Hoy, América Latina, como otras regiones del mundo que viven crisis multidimensionales provocadas por el comercio del capitalismo beligerante, es obligada a elegir entre la autodeterminación y la dependencia hacia el imperialismo de Occidente.

Para los analistas internacionales, los comicios que se realizarán este año en 70 países podrían producir turbulencia política y socioeconómica ante los electores, cuyo número equivale al 40 por ciento de la población mundial.

Entre los países con elecciones se hallan India, Rusia y Estados Unidos (EE. UU.), tres de las cuatro grandes potencias, junto a Indonesia, Taiwán; 17 africanos (un tercio del continente) y seis latinoamericanos: El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela.

En estas naciones se elegirán presidentes y habrá tres comicios locales; en tanto que en el Viejo Continente se renovará el Parlamento Europeo. En la última década, las ofertas partidistas han crecido ante los ciudadanos de América Latina, ya que se vislumbra la solución a problemas añejos porque sus dirigentes proceden de sectores muy poco confiables. Por tal motivo, especialistas plantean la siguiente interrogante: ¿será el fin o predominará el voto de castigo que, desde 2018, se aplica contra el oficialismo?

El resultado ha sido mixto en los primeros meses de 2024. La relevancia de estos procesos políticos radica en que los millones de ciudadanos, al elegir legisladores y titulares de poderes ejecutivos nacionales, estatales y municipales, también tienen la oportunidad de dibujar el orden mundial de los próximos años.

La decisión del voto

Tras el fin de la Guerra Fría, más supuesta que real, las potencias de Occidente (EE. UU. y sus aliados europeos) impusieron su agenda sobre América Latina, fuente privilegiada de materias primas.

En los años 90, 439.4 millones de latinoamericanos vieron surgir escenarios que trastocaban la política tradicional de sus liderazgos políticos y claramente desafiaban la hegemonía estadounidense.

Cuando el Siglo XXI inició, el subcontinente vivía en un contexto geopolítico inédito; ya que desde el sur fluía una iniciativa opuesta al paradigma supremacista del mercado sobre el Estado y la sociedad, y difunde la idea de que “es posible otro mundo mejor”.

Esta visión era alentada por políticos anticapitalistas como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la sexta economía mundial en 2002, cuando ganó la presidencia con 52.7 millones de votos (61.3 por ciento); Hugo Chávez Frías, en Venezuela, quien la presidía desde 1998, tras lograr 6.5 millones de votos, y Néstor Kirchner en Argentina, quien en 2003 captó 19.9 millones de votos.

En la segunda década del Siglo XX se evidenció más la rivalidad estadounidense contra China por la capacidad política y económica del país asiático para influir en otras regiones del orbe y para innovar la industria, las tecnologías y la ciencia.

La emergencia tecnológico-manufacturera de China coincidió con el reposicionamiento planetario de la Federación de Rusia, gran actor geopolítico por su gran capacidad energético-nuclear. El nuevo estatus de estas potencias europea y asiática ha respaldado las aspiraciones antiimperialistas de Estados latinoamericanos como Brasil y Venezuela.

En síntesis: este nuevo contexto político más plural ha modificado la idea de que se vislumbraba imparable e inimpugnable el triunfo del imperialismo global.

La “securitización” de la política ha sido todo un éxito para EE. UU., porque con ella se concretó la dependencia de los gobiernos en los países pertenecientes al sur del río Bravo.

Ésta hace posible entender el triunfo de la “mano dura” de Nayib Bukele sobre El Salvador y la reelección de Luis Abinader en República Dominicana, que resulta favorito con más del 50 por ciento.

Sin embargo, la incertidumbre prevalece en el resto de los países donde habrá comicios, que además es alimentada por los medios corporativos con su desinformación sobre los problemas de seguridad internos, la pugna comercial entre EE. UU. y China, la guerra híbrida de Occidente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania contra Rusia y la invasión militar de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania.

Ese contexto confirma que la geopolítica también va a las urnas.

2023-2024: el zigzag

Una mirada objetiva a los recientes gobiernos electos en nuestra región confirma el acuerdo tácito con EE. UU. y su alejamiento de las vertientes antihegemónicas. Salvo excepciones como Nicaragua y Cuba, la geopolítica electoral muestra un desplazamiento del progresismo hacia el centrismo y la extrema derecha con expresiones populistas.

Todo ello se ha traducido en debilitamiento de regímenes incapaces de asentar la gobernabilidad y seguridad ciudadana, en un ámbito de tendiente descrédito hacia los políticos y sus partidos. Entre 2015 y 2023, los Estados latinoamericanos con mayor población tuvieron elecciones.

En 2024 ya se han producido sorpresas en elecciones presidenciales, legislativas y municipales. En enero, Paraguay se alejó de la tendencia regional de voto adverso a los partidos en el poder; y el Partido Colorado lo retuvo por séptima ocasión (de ocho) desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner (1983), con lo que el sistema político paraguayo luce muy singular.

Fue notoria la movilización de las bases tradicionales del Partido Colorado, que se mostró muy disciplinado frente a la oposición dividida, que optó por el joven economista Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes; y además logró una cómoda mayoría legislativa.

El 14 de enero, Bernardo Arévalo asumió la Presidencia de Guatemala después de haber sido un candidato apenas visible e imponerse en una segunda vuelta con la que superó el bloqueo de la clase política permanente hasta entonces en el poder y a la que infligió una gran derrota. La ciudadanía, cansada de la vieja política, optó por la movilización social con apoyo internacional para sostener la postulación de Arévalo, quien enfrentará múltiples retos en su gestión.

El 21 de abril se realizó el referéndum constitucional y consulta popular en Ecuador, promovidos por el presidente en funciones, Daniel Noboa. Las 11 preguntas que el electorado respondió con “Sí” o “No” estaban destinadas a legitimar su gestión.

Noboa ingresó a la política para terminar la gestión de Guillermo Lasso, quien provocó una grave crisis política al disolver el Parlamento, que lo había acusado de tolerar un caso de corrupción. Con el triunfo del referéndum, Noboa se perfila como candidato para la elección presidencial en febrero del próximo año y el periodo 2025-2029.

El cinco de mayo ganó la presidencia de Panamá el abogado opositor José Raúl Mulino –exministro de Gobierno y Justicia durante la presidencia de Gabriel Martinelli, hoy inhabilitado 10 años por lavado de capitales– quien prometió “cerrar la selva del Darién” de donde expulsó a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Centroamérica (FARC).

También ofreció recuperar la bonanza económica de su país, muy dependiente del comercio internacional a través del canal interoceánico, que por causas ambientales ha dejado de ser eficaz en años recientes. En la elección también pesaron los polémicos contratos mineros otorgados por Martinelli a las empresas trasnacionales.

El 19 de mayo se reeligió el empresario y político dominicano Luis Rodolfo Abinader, calificado como el funcionario público más rico de su país por analistas, ya que posee un patrimonio neto de 70 millones de dólares (mdd) derivado del conglomerado familiar turístico, inmobiliario y de la construcción.

El triunfo de Abinader, quien sostiene que no es ni de derecha ni de izquierda, sino de centro, prometió impulsar a los sectores público y privado, propuesta contradictoria desde la perspectiva ideológica, pero que refrenda sus vínculos con el imperialismo gringo.

Lo que viene

Uruguay celebrará elecciones en octubre. El Frente Amplio, coalición de izquierda, aparece con buena posibilidad de recuperar el poder ante el neoliberal Luis Lacalle Pou, ahora impedido constitucionalmente para reelegirse.

Habrá también elección presidencial en Venezuela. Después de una negociación con EE. UU., debido a la falta de energía generada por la crisis bélica en Ucrania, el presidente Nicolás Maduro reabrió el diálogo político con la oposición de derecha a cambio de que se levanten las sanciones comerciales contra su país.

Es casi seguro que la oposición no reconozca su legitimidad, como en 2018 y tras más de una década establecida en la presidencia con el apoyo de la mayoría de los electores de Venezuela. La violenta derecha venezolana ha adoptado una estrategia infalible para desacreditar todo intento de gobernabilidad: o no participa en la elección o descalifica el triunfo de Maduro hacia el exterior.

Hoy, la duda radica en el futuro de María Corina Machado, la polémica candidata opositora surgida en las elecciones primarias, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. De celebrarse la elección, habría que considerar si los seis millones de venezolanos que han emigrado en años recientes tendrán acceso al voto.

Lecciones

América Latina presencia el ascenso de corrientes políticas identificadas con la derecha, como una corriente ideológica de múltiples variables entre los intelectuales y personalidades políticas, las cuales se definen por sus principales protagonistas; ya que, desde luego, no son lo mismo Donald Trump que Jair Bolsonaro, Javier Milei y Nayib Bukele, cuyo alter ego es la italiana Giorgia Meloni.

Además, hoy, en el electorado latinoamericano –como en todo el mundo– ya no es mayoritariamente de izquierda ni de derecha, sino “biconceptual”, como lo define el politólogo George Lakoff, quien afirma que el pragmatismo lleva a muchos electores a posicionarse unas veces en la derecha y otras en la izquierda.

En Argentina, como en Ecuador, las nuevas derechas son más radicales que las históricas, como el uribismo colombiano. Los seguidores de la derecha únicamente coinciden en el ajuste del gasto público, la reducción de programas sociales, la desinversión en salud y educación, el abandono al empleo público y más recortes o restricciones para las pensiones.

También concuerdan con más subsidios para el empresariado, en las privatizaciones, excepto Bukele. Su visión general radica en desmantelar el Estado de bienestar construido por los gobiernos progresistas desde el inicio del Siglo XX. 

El Estado ya no dirige la economía ni en los sectores estratégicos (banca, energía e infraestructura); se privatizan las instituciones estatales; se reducen las cargas tributarias a empresas y éstas se traspasan a los ciudadanos.

Finalmente, coinciden en el proteccionismo como un modelo globalizador de libre mercado. Cabe recordar que, durante los años 90, fue alentado por el Consenso de Washington, cuando la derecha latinoamericana se distanció de sus homólogos europeos.

El proteccionismo y el libre comercio estadounidense reforzaron la concepción vigente desde 1942 que sitúa a los países hacia el sur del río Bravo como “colonias” proveedoras de materias primas y consumidoras de bienes importados desde el norte. Lamentablemente, las boletas que millones de latinoamericanos depositen en las urnas a lo largo de este 2024 no llevan explícita la inscripción de que “con su emisión, podría definirse la extinción del capitalismo expoliador en nuestro subcontinente”.