Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante.
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Sin temor a equivocarme, sostengo que somos la mayoría en este país los que deseamos que pronto se acabe la pesadilla política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y en esta mayoría están incluidos varios millones de mexicanos que votaron por Morena, pero que se han desencantado con las pifias de la 4T. Las razones son muy sencillas: México está ardiendo socialmente; se cae a pedazos día tras día; las crisis sanitaria y económica han rebasado al Gobierno Federal y a los de algunas entidades como Puebla, Veracruz y Chiapas. La población sufre los estragos de la pobreza y la marginación, la inseguridad pública, las deficiencias en el sistema educativo, y la pandemia.
En los dos años de gobierno de AMLO, el país se está cayendo a pedazos; se han registrado más de un millón 250 mil contagios y más de 115 mil muertos por Covid-19; con más de 70 mil víctimas mortales por la inseguridad pública y la violencia delictiva, y con decenas de millones de mexicanos a los que la crisis económica, el desempleo, el hambre o el abandono gubernamental han damnificado por su ineptitud y negligencia, como ocurre hoy con los cerca de un millón de afectados por las inundaciones en Tabasco.
La 4T, violando la Constitución, ha impuesto su voluntad al Poder Legislativo, obligándolo a aprobar leyes que atentan contra los derechos de críticos y opositores. Todo esto hace necesario formar un frente común.
Las circunstancias demandan a gritos un nuevo modelo económico, que impulse a México hacia adelante; uno donde los políticos que aspiren a puestos de representación popular, se comprometan en serio con este proyecto. Un modelo que produzca abundante riqueza, con un mercado competente y donde se realice una mejor distribución del ingreso.
Hace unos días se anunció la creación de una alianza partidista de oposición que sin duda resulta necesaria, pero a ésta habrá que exigirle que proponga una política económica como la que necesita México y que sus candidatos se comprometan con un nuevo modelo de país. En esta salida posible están empeñados hoy PAN, PRI y PRD, cuyos dirigentes acordaron postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados en la elección federal de 2021 y en algunos comicios estatales para elegir gobernadores, diputados locales y alcaldes.
Esta iniciativa opositora surgió como reacción a los nefastos resultados en los dos primeros años de la gestión morenista. La lucha contra la corrupción ha pasado de ser la principal bandera de AMLO durante su campaña a una consigna hueca en manos de un Presidente rodeado de escándalos de corrupción; mientras que otros grandes problemas nacionales –inseguridad, pobreza y desempleo– crecen sin control.
Recientemente, los promotores de la alianza partidista declararon que buscarán a los candidatos con las mejores trayectorias y aceptación entre las mayorías, y que definirán una “agenda del bien común para los mexicanos”. Todo esto parece bien, pero los ciudadanos debemos seguir de cerca los pasos de este proceso político para garantizar que sus actores persigan el objetivo común de promover el desarrollo igualitario del país.
Hoy se requiere una alianza progresista para rebasar por la izquierda a la 4T, cuyo gobierno ha traído tantos males a los mexicanos.
Antes de que AMLO llegara a Palacio Nacional, la situación ya era crítica; ninguno de los otros partidos ofreció soluciones de fondo a los problemas y Morena fue el que mejor expresó los anhelos de los electores.
Pero ya en el gobierno, Morena se ha dedicado destruir la economía nacional y los avances logrados en el proceso de democratización, al acentuar la desigualdad y aniquilar la tranquilidad social. Por eso urge una gran alianza, no solo partidista, sino social y ciudadana, en la que coincidan obreros, campesinos, clases medias, empresarios privados, banqueros, militares, intelectuales y, en fin, todo el pueblo mexicano, y que llame a no votar por Morena en 2021.
México ya no aguanta; por eso, la alianza entre las tres fuerzas partidistas ayudará a enfrentar a la 4T; pero en su frente común no deben olvidar la participación de las organizaciones sociales y el pueblo de México; pues de no hacerlo, se arrepentirán más adelante. Por el momento, querido lector, es todo.
Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante.
Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reforma, está hecha a modo y busca concentrar más poder y transformarse en una herramienta que ahorque más a los partidos políticos y, a mediano o largo plazo, convertirse en un partido único.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).