de investigación y podrá hacer detenciones en “flagrancia”. Su propia excoordinadora de campaña y ahora vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, ha señalado que eso no fue lo que se acordó en el equipo de campaña, sino una desmilitarización de la seguridad pública. El presidente, sin embargo, asegura que la GN será como los Cascos Azules (CA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues su misión será “la paz”. AMLO parece desconocer que aún con mote de “ejército de paz” los CA, influidos por el gobierno de Estados Unidos, han ejecutado acciones bélicas violatorias de los derechos humanos en diversos conflictos armados internacionales, entre ellos la guerra entre las dos Coreas en 1950, Ruanda en 1994 y Haití en 2007.

Al cierre de esta edición, la minuta de la GN estaba siendo aprobada en vía rápida por los congresos estatales y su promulgación quedará lista en los próximos días. Aunque se aprobó que su mando sea civil –en contra de los deseos presidenciales–, AMLO tendrá la facultad legal de designar como tal a un general o almirante en retiro, se integrará con efectivos de la milicia durante los próximos cinco años, lapso durante el que serán sustituidos por civiles. Los especialistas mantienen reservas con respecto a los riesgos contra los derechos que implica la presencia de militares en labores policiales. Una vez que se concrete la aprobación constitucional de la GN, vendrá la configuración de su ley reglamentaria, de la que aún podrán desprenderse mayores riesgos.

Encuestas y consultas a modo

En un análisis estadístico de febrero de 2019, la encuestadora Mitofsky desglosó la aprobación popular a las decisiones de AMLO que, en contraste con su popularidad, han sido criticadas por especialistas y opositores por su improvisación, la forma de aplicarlas y porque no están encaminadas a solucionar los problemas de fondo de un país con un crecimiento económico de dos por ciento en promedio y con 55.3 millones de pobres.

Entre las decisiones de AMLO más aplaudidas y vitoreadas en sus primeros 100 días de gobierno, figura la de “quitar la pensión a los expresidentes de la República”, que captó el 80.7 por ciento de los votos. Esta medida, sin embargo, representó un ahorro de 40 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF 2019).

Otras medidas muy celebradas fueron la de “quitar gastos médicos mayores” a la burocracia federal de alto rango (76.7 por ciento) y “bajar los sueldos a todos los funcionarios” (68.8 por ciento). Los afectados ya interpusieron juicios de amparo y litigios laborales.

Su promesa de “desaparecer el Estado Mayor Presidencial” recibió 57.5 por ciento de aprobación; “reducir el IVA e ISR en la Frontera”, (55.1 por ciento) implicará para el Estado la pérdida de ingresos fiscales por 20 o 30 por ciento en ISR y entre ocho y 16 por ciento en IVA en la franja fronteriza del norte. Este hecho es absolutamente irrelevante frente a la gran decisión fiscal necesaria: la aplicación progresiva del ISR a los contribuyentes con mayores ingresos en México.

La propuesta de que el Presidente viaje en “aviones comerciales” captó el 53.1 por ciento de la aprobación. Para estimular a sus votantes, AMLO viaja en líneas comerciales y en diciembre pasado decidió poner en venta el avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón. La nave se encuentra sin uso en un hangar de EE. UU., donde carece de mantenimiento y el gobierno mexicano tendrá que pagar una renta anual de 416 millones 940 mil 268 pesos. Hasta el momento solo se han pagado mil 622 millones de pesos del total de cinco mil 213 millones de pesos del costo del avión, pero AMLO ha proclamado como ahorro dicha suma. La conversión en museo público de la exresidencia oficial de Los Pinos le aportó a AMLO el 52.6 por ciento de las aprobaciones.

“Combatir el huachicoleo, momentos de desabasto de gasolina” (51.4 por ciento). La primera semana de enero, AMLO ordenó cerrar los ductos que suministran gasolina a todo el país como medida para evitar el robo de combustibles, provocando con esta medida escasez y otros problemas asociados. Luego fueron reabiertos debido a la imposibilidad de mantenerlos inhabilitados. En un primer momento, intentó resolver el desabasto provocado con las dos mil 500 pipas de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), pero éstas no fueron suficientes; se rentaron entonces otras dos mil 500 a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CNAC), pero tampoco alcanzaron.

El 21 de enero se realizó la compra de 571 nuevas pipas en EE. UU., primeras de una entrega total de 707 que serán adquiridas para sustituir el suministro de combustibles por ductos, elevando en 14 por ciento el costo de transporte, como lo hizo ver en su momento la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo titular Guillermo García Alcocer fue luego hostigado políticamente por AMLO, al tiempo que se abría el proceso de elección del nuevo responsable de este organismo descentralizado, intensamente cuestionado por el Presidente.

En torno a la construcción del “Tren Maya del Sureste”, AMLO obtuvo 46.3 por ciento de aprobación. Este proyecto ha sido condenado por organizaciones indígenas de Chiapas y de todo el sureste, convencidas de que acabará con el entorno natural y afectará su abastecimiento de agua. En el Encuentro del Buen Vivir, realizado el 26 de febrero, representantes de 80 comunidades originarias ratificaron su oposición al Tren y advirtieron que redoblarán esfuerzos para que no se instale. Especialistas del CAM de la UNAM acaban de terminar un estudio sobre el PEF en el que se asegura que “el Tren Maya, principal proyecto de AMLO, va a terminar financiado, en los seis años, con el 90 por ciento de recursos del Gobierno Federal y el 10 por ciento del sector privado; entonces, es falso lo que decía AMLO; tal como está desarrollado el PEF, no va a ser así, sino al revés”, confió a buzos el académico David Lozano Alarcón.

“Despido de miles de empleados de gobierno” fue una propuesta que alcanzó el 41.6 por ciento de aprobación), la medida significó el despido de 222 mil 600 trabajadores al servicio del Estado, quienes representan el 70 por ciento del total de trabajadores de confianza en activo al iniciar el nuevo gobierno.

La medida con más baja popularidad en estos primeros 100 días, según la encuestadora Mitofsky, fue la cancelación definitiva del Aeropuerto de Texcoco (29.6 por ciento). Una vez cancelado, está programado que en marzo inicie la construcción del nuevo aeropuerto comercial en la base aérea militar de Santa Lucía. Los mandos castrenses se encargarán de administrar la nueva terminal para que las fuerzas armadas obtengan recursos.

El 28 de febrero, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) pagó el débito de la llamada Fibra E del NAICM, por 34 mil 27 millones de pesos, cifra que incluye la inversión inicial. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que aún están en revisión contratos vigentes hasta por 40 mil millones de pesos que el gobierno de la 4T deberá pagar a empresarios.