El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales, que pudo haber cubierto los daños por sequía atípica extrema, eliminó el Seguro Agrícola Catastrófico y otros programas similares, pero recortó además el 40 por ciento todos los apoyos al campo.

La producción agropecuaria de Chihuahua agoniza por la falta de lluvia y la desesperanza de los campesinos se advierte tanto en sus rostros como en uno de los primeros indicadores del desastre: la pérdida casi total de los cultivos de frijol de temporal, que es el más importante desde el punto de vista comercial, además de la avena forrajera, el maíz y la papa.

Estos dos productos agrícolas son, además, el sustento básico de la economía de autoconsumo de las familias indígenas de la Sierra Tarahumara, donde se augura una inevitable hambruna. Es decir, tanto el autoconsumo como el mercado agropecuario en Chihuahua ya se desplomaron al mero fondo y se prevé, asimismo, que la carne de bovino aumentará 66 por ciento en las próximas semanas.

Esta misma dinámica comercial se observa en el caso del frijol, que en algunas ciudades se incrementó de 28 pesos el kilo, en marzo, a 48 pesos a finales de octubre, debido a su ausencia casi total en el mercado. En adelante, comer frijol será un lujo, pues se prevé que su precio llegará a 60 pesos kilogramo en los meses de invierno.

La sequía ha causado daños irreversibles, porque la onda cálida no dejó desarrollarse a las plantas. El panorama es desolador porque ante la falta de lluvias se desvaneció la esperanza de los agricultores de que lloviera en septiembre o en octubre para levantar el forraje que generan las subdesarrolladas plantas de frijol y maíz para alimentar a su ganado.

Dice el refrán: “Aguas de mayo, ni maiz pa´l caballo; lluvias de abril, mazorcas de a mil”, en alusión a un ciclo ideal de precipitaciones. Sin embargo, la lluvia abandonó al campo chihuahuense y a ese abandono se sumó el Gobierno Federal, ya que ahora no existen programas para el campo destinados a enfrentar esta situación. La sequía que hoy azota a Chihuahua está catalogada como la peor desde 1951, pese a que, por naturaleza, es una zona árida con años secos.

Sin embargo, desde hace más de medio siglo, ningún año fue como éste, y en septiembre, habitualmente el mes más lluvioso en Chihuahua, solo hubo alrededor de cinco días de buenas lluvias procedentes de la humedad remanente, que trajeron los huracanes devastadores sobre Nuevo León y Tamaulipas.

“Los productores de temporal nos la rifamos con el clima”, sostuvo Eloy Loya, agricultor de Nuevo Palomas, en el municipio de Santa Isabel, quien con los productores de la región insistieron en “rascarle” a la tierra hasta que se les acabaron la temporada y las esperanzas. En Chihuahua, el promedio anual de lluvia, contabilizado hasta el 30 de agosto, fue de 197 milímetros; pero en Santa Isabel alcanzó solo 120 milímetros, una zona con vocación frijolera donde, para que se desarrolle la mata de frijol, se requiere de un mínimo de 480 milímetros de lluvia.

El estado cuenta con una superficie de 447 mil 908 hectáreas (ha) en su sector de temporal, donde los principales cultivos son maíz, avena, frijol y sorgo forrajero. Los agricultores aprovecharon la humedad de julio y sembraron más de 80 mil ha de frijol, pero el impacto fue tremendo y las pérdidas fueron del 100 por ciento.

La sequía y la extinción del Fonden

En un documento difundido el pasado 19 de agosto, el gobierno estatal de Chihuahua solicitó a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que corroborara la ocurrencia de sequía en 52 de los 67 municipios de la entidad para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y resarcirse de los daños catastróficos en la agricultura y ganadería en la entidad.

Todavía no ocurría el mortal golpe que asestaron los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a los 109 fideicomisos públicos de interés social que amparaban actividades productivas, educativas, de investigación científica, académica y social, desarrollo comunitario y, en este caso, el fideicomiso del Fonden, que desapareció en la vorágine del acaparamiento de recursos a costa del interés ciudadano.

La solicitud fue presentada por la Secretaría General de Gobierno, sustentada con el documento denominado Informe Sobre la Sequía en el Estado de Chihuahua 2020, que incluye los datos del monitoreo de sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este informe demuestra que 52 de los 67 municipios de la entidad sufrieron condiciones de sequedad con los datos siguientes:

1.- En 12 municipios se presentaron condiciones de anormalidad en las lluvias de enero a julio.

2.- Diez municipios padecieron condiciones anormalmente secas en el periodo marzo-julio.

3.- Diez municipios sufrieron sequía en el periodo de abril-julio.

4.- Once municipios presentaron condiciones de sequía durante junio y julio.

5.- Nueve municipios fueron agobiados por la sequía a partir de la segunda quincena del mes de junio y durante julio.

6.- Únicamente 15 municipios de la entidad no presentaron condiciones de sequía en el periodo enero-julio.

7.- Durante el lapso enero-julio (siete meses) la precipitación registrada en el estado fue de 165.3 milímetros (mm).

8.- Junio de 2020 tuvo el registro de 19.5 mm de lluvia, considerado el mes más bajo en precipitaciones durante el mismo periodo en los últimos seis años.

9.- Julio de 2020 registró 82.8 mm de lluvia, como el segundo más bajo en el mismo periodo durante los últimos seis años.

10.- En la primera quincena de agosto hubo ausencia total de lluvias.

11.- Se presentó calor intenso durante el verano con temperaturas por arriba de los 33 grados centígrados.

“Aunado a las lluvias escasas, se tiene un almacenamiento bajo en las presas de Chihuahua, lo que amenaza el siguiente ciclo agrícola. En Chihuahua se tiene una superficie sembrada anual de un millón 35 mil 726 ha, de las cuales 587 mil 818 son de riego y 447 mil 908 son de temporal. La falta de lluvias y la limitada cantidad de agua en las presas, afectará la producción de forrajes, que representa un importante complemento alimenticio para el ganado de carne y lechero en la entidad.
Chihuahua tiene un hato ganadero bovino estimado en dos millones 563 mil 930 cabezas, mientras que de ganado lechero cuenta con 288 mil 830 cabezas”.

Por hambre, los indígenas migran a las ciudades

Año con año, las familias rarámuris migran a las ciudades del interior del estado para pasar la temporada de frío y sobrevivir a las condiciones de escasez en la Sierra Tarahumara. Se trata de quienes no alcanzaron a hacer acopio de maíz, frijol, calabaza, conservas de verduras y frutas para enfrentar el crudo invierno en las montañas. Generalmente hallan refugio con sus familiares que habitan en los centros urbanos y nada más llega la primavera, regresan a sus lares, preparan las tierras y sus cultivos.

Pero este año, la migración estacional se ha incrementado de forma significativa debido a la falta total de víveres en la región serrana, a las mayores inclemencias que se esperan para el próximo invierno, la violencia delictiva en varias poblaciones de la Sierra y la falta de empleo. La mayoría de estas personas proviene de los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas, Urique, Guazapares, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temósachi; llegan a la ciudad de Chihuahua, a Parral, Delicias, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez en busca de un trabajo, vivienda digna y seguridad.

De acuerdo con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), a la fecha, solo en la capital de Chihuahua se contabilizan nueve asentamientos, además de numerosas colonias que tienen un alto porcentaje de componente indígena. En Parral hay tres, en Cuauhtémoc uno (colonia Rayénari, El Sol) y en Ciudad Juárez, en la colonia
Tarahumara una, donde viven más de 300 personas de origen rarámuri.

Estos asentamientos son relativamente seguros para la conservación de su cultura, sus costumbres y la realización de los ritos que los identifican como pueblo prehispánico. En la víspera de la pandemia del Covid-19, se contabilizaban en Chihuahua-capital mil 211 rarámuris, con el asentamiento El Oasis, que alberga la mayor población con alrededor de 400 personas. La discriminación y la falta de empleo son los principales problemas a los que se enfrentan los rarámuris en las grandes ciudades.

En los tres asentamientos de Parral hay alrededor de 160 casas donde habitan hasta dos familias en cada una. Se trata de los albergues San Andrés, Los Carrizos y El Venadito, instalados desde hace 20 años por familias inmigrantes de las partes altas de la Sierra Tarahumara, que encuentran trabajo principalmente como pepenadores en ladrilleras y aserraderos.

Según Guillermo Negrete, quien fue gobernador fundador de Los Carrizos y también gobernador por más de 15 años en el albergue de San Andrés, la mayor parte de las familias asentadas en Parral se sostienen gracias a que, al menos, un integrante de cada familia consigue trabajo. La mayoría trabaja en la recolección de basura. El líder destacó que no reciben ningún apoyo de los gobiernos estatal ni municipal y que, como el colmo de la desatención oficial, desde hace años no acuden al DIF porque ahí les niegan sistemáticamente las despensas. Debido a esta situación desconocen si existe alguna otra ayuda, como la entrega de cobijas.

El trato que da a los rarámuris no es diferente al que el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), brinda a la mayoría de los pobres de México, pese a que desde su inicio y hasta la fecha se llena la boca cada vez que puede diciendo que defiende a las masas empobrecidas del país, como se escucha en su mentirosa cantilena “por el bien de todos, primero los pobres”, que no se refleja con acciones prácticas cotidianas para beneficio de los menos favorecidos. En la realidad sucede todo lo contrario.

Diversas organizaciones campesinas expusieron con tiempo su rechazo al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Campo 2021 y llamaron a los diputados de todas las fracciones parlamentarias a “trabajar unidos, sin distingos partidistas, por un presupuesto justo para el campo”. Destacaron que “en plena crisis sanitaria, el campo dio la cara por la economía nacional y en un trimestre (cuando) las actividades industriales y de servicios cayeron 26 y 16 por ciento, respectivamente, el sector primario solamente cayó dos por ciento”.

Estas exhortaciones y ruegos, con otros cientos más de observaciones y críticas en ese mismo sentido, cayeron como semillas en terreno estéril, porque la mayoría obradorista en la Cámara de Diputados optó por aprobar “enterito”, párrafo por párrafo, con todo y faltas de ortografía, el proyecto de Egresos que envió AMLO. Así, de manera servil y sin parar en mientes, con ello perjudicarán al pueblo productor de la riqueza social; el PEF 2021 se aprobó con sus criminales recortes a las actividades agropecuarias.

Desde diciembre de 2018, cuando se inició el periodo gubernamental de AMLO, el presupuesto para el campo ha sido recortado significativamente. De los 74 mil 476 millones de pesos (mdp) que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejerció ese año, el presupuesto cayó a 65 mil 435 mdp para su ejercicio de 2019. El recorte presupuestal se duplicó en 2020 al disminuir su presupuesto a 47 mil 577 mdp. Ahora, la propuesta de gasto agropecuario de 2021 es prácticamente la misma, con un total con 49 mil 291 mdp.

El presidente de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, Eduardo Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano (MC), reveló, a través del proyecto del PEF 2021 que el gobierno desaparecerá 17 programas fundamentales para el campo. “La estructura programática viene en ceros”. Esto afecta directamente a 3.5 millones de familias.

Los programas en proceso de extinción son Crédito a la Palabra, Fomento Ganadero, Capitalización Productiva Pecuaria, Trazabilidad Individual Ganadera, Estrategias para la Cadena Productiva, Sustentabilidad Pecuaria, Proyectos Estratégicos con Valor Agregado con Ventanilla Federal, Investigación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, Repoblamiento de Ganadero Infectado con TB, Repoblamiento de Abeja Reina, Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola, Fomento a la Ganadería y Normalización de los Productos Pecuarios, Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Sector Rural, Agroasemex, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Fondo de Capitalización e Inversión Rural y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura.

La catástrofe en Allende-López-Coronado

En el corredor Valle de Allende-López-Coronado, sobre la zona sur del estado, la prolongada sequía cumple ya 15 años y ha generado el sostenido abatimiento de los pozos para bombeo agrícola, el cual proveía de agua a las tierras de cultivo y el consumo humano de nueve núcleos agrarios, una colonia y el internado de la Escuela Secundaria Técnica de Salaices. En el municipio de López, los pozos se han ido abatiendo, y la presa Las Camelias, que ayuda a la recarga de mantos acuíferos de la región, no ha tenido almacenamiento, señaló Armando Cota Alvarado, del ejido Salaices.

En las tierras de este núcleo agrario se cultivan alfalfa, maíz, frijol y nogal, principalmente; pero el área de siembras y el volumen de cosechas disminuyeron por falta de agua para riego, a pesar de que 35 de los 73 ejidatarios tienen derechos de concesión de pozos. Casi todos ellos están abatidos porque, como Cota reveló en una entrevista para el El Sol de Parral, el agua está limitada a cinco horas diarias, incluso para su uso doméstico, y no sube a los tinacos de los hogares. “Es un problema fuerte y serio en Salaices, El Porvenir, Madero, Santana, Molina Enríquez y en el ejido El Moro”, se quejó el agricultor.

En ese corredor agrícola del sur de Chihuahua, que se completa con el municipio de Jiménez, el agua se surte del río Florido, afluente del Conchos y se extrae del subsuelo, porque el río ya no lleva agua superficial más que cuando llega a llover torrencialmente.

Por otra parte, el riego agrícola derivado de las presas La Boquilla y Las Vírgenes, en la región Centro-Sur del estado, las más productivas de la entidad, se pudo completar, de manera satisfactoria, durante el ciclo agrícola de este año, que terminó el último día de septiembre. Sin embargo, ante la extracción desmesurada de agua de las presas de Chihuahua para que el gobierno de AMLO cumpliera lacayunamente con el Tratado de 1944 firmado con Estados Unidos (EE. UU.) –utilizando la fuerza de las armas de la Guardia Nacional–, el Distrito de Riego 5 solo contará con el 40 por ciento del agua necesaria para el ciclo agrícola del próximo año, debido a la falta de lluvias y el agotamiento de las fuentes del río Conchos en la Sierra y sus afluentes. La superficie cultivable en esta región abarca a 11 municipios, afirmó la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Con base en la medición diaria de los almacenamientos de agua en las presas desarrollada por la Conagua, la AURECH calculó que, hasta el pasado 28 de septiembre, el volumen de agua almacenado en la presa La Boquilla era de 918 millones de metros cúbicos (mm³), equivalente al 31.7 por ciento de su capacidad total; en Las Vírgenes será de apenas 62.6 mm³, un mínimo histórico de apenas el 17.6 por ciento de su capacidad total, y en El Granero de 155 mm³, el 53 por ciento y del 42 por ciento de su capacidad útil para riego.

Salvador Alcántar consideró que, con el actual almacenamiento de las grandes presas, “el próximo ciclo agrícola significará para los agricultores un fracaso total, porque en el distrito 5 no se sembraría un solo metro cuadrado y en los distritos 113, 90 y otras unidades de riego, la escasa agua que pudieran obtener por filtraciones de la presa generaría un conflicto entre los agricultores. Además, se calculan pérdidas económicas por alrededor de 30 mil mdp y de miles empleos, los cuales no podrán generarse en esta región.

“Si hubiera agua en Chihuahua, los productores no tendrían problema; pero con la sequía, el ciclo agrícola 2021 no será posible”, afirmó por su parte René Almeida Ortega, secretario de Desarrollo Rural en Chihuahua, quien destacó que actualmente las presas ya no tienen agua para los requerimientos del ciclo agrícola del año próximo, por lo que la superficie de siembra se reducirá considerablemente y si a ello se suma la sequía brutal que se registra, la situación será aun más crítica: catastrófica.