Desde hace cinco años, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha violentado peligrosamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias e instituciones autónomas del país.

Entrevistado el 29 de mayo de 2022 en el programa La Silla Roja, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, dijo que, con esta actitud, AMLO no sólo ha demeritado el Estado de Derecho sino, además, ha atentado contra la democracia.

“El Estado de Derecho básicamente consiste en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer de acuerdo con las normas que les establecen sus competencias, sus facultades y obligaciones”, explicó el jurista, en su momento objeto de ataques verbales del mandatario.

Consultado por buzos, el analista político y académico en derecho José Luis Espinosa Piña agregó al respecto: “creo que eso es algo de lo más grave que puede ocurrirle a un país: que la autoridad electa no respete la Constitución que juró guardar, porque la consecuencia es un debilitamiento generalizado del Estado y la pérdida de autoridad moral. Si la Carta Magna no tiene el máximo valor, y si quien juró guardarla y aplicarla no lo hace, entonces la República está en sus peores días.

“Y ese debilitamiento sistemático puede llevarnos al estallido social y a la ingobernabilidad. Algunos hablan, incluso, de que si esto se prolonga, seremos un Estado fallido. Creo que no puede funcionar una nación como el México al que aspiramos, si el debilitamiento de todo el sistema continúa. Esto lo ha propiciado en buena medida el Presidente, al no someterse a la norma suprema que es la Constitución”, subrayó Espinosa Piña.

Pero junto a ese debilitamiento, los derechos ciudadanos constitucionales de mayor importancia para la preservación de la vida (seguridad pública, salud, alimentación sana y suficiente, educación, vivienda digna, etc.) han reducido su protección a la mayoría de los mexicanos en sólo un lustro.

En el rubro de seguridad pública, la fallida política de “abrazos, no balazos” ha propiciado que los grupos de la delincuencia organizada se empoderen aun más, que dispongan de control territorial, económico, incluso político, en diversos municipios del país; y que en sólo cinco años se haya alcanzado la histórica cifra de más de 162 mil homicidios dolosos.

En materia de desapariciones, las organizaciones civiles nacionales e internacionales coinciden en una cifra aproximada a los 120 mil en el sexenio actual. En su conferencia del 13 de noviembre de 2023, AMLO intentó desacreditar a Karla Quintana, ex Comisionada Nacional de Búsqueda, porque ésta denunció que su gobierno pretende reducir el número real de las personas desaparecidas.

Espinosa Piña considera que el mayor error político de AMLO a la fecha, es su campaña de hostigamiento contra el Poder Judicial, porque con ella ha debilitado el Estado de Derecho y generado vacíos de poder y autoridad en regiones del país que son ocupadas por organizaciones criminales.

“Esos vacíos, que se dan por la falta de diálogo entre poderes y coordinación entre las autoridades, son aprovechados por el crimen organizado, de tal manera que le ha ganado terreno y espacio al Estado mexicano… El Estado de Derecho está más debilitado que nunca”.

Cuando asumió la Presidencia, AMLO se comprometió a que su gobierno garantizaría un “auténtico Estado de Derecho”, figura política cuya creación se atribuye a los políticos liberales mexicanos del Siglo XIX, bajo la expresión de que “al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”.

Sin embargo, su desempeño, a lo largo de los cinco años pasados, ha sido de un recurrente pisoteo de la Carta Magna, leyes secundarias, instituciones autónomas, gobiernos de entidades de la República y partidos políticos de oposición.

AMLO evidenció su desprecio al orden legal cuando, en su conferencia mañanera del seis de abril de 2022, declaró: “y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, cuando presionaba a los ministros de la SCJN para que avalaran su proyecto de reformas a la ley de la industria eléctrica, que está suspendido y sigue en juicio, porque contraviene lo dispuesto en la Constitución en esa materia.

En la citada entrevista con La Silla Roja, el exministro Cossío agregó que en su demérito de las leyes, el Presidente no sólo desgasta al Estado, sino también su figura presidencial:

“Decir que ‘yo puedo desconocer la ley porque yo siento que tengo una calidad superior’, sí me parece que es muy peligroso porque al no haber frenos o contrapesos, tampoco entendemos claramente cuáles son los límites de ese proceso en el que ya pareciera que estamos metidos”, explicó Cossío.

Los abusos de poder

AMLO indicó, que en su sexenio, el Poder Ejecutivo “dejaría de ser el poder de los poderes” y que mantendría relaciones respetuosas con los poderes Legislativo y Judicial, pero desde diciembre de 2018 se ha dedicado a presionarlos con el propósito de dominarlos y someterlos a sus decisiones. También ha buscado la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, creados precisamente como contrapesos ciudadanos para evitar abusos del Poder Ejecutivo.

“Analistas internacionales, universidades y académicos ya han documentado el retroceso que experimenta México. Una serie de abogados y juristas internacionales redactaron un escrito en donde hablan de la terrible situación por la que pasa el Poder Judicial en México, presionado desde el Poder Ejecutivo”, apuntó al respecto el analista Espinosa Piña.

En su misma contradicción, AMLO ha incurrido en prácticas que criticó reiteradamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI): el uso de recursos públicos para comprar votos a favor de los candidatos de su partido (Morena), a puestos de elección popular.

Desde 2019, políticos opositores y analistas han criticado a AMLO por utilizar los programas sociales de la Secretaría del Bienestar (SB), de entrega de dinero en efectivo, para favorecer a los candidatos de Morena.

Entre sus violaciones a los principios constitucionales y a la legislación reglamentaria en materia electoral, el mandatario también usa sus conferencias “mañaneras” para descalificar a los candidatos de oposición y promover abiertamente a los de Morena.

El caso más actual es el de la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, a quien impulsa para ocupar la Presidencia de la República.

En relación con lo anterior, el académico especializado en derecho José Luis Espinosa comentó a buzos: “El discurso va por un lado y la realidad va por otro. En el discurso afirma democracia, respeto a las instituciones y las leyes, y en los hechos es todo lo contrario…

“El Presidente perdió todo pudor político, y no hay ninguna duda para nadie de que la candidatura de Sheinbaum fue decidida por el Presidente. Podrá decir que las encuestas y lo que quiera; pero para todo mundo, dentro y fuera de México, es a quien él señaló como su sucesora. Lo demás fue un disfraz, una simulación y eso es absolutamente claro”.

Además, Espinosa prevé que se utilizarán “todos los recursos del Estado y de los programas gubernamentales en favor de su candidata sin ningún tipo de pudor ni de cortapisas…

“AMLO no se detiene ante nada y tratará de actuar como lo que combatió toda su vida, con autoritarismo. Él señaló al autoritarismo priista y gubernamental por años y hoy se convierte en la peor versión de lo que él denunció”.

Espinosa señaló que el Presidente no sólo tiene las manos dentro del proceso electoral, sino que “hace algo peor: debilita a las instituciones encargadas del juego democrático; y desde mucho tiempo antes prepara una serie de argucias para el día de la elección. Es inédito; esto nunca se ha visto”.

Hacia un Estado fallido

En un artículo divulgado en La Silla Rota, el siete de noviembre de 2023, el académico y especialista veracruzano Gustavo de Hoyos Ramón advirtió que México se dirige a tener un “Estado fallido”, que significa “aquel que no ha logrado un buen funcionamiento de la administración pública y no realiza de manera adecuada las funciones jurídicas y económicas que le corresponden”.

“La conclusión a la que he llegado, después de un análisis cuidadoso, es que el señor presidente AMLO está llevando al país sobre un camino incorrecto; es decir, hacia un Estado fallido”, advierte De Hoyos en su análisis.

Detalla que entre los factores estudiados sobre el funcionamiento del Estado están la corrupción entre las fuerzas del orden (policiacas); inseguridad pública sufrida por los ciudadanos y la fallida respuesta de la autoridad ante el crimen organizado mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado.

Informalidad laboral y desempleo; deficientes servicios de salud y educación; contaminación ambiental; incapacidad para responder ante desastres naturales (caso Guerrero), falta de respeto a la división de poderes y organismos autónomos.

Sin acceso a la salud

A cinco años de gobierno todavía sigue sin operar el servicio público de salud al nivel de Dinamarca prometido por el presidente López Obrador que comenzaría a funcionar a la mitad de su sexenio. En cambio, se ha incrementado drásticamente la cantidad de mexicanos sin acceso a la atención médica.

Según datos divulgados el 10 de agosto de 2023 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el año 2018 había 20.1 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud públicos; y en 2022 la cantidad llegó a 50.4 millones. 

El dos de octubre de 2023, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza divulgó su informe El Enfermo está más grave. Deterioro del sistema de salud en México, en el que informa que actualmente el gasto público por persona en salud es de 538 dólares anuales, cifra que ubica a México como el país que menos invierte en esta materia entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“El diagnóstico es preocupante: mucho menos presupuesto que otros países, ya no digamos Dinamarca. Ni siquiera estamos cerca de Costa Rica; menos disponibilidad de camas, así como menos médicos, vacunación en declive, desabasto de medicinas, carencia en detección de enfermedades”, denuncia Acción Ciudadana.

“El gasto que realizan los hogares para atender su salud también creció. En 2018, un total de 18.5 millones de hogares (54 por ciento del total) realizaron un gasto de bolsillo asociado a esta necesidad, cifra que en 2022, aumentó a 24.3 millones (65 por ciento)”, precisa la organización civil.

El seis de noviembre de 2023, la OCDE presentó su informe Panorama de la Salud 2023, en el que ubica a México como el país con los resultados más bajos en atención de salud pública, especialmente en la destinada a combatir enfermedades crónicas de mayor incidencia como diabetes, presión arterial y cardiovasculares, incremento en la mortalidad infantil, menor esperanza de vida y mayores gastos de las personas, quienes se ven obligadas a pagar por su atención médica en servicios privados.

Andrés Castañeda Prado, académico e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en políticas públicas de salud, dijo a buzos que ciertamente el sistema de salud público tenía aspectos que debían modificarse; pero en 2019 se le hicieron cambios radicales desmantelando el Seguro Popular y el mecanismo para la adquisición de medicamentos y enseres hospitalarios, sin contar con un plan claro y eficaz para sustituir todo eso.

“Esto se hizo sin entender la complejidad del sistema de salud. Se cayeron las consultas, vino el desabasto de medicamentos, entre otras consecuencias… después llega la pandemia, nos agarra en curva con un sistema de salud ya medio desmantelado… las consecuencias fueron terribles, el exceso de mortalidad que un poco podemos atribuirla a la pandemia, México es el peor calificado”, apuntó Castañeda.

En este sexenio se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para sustituir al Seguro Popular, que únicamente operó dos años (entre 2020 y 2022); después de su fracaso, mediante una reforma a la Ley General de Salud (2023) se crearon el IMSS-Bienestar, retomando el programa instaurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1976 como IMSS-Coplamar, que da servicios específicamente a personas sin afiliación habitantes de zonas marginadas, así como un esquema de Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP). 

El doctor Castañeda apuntó al respecto: “la gran crítica es que llegamos hasta el final; esta reforma se da hasta el final (del sexenio) y no está bien planteada todavía; pero se tendrá que implementar ya en los próximos años… y es ahí donde estará el reto más grande… porque no se resolverá este año que viene (AMLO asegura que en marzo de 2024 empezará a funcionar al 100 por ciento)”.

Pobreza y desigualdad

El 10 de agosto de 2023, apenas unos días antes del V Informe de Gobierno de AMLO, el Coneval difundió sus Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022, documento en el que reporta que 5.1 millones de mexicanos “salieron de la pobreza”.

López Obrador incluyó ese dato como proclama en su informe de labores del 1° de septiembre de 2023; pero el rechazo de investigadores, académicos y organizaciones civiles especializadas en el análisis de la pobreza y la desigualdad en México no se hizo esperar.

El 25 de septiembre de 2023, la organización civil Signos Vitales divulgó su informe México social a revisión, en el que cuestiona el “falso triunfalismo” del gobierno morenista y refuta que la pobreza y la desigualdad se hayan reducido en el país.

En la presentación de ese estudio, Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), explicó que el Coneval mide la pobreza con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la más reciente en 2022, la cual fue hecha con una metodología que cambió en 2018, por lo que los nuevos datos no son comparables con los de los años anteriores.

“Aquí está pasando algo que puede ser grave y que creo que todos debemos tener en el radar…. no vaya a ser que, ya nombrados nuevos responsables de estas instituciones, el Inegi y el Coneval, que damos por buenos, ojalá sigan siendo instituciones independientes y sólidas; pero es momento de verificarlo dada esta parcialidad en las cifras”, alertó Székely,

El investigador agregó, además, que investigadores de la UNAM, entre ellos el doctor Fernando Cortés, especialista en mediciones de la pobreza, estudiaron técnicamente los datos divulgados por el Coneval y concluyeron que la pobreza no disminuyó.

Julio Boltvinik, otro experto en medición de la pobreza, que cuenta con reconocimiento internacional, ha cuestionado reiteradamente las mediciones del Coneval porque las considera “políticamente acomodaticias”, ya que generalmente reporta una cantidad de pobres por debajo de la mitad de la población (en cantidades entre 47 y 55 millones) aunque en la realidad afecta por lo menos a 98 millones de personas, es decir, a 77 por ciento del total de aproximadamente 127 millones de mexicanos. 

El 19 de octubre pasado, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó de un aumento sustancial en la desigualdad social en México, en que más de 90 por ciento de la población de 14 estados vive sin condiciones de bienestar. Entre estas entidades se hallan Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; en este último estado, según su Escala de Bienestar, 70 por ciento de los chiapanecos viven sin un ingreso suficiente para comprar una canasta básica.