Pronto se sabrá quién será el nuevo Presidente o Presidenta de la República. Escribo antes del día de las elecciones y esto no es parte de ninguna campaña proselitista, creo, por tanto, que es mi deber dirigirme a las autoridades responsables para demandarles que la jornada electoral transcurra en paz a todos los niveles y en todas partes, hasta en la más pequeña de las localidades en donde se instale una urna, que no haya siquiera un empujón a nadie y que ninguna elección tenga que ir a parar a ningún tribunal para que la resuelva, que se vote, que se cierre la casilla, que se cuenten los votos y que los votos cuenten.

Ha habido ya en el transcurso de las campañas políticas, una cantidad histórica de aspirantes y candidatos asesinados, heridos o balaceados, “más de 750 ataques políticos”, tituló El Universal. Hay elementos para pensar que tienen razón quienes sostienen que la democracia occidental está en crisis. En el propio modelo de la democracia mundial, en Estados Unidos, en las elecciones pasadas una multitud inconforme invadió el edificio del congreso y ahora una parte fundamental de la disputa electoral se libra con el más fuerte candidato opositor sentado frente a un jurado que lo juzga por supuestos o reales pagos a una prostituta. Como quiera que sea, la bancarrota de la política no es más que una expresión de la bancarrota del modo de producción.

Con ese modo de producción tendrán que seguir lidiando todos los trabajadores y los pobres de este país, gane quien gane. Ha cobrado fama de verdad aquello de que uno es el candidato, otro es el funcionario y no sólo porque el poder transforma la personalidad de los individuos, lo cual es absolutamente cierto, sino porque los nuevos gobernantes de todos los niveles y todos los partidos llegarán a ejercer sus funciones con los recursos y con los problemas que les dejan los que terminan su encargo y, sobre todo, llegarán con un compromiso superior e inviolable, operar para unos cuantos como celosos guardianes de la obtención de la máxima ganancia.

Hay un importante déficit en el presupuesto del Gobierno Federal. Como si un trabajador ganara el salario mínimo de 249 pesos y gastara 275 pesos diarios. ¿Cómo le hace? Pues pidiendo prestado a un su compadre o sacando unos ahorrillos que pudiera tener. ¿Y cuánto puede aguantar así? ¿Y cuánto puede aguantar el compadre y el cochinito de los ahorros (que los expertos llaman “fondo de estabilización” y que pasó de 280 mil millones en 2018 a sólo 40 mil millones en la actualidad)? No mucho. Valga la comparación porque la áspera verdad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado gastando más de lo que le ingresa por los impuestos de los mexicanos y la deuda del país ha estado creciendo y tiene que pagarse sin excusa ni pretexto a los poderosos acreedores. En efecto, el presupuesto total habrá crecido 28.1 por ciento, de 2018 al término de 2024 (sin la inflación), los ingresos presupuestarios aumentarán apenas 14.5 por ciento y, por tanto, la deuda se habrá disparado 158.5 por ciento. Muy grave.

¿Qué hacer? Aumentar ingresos y disminuir gastos. Se dice fácil y rápido, pero, ¿cómo aumentar los ingresos del gobierno? ¿Aumentando lo que pagan como impuestos los hombres más acaudalados del país? No, por supuesto que no, de ninguna manera, los nuevos gobernantes no se atreverán a tocar esas riquezas. En este sentido –y en el de los servicios médicos– México no será como Dinamarca (que cobra muy altos impuestos a los más ricos), aquí se pondrá o se aumentará la carga tributaria a los que menos ganan, a los trabajadores y a los pequeños comerciantes, en una palabra, a los que menos se defienden.

Para hacer pagar más a los trabajadores y, al mismo tiempo, tratar de evitar que se molesten con el Gobierno Federal, los expertos del sistema de la máxima ganancia, ya están hablando de que los municipios aumenten el cobro del impuesto predial, el pago por la propiedad de los terrenitos o casitas que hayan llegado a tener en propiedad los millones de pobres que existen en el país. Eso significa ni más ni menos que, si quieren llegar a tener el servicio de agua, drenaje, pavimento, recolección de basura o algún otro en la colonia en la que viven, siempre y cuando el gobernante no le brinde más atención a las colonias o negocios de los más acomodados, tienen que pagarle al municipio por esos servicios en forma de impuesto predial. Más sacadera de dinero a los pobres y menos servicios públicos para ellos.

También los pequeños comerciantes serán víctimas de que los nuevos gobernantes, como los anteriores, no quieran incomodar a las clases ricas y poderosas con pagos de impuestos sobre sus fabulosos ingresos. La inmensa mayoría de esos pequeños comerciantes forman parte de lo que se ha dado en llamar “empleo informal”, denominación tramposa que usan los oligarcas, el gobierno y sus teóricos, para esconder que el sistema explotador no tiene capacidad para explotar a todos los trabajadores y los abandona a su suerte. Toda esa gente se tiene que ganar la vida como puede, vendiendo cualquier cosa, haciendo mandados o limpiando parabrisas. Pues bien, ya se está urdiendo la forma de cobrarles impuestos, de “regularizar”, se dice, a todos los que están en el “empleo informal”, que son 32 millones de mexicanos, nada menos que casi el 60 por ciento de la población económicamente activa. Aclaro que la lista de nuevos cobros de impuestos no queda agotada con lo dicho; habrá, igual que en sexenios anteriores y desde hace muchos años, todo un abanico de aumentos, verdaderos hachazos a los magros recursos de la clase trabajadora. Eso en cuanto al aumento de los ingresos del Estado.

¿Y en cuanto a la disminución de los gastos? Se disminuirán más todavía en todo lo que sean obras y servicios para las clases laborantes. No olvidemos ni por un momento que estamos y seguiremos hundidos en un régimen neoliberal en el que se preconiza que tendrá servicios públicos el que pague por ellos. Nada gratuito financiado con los impuestos. La privatización está en marcha desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari y no se ha detenido ni frenado. Del año 2018 al año 2024, la mayor parte de los recursos se destinó al financiamiento de 15 programas y nueve proyectos presidenciales definidos como prioritarios pero que la gente conoce como faraónicos, mientras que 16 ramos o secretarías redujeron su presupuesto,

Obligada conclusión: Si el amigo lector o la respetable amiga lectora pertenece a la inmensa clase social que vive de su trabajo, que se levanta cuando está oscuro, alista como puede a sus hijos para que vayan a la escuela, sale corriendo, toma un transporte infernal, viaja una o dos horas, sufre una jornada extenuante estrechamente vigilado para que no pierda ni un minuto, llega de noche a casa y casi se le sale el corazón por mil preocupaciones pensando qué habrá sido de los chiquitos que pasaron el día solos. Si es usted de éstos y no quiere que alguna vez que pueda vaya con sus vecinos –como dice la Constitución– a “hacer una petición o presentar una protesta por algún a acto a alguna autoridad”, ejerciendo un derecho elemental que también está en nuestra Constitución y que dice que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición” y le contesten que el señor está en una junta, que regrese usted en una semana o, si bien le va, lo recibe un empleado menor y le avienta en la cara que su petición no está programada y que no hay recursos, si no quiere, digo, que esto le suceda una y otra vez, toda la vida, organícese y luche. Los tiempos así lo reclaman. Eso hacemos en el Movimiento Antorchista. Será usted uno más de nuestros entrañables compañeros. Verá que sí.