El Relevamiento Inmobiliario de América Latina publicó un reporte sobre las ciudades más caras de la región, basados en el precio de la vivienda por metro cuadrado. En este reporte las tres ciudades mexicanas más grandes –Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara– están en el segundo, tercer y cuarto lugar, sólo por debajo de Montevideo, Uruguay. Según el reporte, la Ciudad de México está en segundo lugar con dos mil 948 dólares por metro cuadrado; Monterrey está en tercer lugar con dos mil 621 dólares y Guadalajara en cuarto con dos mil 535 dólares, en promedio. Ello mientras que el precio promedio de los departamentos por metro cuadrado, en toda la región de América Latina fue de dos mil 140 dólares al cierre del tercer trimestre del presente año.

El precio del departamento en las ciudades mexicanas rebasa el promedio de los de las ciudades de la región. Sin embargo, fue en este año que el precio aumentó hasta alcanzar esos niveles. En el caso de la Ciudad de México, el precio aumentó 16.5 por ciento respecto al del año pasado; en Monterrey, el aumento fue de 12.5 por ciento; y para Guadalajara dicho incremento fue de 10.2 por ciento.

Estos datos coinciden con el diagnóstico del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Este organismo trata de averiguar las causas de este vertiginoso aumento de los precios de la vivienda. En primer lugar, menciona que desde hace varios años se viene construyendo menos y menos vivienda. Además, del total de casas que se producen la mayor parte es vivienda cara, destinada a una demanda de altos ingresos. Por otro lado, los insumos de la construcción han subido de precio. La maquinaria aumentó 2.3 por ciento respecto del año pasado; los materiales, 3.4 por ciento; y la mano de obra, 8.9 por ciento. De forma paradójica, se encontró que los albañiles trabajan más horas, pero no reciben más pagos por hora.

Éste ha sido el resultado de la política de vivienda que se viene implementando desde 1990; una política enfocada sólo a los trabajadores formales, que es poco menos del 50 por ciento del total de la población ocupada. Tal política consiste en dar préstamos a los trabajadores con un ingreso seguro y que, por tanto, el pago del préstamo es “seguro”. El resto de los trabajadores no están contemplados en la política de vivienda del gobierno actual, ni del pasado. Sin embargo, para los trabajadores formales, la política de vivienda no es tampoco el mejor mecanismo para hacerse de una vivienda.

Únicamente los trabajadores formales que tengan un ingreso de 30 mil pesos o más –dos por ciento de los adultos– pueden pagar una vivienda. Los ingresos de los trabajadores siguen siendo insuficientes para costear todo lo que implica tener una vivienda. Veamos: 77 por ciento de la población ocupada gana menos de 13 mil pesos al mes; tan sólo 12 por ciento gana entre 13 mil y 18 mil; y cinco por ciento entre 18 mil y 30 mil.

La situación de la vivienda en México ha llegado a ser aberrante, el ingreso de los trabajadores no aumenta lo necesario para poder adquirir una vivienda, mientras que los precios de la misma aumentan sin parar, sin importar el derecho a la vivienda estipulado en el Artículo 4º Constitucional. El gobierno y las autoridades encargadas de resolver el problema no están por la labor de empezar a eliminar las barreras que han provocado la situación.