Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
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La tarde de este lunes 20 de abril, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reportó una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, el saldo que hasta el momento es de seis heridos y dos personas fallecidas, incluido el presunto agresor.
De acuerdo con la tarjeta informativa de la SSEM, de las seis personas heridas, cuatro fueron por las detonaciones de arma de fuego y dos más por caída, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para brindarles atención médica.
Según los reportes, un hombre realizó una serie de disparos en la Pirámide de la Luna contra los turistas, lo que provocó el pánico entre los visitantes y trabajadores del sitio, quienes intentaron resguardarse o huir del lugar.
Reportes locales refieren la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense y de más personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas.
Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad estatal, el Grupo Relámpagos, Protección Civil, la Cruz Roja y Protección Civil, quienes implementaron un operativo de seguridad y acordonaron el área para atender a los lesionados y controlar la situación.
Cabe destacar que la seguridad en los sitios arqueológicos del país está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Guardia Nacional. En casos de emergencia, como el registrado este lunes, se activa el Protocolo de Gestión de Riesgos del INAH, el cual contempla el cierre inmediato de accesos y la evacuación de visitantes hacia zonas seguras previamente definidas.
Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
Integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a televisoras y periódicos nacionales para denunciar que el Gobierno del Estado de México no ha atendido un pliego con 369 demandas de 105 municipios, entre ellas agua potable, salud, educación, infraestructura y apoyos al campo.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
Una joven de 19 años fue localizada sin vida en una vivienda de Culiacán; el Gobierno federal envió un nuevo contingente militar tras la jornada violenta registrada en la entidad.
Artesanos y guías turísticos denuncian que el CATVI obliga a los visitantes a recorrer cerca de un kilómetro para ingresar a la zona arqueológica, lo que ha reducido la afluencia de clientes y provocado una fuerte caída en sus ingresos.
Si el gobierno no puede cambiar las causas económicas del caos vial, entonces, la ZMVM está condenada al colapso.
El exceso de vehículos automotores en el Valle de México y la capital resulta costoso para la población en todos los ámbitos.
Un estudio de México Unido Contra la Delincuencia advierte que las Fuerzas Armadas consolidaron un modelo de poder económico con presupuestos históricos, fideicomisos y control de funciones civiles, en un contexto de menor transparencia.
Artesanos, comerciantes y guías acusaron que las nuevas medidas en la zona arqueológica privilegian intereses turísticos y desplazan a trabajadores mayas que dependen del sitio para subsistir.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.