La movilización se realizará el 9 de noviembre en Ciudad de México; los inconformes exigen un aumento salarial del 10 % y la destitución del secretario general del sindicato.

El acuerdo es ilegal y carece de fundamento jurídico.

La educación física ya no es materia específica, se ubica en un campo formativo con la evaluación subjetiva y poco mensurable, con competencias aisladas de un proceso de formación real.

A pesar de que el gobierno actual dice buscar un mayor reconocimiento de sus derechos, éstos viven con carencias en salud, educación y alimentación.

El Ejecutivo había prometido el acceso universal al sistema de salud, pero sólo era parte del discurso, sin destinar los recursos para alcanzar este fin.

El costo ambiental aparece cuando la producción obtiene agua a un ritmo que los ecosistemas no pueden sostener o devuelve contaminantes que otros deben enfrentar.

Más bien es la culminación de una falla estructural que se ha agravado durante los últimos años, marcada por decisiones políticas, problemas financieros y un modelo de distribución ineficiente.

Trabajadores de las 37 secciones del país convocaron a movilizarse este martes 13 de octubre en CDMX; exigen un aumento salarial de 10 por ciento, abasto de medicamentos y la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos.

En México vivimos una crisis estructural en el sistema de salud; el problema genera protestas en todo el país.

Las consecuencias más graves de la malnutrición ocurren a largo plazo.

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La competencia aislada no implica necesariamente un proceso de formación física sistemática para producir deportistas preparados.

Han pasado casi tres años y la situación del sistema de salud estatal ha empeorado.

Los quebrantos corresponden a pasivos del IMSS-Bienestar.

Exigen que los mil 658 millones de pesos previstos para el proyecto se destinen a necesidades de salud en la CDMX.