Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
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Transcurre el penúltimo año del sexenio y la crisis financiera por la que atraviesan las entidades federativas y los municipios del país se agudiza terriblemente. La situación comenzó a agravarse en 2019, primer año del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) y, según pronostican analistas especializados, el agravamiento de la crisis será aún peor a fines de 2023.
Entre las causas más notables –coinciden los estudiosos del fenómeno– figuran los recortes presupuestales, que se convirtieron en una característica peculiar de la política económica de la 4T; la desaparición de más de 100 fondos de apoyo económico que beneficiaban a los gobiernos locales para el mantenimiento de los servicios básicos, la atención de emergencias como los desastres naturales y el fortalecimiento de la seguridad pública.
Otros analistas consideran causa importante de la crisis el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), del que el Gobierno Federal extrae montos considerables que no se sustituyen íntegramente; también mencionan la falta de coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno, tal como ordenan las leyes, tanto en el aspecto de la recaudación de impuestos como en su redistribución entre los gobiernos Federal, estatales y municipales.
La reducción de los ingresos de estados y municipios da como resultado la disminución de su capacidad para hacer frente a graves problemas sociales como la pobreza –que no dejó de crecer desde 2019 a la fecha–; la crisis económica –agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19–; y una incesante elevación de los precios de los bienes más indispensables para la subsistencia de las familias.
Esta problemática ha obligado a los gobiernos locales a aumentar su deuda pública, cuyo monto ya era fuerte a principios del sexenio y ahora amenaza con elevarse exageradamente antes de que termine la presente administración. Los gobiernos estatales y municipales pueden recurrir a la obtención de préstamos y completar sus ingresos aumentando los impuestos; pero las consecuencias las sufre la población sumida en la pobreza, sin ningún apoyo frente a la inflación, golpeada por la crisis financiera e inerme ante la inseguridad y la falta de servicios básicos.
El Reporte Especial de esta semana caracteriza la política de la 4T como una transformación de la crisis financiera en una tragedia cuyas consecuencias ya sufre la mayoría de los mexicanos.
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Escrito por Redacción