La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Foto: Lennin Domínguez
Familiares de las víctimas y damnificados por Línea 12 del Metro, denunciaron que las autoridades de procuración de justicia han obstaculizado el acceso a los supuestos informes de los peritajes realizados en la línea y avances de la carpeta de investigación.
En conferencia de prensa, abogados de las víctimas presentaron algunos videos donde un agente del Ministerio Público les niega el acceso al expediente, sin aportar ninguna una explicación válida.
Visiblemente molestos, los afectados de la tragedia criticaron el doble discurso de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheiunbaum y de la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, quienes han manifestado públicamente a los medios de comunicación de la existencia de los informes de los peritajes realizados a la línea 12 y en la carpeta de investigación número CI-FITLH/UAT-TLH-1/UI-1 S/D/00631/05-2021 no existe ningún informe, así lo ha dicho el agente investigador que se encarga de integrar dicha carpeta.
“Aunque en la realidad, las cosas son muy diferentes “, señaló Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni Hernández, fallecido en la caída de los vagones ya que se ha presentado en varias ocasiones a solicitar dichos informes y el Ministerio Público les ha mencionado que no existen en la carpeta y que las autoridades únicamente hacen referencia a opiniones públicas pero que no existen en la carpeta de investigación.
Dijeron que se sienten indefensos y traicionados porque la autoridad encargada de impartir justicia, se ha enredado en un laberinto jurídico que a todas luces favorece a los funcionarios y políticos involucrados en la construcción y mantenimiento de la también llamada Línea Dorada.
El abogado defensor de las víctimas de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez Granados, lamentó la actitud irresponsable de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, al anunciar los supuestos resultados de dichos informes y no existir en la carpeta como en múltiples ocasiones se los ha comentado por escrito el agente investigador y abandonar a su suerte a las víctimas de la desgracia.
Dijo que es preocupante la falta de apoyos para las personas que sufrieron algún daño físico, como consecuencia de la caída de los trenes, quienes han tenido que pagar de su bolsa las consultas, rehabilitaciones y medicamentos.
Añadió que ante la falta de resultados por parte de la empresa danesa, es predecible que en su próximo informe, saldrán bien librados los verdaderos responsables y de la misma manera les seguirá negando el ministerio público la existencia de los mismos en la carpeta de investigación.
Consideró que en 4 meses, el gobierno capitalino ha evadido su responsabilidad con los damnificados y sus familiares.
“Está más preocupada en cuidar sus ambiciones políticas, sobre todo ahora que el Presidente López Obrador la destapó como aspirante presidencial para 2024”, puntualizó.
"Nuestra labor será trabajar sin descanso hasta conseguir que se haga justicia a la gente que Sheimbaum dejó en total abandono", agregó.
Finalmente, Benítez Granados dio a conocer que el próximo viernes 3 de septiembre tendrán una Audiencia contra Determinaciones del Ministerio Público en el Reclusorio Sur, ante la evidente falta de información sobre el caso, que precisamente ese día cumplirá 4 meses.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Redacción