A una semana de haber rendido su Primer Informe el Presidente de la República, los comentarios y reflexiones acerca de los más relevantes aspectos continúan, y no para encomiarlos, sino para criticarlos y manifestar desacuerdo por no corresponder a los hechos –dicen unos–, por contener mentiras –dicen otros– o por las contradicciones de varios de sus más importantes capítulos con la realidad del periodo que abarca; en pocas palabras, por no concordar lo que se dice con los hechos.

Nuestro reporte especial contiene la cobertura al Primer Informe que el Presidente de la República debe rendir cada año al pueblo de México; analistas, politólogos y exlegisladores comparten con este medio su visión acerca de las contradicciones en el documento: la falta de congruencia entre la realidad y el contenido de cada capítulo.

No se podía esperar de un Presidente cuyo mandato será de seis años, que en su Primer Informe de Gobierno, después de apenas nueve meses de ejercicio, hubiera materializado todas las obras prometidas, todos los proyectos presentados a la población; y nadie le hubiera reprochado reportar solo algunos avances; sin embargo, el informe parece dar como hechos los mismos proyectos que se expresaron durante la campaña presidencial y fueron presentados como metas después de su triunfo y toma de posesión. Es contradictorio que en el Informe se repitan, punto por punto, estas promesas de campaña; y no resulta serio ni responsable insinuar siquiera que se incluyan como metas alcanzadas cuando la realidad muestra lo contrario.

Ejemplos de esta falta de correspondencia son la promesa de eliminar la corrupción en la administración pública y en el país en general, mucho más difícil que limpiar aquellos famosos establos de Augías, tarea que solo Hércules pudo realizar; crear 100 universidades públicas para atender la demanda de educación superior de millones de jóvenes, problema que ningún gobierno pudo resolver en muchas décadas; brindar salud pública al cien por ciento de la población; elevar el nivel de salario a la clase trabajadora hasta el punto de satisfacer las necesidades básicas de las familias proletarias; erradicar la pobreza extrema, la indigencia, como primer paso en el combate a la pobreza en general; sustituir el modelo económico existente, el neoliberalismo; recuperar el Estado de Derecho, algo que ningún gobierno reconoció antes que se hubiera perdido; y la separación del poder político del económico.

El Informe no se rindió ante el pueblo ni sus representantes, los miembros de la Cámara de Diputados, sino frente a un grupo selecto de personajes de la vieja clase política; el Presidente decidió no acudir personalmente a entregar su informe al Congreso de la Unión; y en el evento mediático montado en Palacio Nacional estuvieron presentes destacados elementos del poder económico, varios de los cuales ocupan cargos representativos en la administración Federal.

La atención de la salud para toda la población permanece como una deuda del Gobierno Federal y no puede incluirse como compromiso cumplido mientras en los hospitales públicos continúa el desabasto de medicamentos, equipo y la falta de personal médico; lo mismo se puede afirmar de muchos otros renglones donde se prometió una transformación que no ha comenzado, como la elevación del nivel salarial, alimentación, educación, ciencia y cultura; el Estado de Derecho no se ha restablecido, pues las leyes fueron atropelladas reiteradamente durante los primeros meses del sexenio; por ejemplo, se amplió anticonstitucionalmente el periodo del gobernador en Baja California; y el combate a la inseguridad y la violencia contrasta con un extraordinario aumento del número de crímenes sangrientos en el territorio nacional.

El gobierno actual comenzó su mandato el 1º de diciembre del año pasado (recibió el poder con bombo y platillo), lleva, pues, ejerciéndolo nueve meses completos; pero el primer informe oficial, entregado al Congreso de la Unión, abarca un periodo distinto, más corto, lo que representa una más de las múltiples contradicciones que hoy reseñamos.