Los mexicanos enfrentan a diario la supervivencia a la realidad. El clima de violencia que existe es cada vez más preocupante y toma por víctimas a más y más estratos sociales.

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Ipsos (una de las empresas más grandes del mundo en investigación de mercado), las mayores preocupaciones en el país son la violencia y el crimen organizado, así como el desempleo y la inflación. El 55 por ciento de la población asegura que la inseguridad es la causa principal de su intranquilidad. A nivel global, la cifra es del 29 por ciento. Y, como dato, México está entre las economías donde la inseguridad genera mayores temores entre su población. Dentro de los países que integran la encuesta mencionada, el nuestro es de los que más cifras altas presenta (sólo es superado por Chile y Perú).

Desde 2018, México es gobernado por Andrés Manuel López Obrador, representante (y fundador) de Morena; partido que arrasó con el control del país posicionándose en gobernaturas, presidencias municipales, Cámara de Diputados, etc. Su política de seguridad de “abrazos y no balazos”, desde su presentación fue objeto de críticas y cuestionamientos que claramente fueron desestimados por su estado embrionario. 

Sin embargo, a prácticamente 5 años de ejecución, los resultados hablan por sí solos: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, 27.4% de los hogares en México tuvo, al menos, a uno de sus integrantes como víctima del delito. Esto significa que 21.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito.

Mientras que el reporte MX. La Guerra en Números, de T-ResearchMx, informa que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de junio de 2023 (tiempo que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador), las fiscalías estatales y federales registraron 156 mil 759 homicidios dolosos. Y en mayo de 2022 alcanzó la trágica cifra de más de 100 mil personas reconocidas como desaparecidas.

Además, en octubre pasado, 223 mujeres fueron asesinadas, sumando las 2 mil 171 víctimas hasta el mes pasado de este año de acuerdo con el informe Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En promedio, 7 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso al día en 2023, siendo marzo el más violento para ellas con 259 asesinatos.

Las condiciones de seguridad en el país son cada vez más delicadas. Los hechos obligan a las comunidades a tomar cartas en el asunto en vista de que el Gobierno Federal no tiene intenciones concretas de combatir al crimen organizado ni sus derivados. En Guerrero, por ejemplo, habitantes de la comunidad indígena “José Joaquín de Herrera”, del municipio de Ayahualtempa, presentaron a 15 niños y cinco niñas como parte de la Policía Comunitaria.

Los menores fueron presentados en una asamblea que llevaron a cabo los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los pueblos fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua. Los mandos comunitarios de la CRAC-PF afirman que únicamente los mayores de 15 años cuentan con la capacidad para organizar y defender su pueblo, sólo en los casos donde los demás integrantes salgan a hacer recorridos fuera de su localidad. Durante la asamblea, los menores de edad realizaron una demostración del adiestramiento tipo militar que reciben, desde marcha hasta posiciones de disparo, además, junto a los representantes de la CRAC-PF, mandos del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua tomaron protesta como integrantes de la autodefensa de esta localidad.

El desplazamiento forzado es también un fenómeno que crece dentro de la sociedad. El más reciente informe Episodios de desplazamiento forzado masivo en México, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), expone que en Michoacán los episodios de desplazamiento registrados afectaron a por lo menos 28 municipios y 82 localidades, “y fueron detonados por la violencia generada por grupos armados organizados, principalmente enfrentamientos entre grupos armados dedicados a actividades criminales como el narcotráfico”. Le siguen Chiapas, con 7 mil 117 personas desplazadas, y Zacatecas, con 3 mil 693.

Los mexicanos se ven obligados a tomar cartas en el asunto, porque su derecho a la seguridad les fue arrebatado desde que Morena llegó a dirigir el país. Es necesario que despierten, que vean quién es el culpable, quién detonó los males que los aquejan hoy en día. Pero, sobre todo, es necesario que vean quién tiene el poder de cambiar las cosas y no lo hace; quién reorienta el gasto público en megaobras y caprichos personales en lugar de invertirlo en mejorar la seguridad nacional, la educación, la salud. 

Este 2024 es un año importante, es un año electoral. Y todos los mexicanos tienen el deber de analizar y utilizar su voto para detener la masacre. Nuevas propuestas emanan el pueblo, como en Guerrero con el Partido Alianza Ciudadana (PAC), que nace de las colonias, de los pueblos de la montaña. Se trata de verdaderos representantes populares los que hoy les piden la confianza, para transformar su estado en uno más próspero, más seguro, más equitativo. Todos deberían replantearse cuál es su mejor opción y quién tiene la capacidad (intelectual y política), para transformar al país en uno mejor. 

Luchar, luchar y luchar todos los días por hacer de esta patria una mejor, esa es la tarea. Porque recuerden, es mejor morir luchando, que vivir de rodillas.