Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
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Para detectar posibles casos de trastornos mentales en menores y adolescentes, el PRI en el Congreso capitalino presentó una iniciativa que obligaría a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a aplicar un programa de visitas periódicas a los centros educativos, acompañados de especialistas en psicología.
Dado que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, la diputada Guadalupe Barrón Hernández explicó que su propuesta reforma la fracción XXVII del artículo 11 de la Ley de Salud de la Ciudad de México.
Con lo anterior, la Secretaría de Salud tendrá que planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas a niños y adolescentes en los centros educativos de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades respectivas.
Actualmente, según la priista, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y, citando al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), afirmó que los valores más altos en cuanto a suicidio se encontraron entre los 20 a 34 años, la tasa más alta fue la del grupo de 25 a 29 años, y siguió la del grupo de 30 a 34 años.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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El alcalde morenista, Janecarlo Lozano no recibe a los vecinos y argumenta que no es su problema.
Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
Aún permanecen 13 personas internadas; 5 en estado muy grave y 4 delicadas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera