A dos años de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expropiara una mina de litio para que el Estado mexicano lo industrializara, la empresa encargada de explotarlo (LitioMX) no ha producido un solo kilogramo de este potente mineral, útil para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

Además del fallido plan para construir una industria nacional de litio “de la noche a la mañana” −cuya explotación requiere grandes inversiones y periodos de extracción hasta de 10 y 15 años− México podría pagar una millonaria liquidación en dólares por compensaciones, intereses y gastos de arbitraje internacional, al corporativo chino Ganfeng International Trading.

Este diferendo comercial podría ser, también, el primero de muchos otros conflictos con inversionistas de países como Estados Unidos (EE. UU.), Canadá y Reino Unido, que operan en el sector minero mexicano y que eventualmente podrían ser afectados por la política “nacionalista” de los gobiernos de Morena.

La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que de continuar esta línea de acción gubernamental se perjudicarán aún más los ingresos del país, ya que las trasnacionales mineras emprenderían arbitrajes internacionales para defender sus intereses y exigir cuantiosas indemnizaciones en dólares.

Esta situación se produce en el marco de un enrarecido panorama externo provocado por los jaloneos económicos entre EE. UU. y China, así como las amenazas del actual presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones procedentes de México y Canadá y del 10 por ciento a los productos chinos.

A esta problemática se suma el déficit financiero del Gobierno Federal morenista que está buscando dinero hasta por debajo de las piedras porque sus ingresos fiscales son cuestionables −se niega a efectuar una reforma fiscal− y buena parte de su presupuesto se ha destinado a comprar votos mediante programas sociales. 

La empresa china Ganfeng se inconformó con el retiro de la concesión que el gobierno mexicano le había otorgado para explotar el yacimiento de litio en Bacadéhuachi, Sonora, el único situado en México y que contiene reservas certificadas internacionalmente que ascienden a 1.7 millones de toneladas.

El doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a buzos que la mina de Bacadéhuachi está completamente explorada y tiene las mayores posibilidades de generar litio.

Informó que el yacimiento fue reportado en 2018 por la compañía Bacanora Litihium, concesionaria inglesa desde 2012, que los chinos compraron en 2022: “es el único lugar de México donde se han certificado reservas”, destacó.

Hace siete años, cuando Bacanora anunció su existencia, la mina contenía 243.8 millones de toneladas de litio, que atrajo la atención internacional porque entonces era el principal yacimiento de este metal en el planeta.

Los chinos “hicieron muchísimos análisis de muestras tomadas, no sólo en superficie, sino también en profundidad, con los cuales una empresa mundial especializada otorgó la certificación de sus reservas”, detalló Ferrari.

El experto insistió en que, de acuerdo con los resultados de esos estudios, la mayor parte del yacimiento es roca y que de ésta se podrían extraer 1.7 millones de toneladas de litio. Por este hecho, el Servicio Geológico de EE. UU. coloca a México en el lugar 10 entre los países con mayores reservas de litio. En Latinoamérica, los líderes son Bolivia, con 21 millones, y Argentina con 19 millones; en tanto que el gran productor mundial de ese mineral es China, seguido por Australia.

Tesla y México 

Para Ganfeng, la ubicación del litio mexicano resulta muy benéfica para sus negocios porque es la principal proveedora de litio para las fábricas de baterías que abastecen a los de vehículos Tesla, la automotriz estadounidense propiedad de Elon Musk, el hombre más acaudalado del mundo.

Están localizadas en Reno, Nevada, y Fremont, California, entidades cercanas a la empresa mexicana, ubicada en Sonora. Además, Ganfeng tiene inversiones en Litihum Americas Corp, operadora de una mina de litio en Thacker Pass, Nevada, que provee a las fábricas de baterías destinadas a la armadora de Tesla en Austin, Texas.

Se supone que Trump sostiene la guerra comercial de su país contra los chinos; pero 10 días antes de su toma de posesión como presidente, el 20 de enero de 2025, su ahora colaborador gubernamental, Elon Musk, inauguró en Shanghai, China, su primera fábrica de baterías de litio fuera de EE. UU, justo a un lado de la armadora de autos eléctricos que, desde 2019 opera en esa ciudad.

Actualmente, Musk está a cargo de una oficina creada por Trump para reducir el tamaño y los gastos de su gobierno, algo así como una versión estadounidense de la demolición de instituciones públicas efectuadas por el gobierno de AMLO en México entre 2018 y 2024, sustentado en la “austeridad republicana”.

El multimillonario gringo proyecta fabricar baterías de litio y autos eléctricos Tesla en México en el área industrial de Santa Catarina, Nuevo León, cuya instalación se suspendió temporalmente a finales de 2024 para el desarrollo de las elecciones presidenciales estadounidenses del cinco de noviembre de 2024.

LitioMX empresa “de papel”

El 25 de septiembre de 2023, cuando AMLO aún era Presidente retiró nueve concesiones de exploración y explotación de litio al corporativo Ganfeng, entre éstas se hallaba la mina de Bacadéhuachi, el desarrollo más avanzado en el país y que serviría como base para concretar la empresa LitioMX (Litio para México).

Esta empresa fue creada el 23 de agosto de 2022; no es paraestatal, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque así se le promovió, sino un organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía (Sener).

Pero a la fecha, LitioMX no dispone de mineral ni de instalaciones propias o desarrollos mineros. Es decir, se halla en una situación similar a la refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Tabasco, que no ha producido ni siquiera  un litro de gasolina a pesar de haber sido inaugurada por lo menos en dos ocasiones.

Sus 14 empleados, cinco de base y nueve eventuales (por honorarios), utilizan un área burocrática en el edificio central de la Sener, sobre Avenida Insurgentes Sur 890, Colonia del Valle, Ciudad de México (CDMX).

Los 27.2 millones de pesos (mdp) asignados como presupuesto para 2024 y 2025 fueron destinados a su nómina y algunos gastos operativos. En 2022 y 2023 no tuvo asignaciones y fue hasta el año pasado cuando le dieron 14.3 mdp y 12.9 mdp para este año.

Los 14 empleados de LitioMX están encabezados por su director, Pablo Taddei Arriola, hijo de Jorge Taddei Bringas, “superdelegado” del Gobierno Federal en Sonora durante la administración de AMLO, quien designó también al “junior” el 31 de agosto de 2022. Es familiar de Guadalupe Taddei Zavala, titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y de otras personas también integradas a Morena y al gobierno, tanto Federal como del estado de Sonora.

“Estamos en un mundo que todos los días está cambiando en muchos sentidos, y lo que saca el gobierno son ocurrencias. Ése es el problema con la nacionalización, ni siquiera tienen litio ni dinero para explotarlo”, señaló a buzos David Shields, analista especializado en energía.

“Si el gobierno tiene cinco centavos, deberían invertirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en educación o en calles, y no en una nueva refinería o en la nacionalización del litio”, apuntó Shields.

Las decisiones de AMLO 

AMLO ordenó reformar la ley minera para retirar las licencias de extracción de litio otorgadas a empresas privadas; y fue publicada el 20 de abril de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vez aprobada la nueva versión de varios artículos, modificados improvisadamente por los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

La reforma se sustentó en el argumento de que la Constitución establece que el Estado es propietario de los bienes naturales del país y que, a partir de esa fecha, éste se encargaría de la explotación de las minas de litio mediante una empresa estatal (LitioMX) que formalmente no lo es.

En el caso de la mina sonorense, AMLO completó el proceso expropiatorio cuando, el 18 de febrero de 2023, publicó un decreto presidencial con el que se declaró la creación de una “zona de reserva minera de litio” de 234 mil 855 hectáreas en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, estado de Sonora. 

La inconformidad y la demanda de la compañía china se sustenta, a su vez, en el hecho de que México tiene firmados acuerdos económicos internacionales que lo comprometen a brindar seguridad jurídica y a no apropiarse de los bienes materiales y financieros de las empresas privadas de los países suscriptores.

La expropiación contra la firma china alertó, según Camimex, a las empresas mineras estadounidenses, de Canadá y Reino Unido que operan de acuerdo a tratados comerciales firmados por México.

AMLO difundió entre sus seguidores que no ejecutó una “nacionalización de litio” porque las empresas extranjeras no son las propietarias del mineral encontrado en el subsuelo de México, sino el Estado nacional establecido desde 1917 en el Artículo 27° de la Constitución. 

Sin embargo, la Carta Magna declara también que el Estado tiene la facultad exclusiva para concesionar a inversionistas privados la exploración y explotación de los bienes naturales subyacentes en territorio nacional. 

En respuesta a la cancelación de las concesiones, la firma china Ganfeng interpuso varios recursos legales en defensa de sus intereses; lo que propició que el propio AMLO, sus funcionarios públicos y los legisladores morenistas arguyeran que la reforma de 2022 cancelaba las concesiones nuevas y que las vigentes no serían afectadas.

Pero al año siguiente, el 18 de febrero de 2023, AMLO publicó el ya mencionado decreto presidencial con el que declaró la creación de la “zona de reserva minera de litio” en Sonora e incluyó los desarrollos mineros de Ganfeng. Medio año después, el 25 de septiembre, ordenó la cancelación de nueve concesiones al consorcio chino.

“Se suponía que la reforma a la Ley Minera no se aplicaría a las concesiones preexistentes, incluidas las de las filiales mexicanas. La posición de la compañía es que las concesiones del proyecto no pueden verse impactadas por estas reformas porque fueron otorgadas antes de la promulgación de la reforma”, adujo Ganfeng.

Tras recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y ante el Gobierno Federal −en particular la Sener− el corporativo Ganfeng International Trading −que opera en México bajo el nombre de Ganfeng Lithium y sus subsidiarias con las inversiones inglesas Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium Ltd− solicitó un arbitraje para la empresa del Estado el 24 de junio de 2024.

Lo interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, para denunciar violaciones a los tratados sobre inversiones mutuas firmados por México con la República Popular China en 2008 y con Reino Unido en 2006.

Argumentó que el derecho internacional privado establece que para que una expropiación sea considerada legal, debe cumplirse, entre otros requisitos, que la acción ejecutada no viole lo dispuesto en los tratados internacionales. 

Ganfeng exige al Gobierno Federal el pago de una compensación −cuya cantidad aún no ha sido definida− por violar los tratados suscritos con China y Reino Unido, el monto de los intereses y los gastos generados por el arbitraje internacional.

Un mes antes, en mayo de 2024, Bacanora Lithium y Sonora Lithium, habían interpuesto recursos ante el CIADI contra los cambios al mercado legal mexicano porque se habían efectuado para quitarles las concesiones mineras.

Pero desde que LitioMX se halla al frente de la “industria del litio”, no ha extraído, como ya se reportó líneas arriba, un solo kilogramo de este mineral y no cuenta con las inversiones ni con la tecnología avanzada para emprender sus trabajos.

Más conflictos en puerta 

Esta empresa fallida pertenece al conjunto de acciones de los gobiernos morenistas que, en palabras de la Camimex, han puesto en zozobra a los inversionistas nacionales y extranjeros del sector y terminarán por perjudicar más a las debilitadas finanzas del Estado y a la economía nacional en su conjunto.

De acuerdo con la Camimex, desde que AMLO asumió la Presidencia de la República, en diciembre en 2018, se suspendió el otorgamiento de concesiones mineras y las inversiones privadas en el sector; y se redujo de aproximadamente cinco mil millones de dólares (mdd) registrados de 2023 a 2024 a tres mil 800 mdd al inicio de 2025, la menor cifra en nueve años.

Con las reformas a la Ley Minera se modificaron también los requisitos para obtener y mantener vigentes las concesiones sectoriales; se ampliaron las causas por las que pueden ser canceladas, y se incrementaron los tipos de irregularidades y el monto de las multas.

El ocho de mayo de 2023, en el DOF se publicó otra reforma a la Ley Minera para que el Servicio Geológico Mexicano sea el único autorizado para buscar yacimientos minerales en territorio nacional; sean excluidas de esta tarea las empresas privadas; y para que las concesiones otorgadas a empresas particulares se otorguen mediante licitación pública.

A todo esto se sumará, en breve, un proyecto de reforma constitucional que el Congreso de la Unión aprobó en comisiones el 14 de agosto de 2024 para prohibir la minería a “cielo abierto” que, si bien es cierto que contamina el ambiente, es también la más recurrida por la compañías mineras nacionales y extranjeras destacadas.

Paradójicamente, al ponerse en práctica esta prohibición convertiría en ilegal la producción de litio, cobre, oro e incluso de cemento que precisamente se utilizan en buena parte de los procesos de la extracción minera.

A decir de la Camimex, 60 por ciento de la producción minera de mayor valor en el país recurre a prácticas industriales; y si se aprueba, esa reforma “tendrá consecuencias devastadoras para el desarrollo y la estabilidad económica de México”. El organismo de empresarios mineros asegura que la prohibición afectaría a más de 70 industrias, entre ellas, la cementera, cuyos productos se destinan a la construcción, la química, y la siderurgia, en la que se procesan múltiples minerales.

El retiro de concesiones a empresas extranjeras que extraen metales a “cielo abierto” chocaría con las inversiones cubiertas por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que, en 2020 −cuando AMLO era Presidente− ratificó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (TLCAN), suscrito en 1994.

Las firmas canadienses se dedican a explotar oro y las estadounidenses, cobre; entre éstas destaca el corporativo Américas Mining Corportación, que en el país opera como Minera México y se precia de ser líder mundial en la producción de este metal.